La privatización de las cárceles en el país, que inició en el Gobierno de Felipe Calderón, no es la solución para la crisis que se vive en los reclusorios de México. Defensores de los derechos humanos  y organizaciones alertan sobre el empeoramiento de la situación si se deja en manos de particulares la responsabilidad de construir y administrar los penales.

Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).- El Estado mexicano decidió promover la inversión privada en el sistema penitenciario como solución a la grave crisis que generan la sobre población, los casos de autogobierno y los incidentes de tortura en los penales. Pero especialistas en derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil señalan que esta estrategia sólo incrementaría la inseguridad dentro de los reclusorios y las violaciones a derechos humanos, y además reduciría la calidad de los servicios para los internos.

En 2010, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció en su cuarto Informe de Gobierno la construcción de las primeras cárceles bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP). La justificación del gobierno para implementar el esquema fue que, de esa manera, el sector penitenciario tendría más recursos para brindar mejores condiciones a los detenidos.

En ese mismo año, México otorgó ocho contratos para la construcción y concesión de los Centros Federales de Reinserción Social, bajo la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios. Todos fueron atribuidos a las empresas involucradas por adjudicación directa, sin que hasta la fecha se conozcan los criterios de evaluación y selección de los proyectos.

Este hecho, unido a la certeza de que las empresas tienden a buscar los medios para maximizar sus ganancias, ha provocado que organizaciones como Documenta A.C., Fundación para el Debido Proceso, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla, el Instituto de Justicia Procesal Penal, Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur, y México Evalúa, cuestionen la efectividad de las medidas implementadas por el gobierno de Calderón, y prolongadas durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con un informe difundido por estas organizaciones, lo que el Gobierno mexicano haría es ceder  “la conducción de las políticas y responsabilidades estatales en materia de ejecución penal y su trascendencia para la vida de miles de personas”.

Según ellos, el Estado ha mantenido un argumento de escasez de presupuesto para defender la participación de algunas empresas que ni siquiera tienen experiencia en cuestiones penitenciarias pero que han obtenido beneficios importantes de la obra pública.

El informe señala que hay evidencia para demostrar que el Gobierno tiene el presupuesto suficiente para mantener las prisiones sin tener que vincularse con el sector privado. De hecho, aseguran, ha existido un subejercicio de los recursos asignados por alrededor de 40 por ciento del presupuesto.

Maïssa Hubert Chakour, vocera de la organización Documenta A.C., señaló en entrevista para SinEmbargo, que hay informes de la Auditoria Superior de la Federación que revelan que no todo el presupuesto asignado al sistema penitenciario en los últimos años se ha gastado, por lo que es viable seguir sin ayuda de la iniciativa privada.

Esta afirmación, declaró Chakour, no implica que México tenga recursos para construir más penales, lo cual, incluso, no sería lo óptimo. Ella insiste en que, si el Gobierno adoptara ciertas políticas de preliberación y de reinserción social, se podría mantener el sistema penitenciario en mejores condiciones que las actuales.

Documenta A.C. también ha señalado que los problemas de sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, prácticas de tortura y trato cruel, inhumano y degradante contra los internos, que ya son comunes en las prisiones, sólo se incrementarían con la llegada de los empresarios.

Una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicado hace dos semanas muestra que la privatización de su sistema no ha mejorado las condiciones de los reclusos, por el contrario, empeoraron.

En el caso mexicano, las organizaciones señalan que existe la posibilidad de que la atención de los centros penitenciarios, que es responsabilidad del Estado, termine traspasándose a las empresas que construirían y administrarían los penales.

Hubert Chakour también señaló que existe opacidad en el uso de los recursos y las responsabilidades de los funcionarios, pues no se establecen criterios de evaluación claros de las propuestas presentadas vía concurso.

Como ejemplo de ello, el documento presentado por los organismos señala que en 2013, la Auditoria Superior de la Federación, en su Informe de Resultados de la Fiscalización de Cuenta Pública, estableció que el OADPRS, dependencia encargada de celebrar los contratos con las empresas para el sector penitenciario, no había fundamentado la disposición legal que permite su participación en los Centros de Reinserción. Tampoco las contrataciones bajo esquema de CPS estaban reguladas ni por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público, ni por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En 2013, la Tercera Visitaduría de la CNDH denunció la opacidad del Gobierno en cuanto al monto de los recursos destinados a los contratos del 2010 en el sector, luego de que la Secretaría de Gobernación calificara la información como “reservada” por un plazo de 12 años a partir de diciembre de ese año.

Además de este problema, la CNDH ha indicado que hay un mayor costo por cada persona en una cárcel concesionada que en una prisión del Estado. Mientras que en los centros privados asciende a mil 500 pesos, el costo promedio en un centro público es de entre 150 y 390 pesos diarios. Además, este costo no representa un mejoramiento en las condiciones de los reclusos, ya que no ha sido verificado por ninguna autoridad.

La vocera de Documenta A.C. recalcó en la entrevista, que si bien es cierto que México atraviesa un momento de crisis en la seguridad de los penales, la solución no se encuentra en transferir a particulares el deber irreductible del Estado, sino encontrar soluciones de fondo que garanticen la correcta implementación de las leyes y la creación de planes de actividades que ayuden a la reinserción social de las personas que se encuentran cumpliendo alguna condena.

“Los graves problemas que caracterizan al sistema penitenciario en México no justifican la incorporación de un modelo que va en detrimento de la dignidad de las personas privadas de libertad y obstaculiza la reinserción social. Para acabar con ellos, el Estado debe proponer una política penitenciaria que ponga el respeto a los derechos humanos en el centro de la discusión”, concluye el informe.