Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- México se ha convertido en un país donde reina la impunidad cuando se trata de accidentes ambientales por parte de empresas y que repercuten de manera indirecta o directa a la salud, economía y estilo de vida de las habitantes, coincidieron ambientalistas.

El derrame de casi 40 mil metros cúbicos de cobre y ácido sulfúrico detectado el 7 de agosto en la mina Buenavista del Cobre, subsidaria del Grupo México, que afectó a regiones cercanas del río Bacanuchi y río Sonora, es el caso más reciente de contaminación y desastre natural que ocurrido en México.

La organización no gubernamental Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) alertaron que hay un problema de incumplimiento de la ley en cuanto a prevención a nivel nacional, así como de implementar las sanciones que compensen el verdadero daño ambiental y social por los desastres que ocurren en el país.

“México ya es el paraíso de la contaminación desde hace muchos años, porque en la legislación ambiental ha habido avances, pero existen muchos huecos, muchos desafíos  que se tienen que enfrentar y uno de ellos es precisamente el tema de la prevención”, consideró Raúl Estrada, director de Comunicación de Medios Greenpeace México.

En México existe la Ley de la Responsabilidad Ambiental que entró en vigor el 7 de julio del 2013 y que establece la reparación de daños en caso de delitos cometidos contra el ambiente. Asimismo busca la protección, la preservación y abre la posibilidad de exigir procesos judiciales.

Aunque Greenpeace en su momento, comentó que el Artículo 1o fue redactado de último momento en la Cámara de Diputados. Fue una ley “que tardó mucho tiempo en gestarse y finalmente tuvo muchísimos cambios y muchas reticencias”, aseguró Estrada en entrevista para SinEmbargo.

Como en muchos otros casos que para el país y las autoridades quedaron atrás, para los sonorenses, el derrame en Cananea, no es asunto de olvido: es el desastre más grande que jamás haya ocurrido en el estado y que hasta ahora tiene consecuencias directas en al menos 22 mil ciudadanos.

Juan José Guerra Abud, Secretario del Medio Ambiente (Semarnat), confirmó la falta de inspección a las minas de Grupo México, propiedataria de  Buena Vista del Cobre, y dio a conocer que antes de finalizar agosto se informaría la sanción para la empresa liderada por Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, el tercer hombre más rico de México y el número 79 de todo el mundo.

Grupo México es también el responsable de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, el 19 de febrero del 2006 donde fallecieron 65 trabajadores. En el 2007, trabajadores de la mina de Cananea (ahora Buenavista del Cobre) denunciaron malas condiciones de trabajo, inseguridad en el lugar y hasta cinco supuestos derrames de químicos por filtraciones en los muros de contención.

Aunque no se conoce la cifra real de la sanción que la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa), Margarita Campuzano, directora del CEMDA aseguró que en general hace falta una revisión a la parte de las sanciones en estos casos que inhiba a las empresas a contaminar o a no tomar las medidas por falta de leyes lo suficientemente estrictas o porque no hay una supervisión.

“No compensan el daño ambiental, de salud, social, económico que una tragedia ambiental está ocasionando.  Lo que se necesita es revisar esas sanciones que se tienen consideradas en el marco legal para hacerlas mucho más estrictas y que no resulte un costo más benéfico, contaminar que remediar. Que las empresas no digan ‘ah, bueno, contamino porque la multa que tengo que pagar es muy baja’”, consideró Campuzano.

Además que también prevé un código ambiental para todo el país, a nivel federal que tuviera normas y sanciones más caras y más estrictas. “Y ya no dependería de cada estado y si les conviene hacerlo más laxo, para que llegue más inversión a costa de un daño ambiental”, explicó.

Por su parte, el vocero de Greenpeace consideró que las autoridades no actúan con mayor contundencia en estos casos porque existen muchos intereses económicos y políticos para ellos. “Una de las cosas que ocurre es que estos hechos y sus posibles daños o sus impactos, se tratan de minimizar”,  destacó.

Uno de los casos que ha permanecido abierto durante casi 15 años es el de la Minera San Xavier, en Cerro San Pedro, de San Luis Potosí, un área natural protegida, donde se instaló la subsidaria de New Gold, empresa canadiense y que se dedicó a la extracción de oro y plata. Actividad que costó la devastación de San Pedro, la ciudad fundadora del estado.

