En Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Veracruz, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó “la persistencia de situaciones que pueden constituir factores de riesgo en materia de tortura o maltrato” contra migrantes.
La tortura y el maltrato se comprobó con visitas a las estaciones que acogen a migrantes en territorio nacional.
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Ciudad de México, 24 de julio (SinEmbargo).- En al menos cinco entidades se detectó “la persistencia de situaciones que pueden constituir factores de riesgo en materia de tortura o maltrato” contra los migrantes.
En un informe, dado a conocer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se constataron los casos en diversas Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales dependientes del Instituto Nacional de Migración (INM) en los estados de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Veracruz.
Los casos, documentados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), “resultan violatorios de los derechos fundamentales al trato humano y digno, a la legalidad y seguridad jurídica, a la protección de la salud y la integridad personal”.
La tortura y el maltrato se comprobó con visitas a las estaciones que acogen a los migrantes en México.
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Entre esas situaciones, de acuerdo a la CNDH, sobresalen “la falta de servicio médico, carencia de camas para dormir, instalaciones eléctricas inadecuadas, insuficiente iluminación y ventilación, falta de privacidad en la comunicación telefónica y restricción de visitas con personas del exterior, así como carencia de instalaciones para facilitar el acceso de las personas con discapacidad física”.
Además, profundizaron, hay “insuficiencia de suministro de medicamentos y material de curación; deficiencias en la certificación médica; carencia de alojamiento adecuado para niñas, niños y adolescentes en contexto de migración no acompañados, por el tiempo previo a su canalización al DIF; falta de servicios de traductores o intérpretes; insuficiencia de personal encargado de seguridad y vigilancia, y ausencia de capacitación y supervisión de los servidores públicos responsables de los establecimientos”.
