En lo que va del año se han registrado 625 casos oficiales de secuestros en el país. La incapacidad del gobierno para detener a los responsables ha fomentado que los delincuentes ya no sólo realicen secuestros individuales, sino que ejecuten raptos masivos. De acuerdo con expertos, estos secuestros no son un problema aislado, sino que se encuentran estrechamente vinculados con el incremento en el número de homicidios, el robo a vehículos y extorsiones. La cifra iría en aumento debido a la rentabilidad del delito y al bajo indice de denuncia que hay por parte de la población a causa de la desconfianza en el gobierno.

Ciudad de México, 24 de Agosto (SinEmbargo).-  El secuestro, individual y masivo, en México ha mostrado un incremento notable en lo que va del año. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública demuestran que en el mes pasado hubo 106 denuncias por este delito, un 37 por ciento más con respecto al mismo mes del año anterior, cuando se reportaron 77.

Tamaulipas, Estado de México, Guerrero Veracruz y Morelos son algunos de los estados con mayor cantidad de casos. Las víctimas son variadas, migrantes, civiles de todas clases sociales, funcionarios públicos, y por supuesto, personas vinculadas con el narcotráfico.

La incapacidad del gobierno para detener a los responsables ha fomentado que los delincuentes ya no sólo realicen secuestros individuales, sino que ejecuten raptos masivos. Tan sólo el estado de Guerrero registró tres raptos múltiples en el mes de enero.

El primero ocurrió durante una fiesta en El Salitre, en el municipio de Arcelia, donde un comando armado levantó a 21 personas, además de asesinar a dos hombres en el lugar. Posteriormente, el día 11, 30 hombres con armas largas irrumpieron en las instalaciones de la Secundaria Técnica 114 de la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, y levantaron a cinco maestros, entre ellos al director de la escuela.

Nueve días después, un grupo armado ingresó a la vivienda de una familia en Arcelia y se llevó a un matrimonio y a dos de sus hijos. De acuerdo con la versión de la Policía del Estado, las víctimas fueron Jonás Miranda Valladares de 43 años, de ocupación albañil, su esposa Alejandra Villareal Salinas de 34 años y sus dos hijos, de 12 y 8 años.

Los secuestros masivos están íntimamente relacionados con la delincuencia organizada, no sólo con en el narcotráfico. No es un problema aislado, sino que se encuentra estrechamente vinculado con el incremento en el número de homicidios, el robo a vehículos y extorsiones, explicó en entrevista para SinEmbargo Santiago Roel-Rodriguez, director de la organización Semáforo Delictivo.

Roel-Rodriguez también aseguró que si el secuestro se ve concentrado en algunos estados, es porque en ellos se están enfrentando pugnas por el dominio del mercado de drogas. Éste “es un mercado lucrativo que tiene que usar la violencia para defender territorios, para poder vender y llegar a otros estados”, dijo.

Al respecto, se puede comprobar que son las entidades con mayor número de homicidios las que también presentan mayores índices de secuestros. Un ejemplo  es Guerrero, donde en el mes de julio se registraron 35.3 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Veracruz es otra de las entidades con el mayor número de asesinatos violentos y secuestros, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo. En febrero de este año, en Tierra Blanca, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, en complicidad con algunos policías, capturaron y ejecutaron a cinco jóvenes que regresaban a sus casas en Playa Vicente, después de festejar el cumpleaños de uno de ellos en el puerto. También en ese mes cuatro chicos fueron secuestrados mientras desayunaban en una taquería del puerto, ubicada cerca de las instalaciones del Sistema de Agua Metropolitano, en la colonia del fraccionamiento Reforma.

Para el mes de junio, familiares denunciaron la desaparición de siete jóvenes de la comunidad de Remolino, en el municipio de Papantla. Y en agosto, la Fiscalía General de Veracruz informó que otro grupo delictivo irrumpió en la alcaldía de Alto Lucero y secuestró a siete hombres y a una mujer, a los que posteriormente asesinó.

Las cifras se incrementan si se considera que el número de expedientes y denuncias es menor que el de las personas raptadas. Primero, porque en un mismo caso puede haber más de una víctima, y segundo, porque, de acuerdo con el director de Semáforo delictivo, el 80 por ciento de las víctimas no denuncia.