Greenpeace denunció que la explotación de minerales en esa zona provocó la emisión de cianuro y mercurio que dañaron la salud de la población. Asimismo refirió que existía complicidad entre la empresa y funcionarios del sector ambiental estatal y federal que no permitía el cierre definitivo de la minera.

El cerro de San Pedro desapareció después de la sobreexplotación de recursos y debido a los daños provocados por el uso de explosivos. En marzo de este año la Minera San Xavier SA de CV dio a conocer que comenzará apenas la primera etapa de su cierre gradual hasta principios del 2016 para la restauración de la zona .

DERRAMES PETROLEROS, OTRO MAL

Sin embargo, México se ve diario afectado por los constantes derrames petroleros pues ocurren 1.3 derrames por día en el país, según cifras del 2013 de Greenpeace. Tan sólo el último registrado ocurrió el pasado 17 de agosto, es decir a 10 días del incidente de Grupo México, pero este a 15 kilómetros de la refinería de Pemex “Ingeniero Héctor R. Lara Sosa” en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. El derrame provocó daños al río San Juan y a la presa El Cuchillo, pues ahí desemboca.

Tan sólo el 31 de diciembre del 2011, un oleoducto en las instalaciones de Pemex Refinación en Cosolocaque, Veracruz presentó, un derrame de mil 500 barriles que afectó a 3.5 hectáreas cercanas al río Coatzacoalcos. En el 2013, Greenpeace denunció que no había sanciones después de un año y que Pemex, así como la Profepa, seguían sin responder a los daños que se provocó.

Recientemente, la organización internacional ambientalista alertó que con la Reforma Energética el país enfrenta el riesgo de un nuevo derrame petrolero y el desastre ambiental en aguas mexicanas. La preocupación está latente por las empresas internacionales que podrían intervenir en estas actividades como Exxon o British Petroleum, la última responsable del derrame en el Golfo de México en 2010.

En México, más del 70 por ciento de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación, según cifras del 2011 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo cual provoca su carencia, a pesar que el acceso al agua sea un derecho constitucional.

Según un informe publicado por Greenpeace, los ríos más contaminados son el Atoyac que abarca a Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. El río Lerma, que va del Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Nayarit. Además que las descargas industriales generan 340 por ciento más que las aguas residuales municipales.

Por otro lado también está la responsabilidad de las industrias que generan el 42 por ciento de la contaminación en el aire de fuentes atropogénicas en el que el 34 por ciento es a causa de la combustión industrial de comestibles, seguido por los vehículos automotores con el 17 por ciento  y las plantas que generan electricidad con 12 por ciento. El 8 por ciento corresponde a las fuentes de amoniaco y el 6 por ciento a la manufactura y otros procesos industriales.

Según Raúl Estrada, en el país existen muchos confinamientos, basureros industriales, vertidos de sustancias que provocan filtraciones a mantos freáticos. A lo que alertó que muchas de las empresas que están instaladas en México y tienen sus corredores industriales, “tienen un doble estándar” cuando son empresas internacionales: es decir, que operan con estándares muy rígidos en otras regiones del mundo donde son sancionadas, pero aquí en México no.

El Director de Comunicación de Medios de Greenpeace consideró que en este caso tendría que haber una sanción mucho más fuerte, pero sobre todo con acciones, que sean contundentes, medibles, alcanzables y que realmente repercutan en atender a la población que podría estar afectada. “De esa misma manera que se analice qué es lo que está ocurriendo con otras regiones con esos mismos impactos que a lo mejor no han tenido una atención pública porque ya se convirtieron en algo cotidiano”, dijo.

SANCIONES

Hasta ahora, Grupo México fue castigado únicamente por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego que sus acciones registraran bajas de 3.08 por ciento en un día y desde el 12 de agosto, que la empresa emitió un comunicado sobre la crisis de la mina Buenavista del Cobre, sus acciones cayeron 4.51 por ciento.

México es un paraíso para la impunidad, consideró también Raúl Estrada. “Ese es el mensaje que se está mandando y no solamente desde esta administración, es un mensaje que se está mandando desde hace por lo menos 7 años”.

Así como Greenpeace emitió en un comunicado del 21 de agosto, “pareciera que México está de oferta para quien guste contaminar”. Desde la falta de regulación para los desechos industriales, la contaminación de aguas, sanciones a Pemex por derrames petroleros, a empresas mineras internacionales y nacionales. Aunque ambos voceros opinaron que el monto de la multa, tan sólo en el caso de Río Sonora y Grupo México, sería insuficiente.