Pablo Monzalvo Pérez, especialista en seguridad pública y profesor en la Universidad Iberoamericana, dijo a SinEmbargo que muy posiblemente, esta falta de denuncias se deba a que hay servidores públicos que trabajan con el crimen organizado.

Esta misma apreciación tiene el Sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, quien en entrevista señalo que “ todos los secuestros tienen que ver con el crimen organizado, pero también con el crimen autorizado. Es decir, que muchos funcionarios han participado con el Cártel del Golfo, los Zetas y con cualquier otro”.

Roel-Rodriguez explica este fenómeno diciendo que, si bien se han generado unidades (policiacas) en los estados que funcionan adecuadamente, el mercado negro de las drogas genera tanta corrupción de alto impacto, que puede permitirse comprar y amenazar a las autoridades locales y federales.

Por otra parte, los entrevistados coinciden en que la motivación principal para cometer un secuestro, ya sea masivo o no, es ganar dinero, no generar miedo en la población.

Esta clase de crimen es muy rentable, así lo explicó el padre Solalinde, quien reveló que hace tan sólo cuatro meses trabajó en un caso en el que para liberar a un joven, los secuestradores pidieron un pago de 20 mil dólares.

Según él, el incremento en el número de secuestros se debe su rentabilidad. “Mientras que hace unos años sólo pedían 500 o mil dólares, ahora lo mínimo que están cobrando es entre 3 mil y 5 mil dólares”, dijo.

El religioso también explicó que incluso cuando las víctimas no pueden pagar, los raptores los venden de otra manera, principalmente mediante el tráfico de órganos.

Solalinde manifestó que los migrantes son víctimas fáciles de los grupos armados, no sólo porque no hay suficiente seguridad estatal, sino porque los migrantes tienen la apreciación de que a las autoridades mexicanas no les importa lo que pasa con ellos.

De acuerdo con él, fue a finales de 2007 cuando empezó el secuestro masivo de migrantes en Oaxaca. A partir de ahí, de manera intermitente cada cierto tiempo desaparecían grupos de viajeros, pero fue en 2009 cuando se disparó la cifra. Había un promedio de diez mil secuestros cada seis meses en todo el país.

De hecho, en un informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre los casos de secuestros a migrantes, emitido en junio de 2009, se señala que hubo 9 mil 758 víctimas, la mayoría levantadas en grupos.

Estos raptos representaron una ganancia para los criminales de 25 millones de dólares, cifra que se elevó en 2010 con las 11 mil 333 víctimas de secuestro registradas.

A pesar de que la CNDH ya no emitió informes al respecto, presuntamente por el descontento del gobierno, el padre Solalinde aseguró que las cifras siguen en aumento.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó mediante un informe que en lo que va del año han habido 625 víctimas de secuestro, sin embargo, organismos no gubernamentales aseguran que es mucho mayor.

Hay casos que se mantienen en la memoria colectiva, como el de Puebla, en el que un comando armado relacionado al cártel de los Zetas, irrumpió una pelea de gallos realizada en el Teatro del Pueblo del municipio de Cuautlancingo, donde ejecutaron a dos hombres y secuestraron a una docena de personas. O el del pasado 15 de agosto, cuando un comando armado irrumpió en el bar “La leche”, en Puerto Vallarta, Jalisco, y sustrajeron a seis personas, entre ellas, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El caso más reciente que apareció en la prensa es de este fin de semana, en el que un grupo de hombres armados secuestraron a siete personas en una vulcanizadora en la comunidad de Cerro Gordo, en Salamanca, Guanajuato. Sin embargo, si en verdad se quisiera una cifra aproximada al número de secuestrados que hay en el país cada año, se necesitaría multiplicar por cinco la cifra registrada en fuentes oficiales, así lo explicó el vocero de Semáforo delictivo.

La conclusión de los especialistas es que el incremento de la violencia en México crea la impresión de que el gobierno mexicano es incapaz de detener al crimen organizado, o peor aún, en palabras de Solalinde, que “con una mano aparenta detener los delitos y con la otra los comete”.