“El asunto es el poner sobre la mesa el que se debata sobre cuál es la sanción económica que se tenga que aplicar a una empresa de esta naturaleza –refirió Estrada – tendría que ir mucho más allá de solamente el daño en la región en donde hubo el vertido, en este caso de Río Sonora que afecta a por lo menos 20 mil personas y a 7 municipios. La sanción cuando tú la ves en esa dimensión, resulta ridícula”.

Por otro lado, Margarita Campuzano consideró que se trata de la contaminación de un cuerpo de agua de gran importancia y que sí tiene consecuencias muy graves en muchos puntos de vista.

“Estás afectando un asentamiento humano no solamente en un corto plazo, sino quién sabe cuánto tiempo. No sabemos en cuánto tiempo esa agua volverá a ser potable. Son daños casi incuantificables que no puedes compensar con la multa que le vayas a poner” remató.

La vocera del CEMDA también criticó la falta de sanciones mucho más estrictas para este tipo de casos al explicar que no se ha valorado suficientemente el impacto en el medio ambiente; “si les estás poniendo sanciones bajas por contaminar, pues a ellos no les parece muy grave contaminar un cuerpo de agua”.

Asimismo, explicaron que el problema constante que ocurre en este tipo de situaciones de contaminación ambiental, se debe muchas veces a falta de prevención.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS

Tanto el CEMDA como Greenpeace advirtieron otra de las consecuencias que implican los desastres ambientales, que es la consecuencia económica.

Margarita Campuzano explicó que las empresas no se ponen a pensar en que las afectaciones en el medio ambiente no es un tema sólo de estética, sino también económico.

“Los recursos naturales tienen un valor económico, que si no los tratas con una visión de sustentabilidad, vas a generar pobreza, desastre económico. Una zona devastada, ya no va a ser productiva. Lo que hay que atender es que los recursos naturales tienen un valor económico, incluso superior a las ganancias que en el corto tiempo se pueden obtener por una actividad industrial”, explicó.

El vocero de Greenpeace coincidió al respecto y advirtió que “no se toma en cuenta que el medio ambiente es indispensable para cualquier toma de decisiones de tipo político, económico y social.  No se dan cuenta que al momento que tú alteras el medio ambiente, alteras el entorno y esto va a ser mucho más difícil de proveerte de necesidades básicas”.

Raúl Estrada se refirió de la misma forma sobre el tema en cuanto a sanciones “cuando vienen los desastres, pues es cuando empieza el aventadero de esta pelotita, para ver quién es el responsable, quién es el que le va a pedir a la empresa que cumpla con la remediación, cuántos van a ser los análisis que se realicen para medir el impacto real a una población, cuántos años va a tardar en remediarse y todo eso requiere una inversión económica que en el país no se toma en cuenta”.

¿Y LA SOCIEDAD?

Los procedimientos ambientales contemplan que una vez que la empresa o el proyecto presenta su solicitud de impacto ambiental, se somete durante un periodo a consulta pública y la gente puede revisar el documento para analizarlo.

“Obviamente todo esto no se sabe, no hay mucha información al respecto. A veces la gente no está informada de los derechos que tienen o no se involucra”, aclaró Margarita Campuzano sobre la participación de la ciudadanía en situaciones que los involucran a ellos de manera directa o indirecta.

Sin embargo reconoció que es un camino tortuoso, un camino largo y que debe haber mucha insistencia para combatir con la impunidad o salidas que se buscan para no cumplir con la ley.

Y afirmó que muchas veces se trata de un tema de educación, de conciencia, pero también de incentivos.

De igual forma, Estrada de Greenpeace explicó que mucha veces hay participación de la sociedad cuando la gente está directamente vinculado con el desastre ambiental, la gente se sensibiliza mucho más.

“Necesitamos ser una sociedad mucho más organizada, una sociedad en la que tengamos una preocupación de más largo plazo sobre lo que está ocurriendo con nuestros conciudadanos, porque todos estamos en el mismo riesgo de padecer estos impactos” este tipo de vertidos pueden ocurrir en cualquier otro lugar del país. Es un problema común que nos afecta a todos”, evidenció.