Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– Los bancos en el país realizan acciones anticompetitivas que les permiten abusar de los usuarios, uno de los casos más significativos es el de los cajeros automáticos, ya que el número de unidades en el país es insuficiente y la mayoría corresponde a los grandes grupos financieros, lo que no sólo limita la competencia en el servicio sino que encarece las tarifas que se cobran ya sea por consulta de saldos o por disposición de efectivo, concluyó el “Trabajo de Investigación y Condiciones de Competencia del Sistema Financiero Mexicano”, elaborado por la  Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

De acuerdo con el estudio, en el sector existe un serio conflicto de intereses, lo que a su vez impide la falta de competencia e innovación en perjuicio de los usuarios. Datos del Banco Mundial a 2012 revelaban que en México existían 47.3 cajeros automáticos por cada 100 mil habitantes, mientras que en economías menos desarrolladas como Letonia y Malta, la cifra era de 66.5 y 60.3, respectivamente.

El estudio de la Cofece hace énfasis en que la predominancia de los grandes bancos se ve reflejada en la escasa cobertura de cajeros automáticos, cuyo cargo por retirar efectivo resulta caro para los usuarios [de entre 30 y 40 pesos en promedio] mientras que la cobertura de establecimientos que aceptan pagos con tarjeta también es baja.

“Hoy en día, el sistema de cajeros está fragmentado porque los cuentahabientes usan principalmente cajeros de su propio banco, ya que resulta muy caro retirar efectivo en un cajero que no es propiedad de su banco”, concluye.

Recomienda garantizar a los usuarios el acceso a la infraestructura de cajeros automáticos en condiciones no discriminatorias. Para ello, se deberá promover un esquema tarifario que reduzca el diferencial de cobros a los usuarios entre cajeros de diferentes bancos.

Un reporte del Banco de México (Banxico) señala que de las 25 instituciones financieras que operan cajeros automáticos en el país, los cinco bancos más grandes operan el 77 por ciento de la red, mientras que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) destaca que los cajeros automáticos que se encuentran en supermercados, centros comerciales, aeropuertos, terminales de autobuses, tiendas de conveniencia, farmacias y gasolineras, generalmente cobran una comisión mayor que los instalados en sucursales bancarias.

De acuerdo con cifras del Banxico, al mes de agosto, Santander fue la institución que cobró la mayor comisión por retiro de efectivo a clientes de otros bancos, con un costo de 27 pesos más Impuesto al Valor Agregado (IVA); en tanto que Bansi fue el que cobró la menor tasa con un monto de 8.62 pesos más IVA.

DAVID VS GOLIATH

El problema no es sólo de los cajeros automáticos. En caso de que los tarjetahabientes deseen trasladar sus saldos deudores a un banco distinto que les ofrezca mejores condiciones, éstos se encuentran con obstáculos y dificultades para hacerlo. Debido a esto, entre 2011 y 2012, sólo el 5 por ciento de los clientes de tarjetas de crédito cambiaron de emisor, según el estudio.

Otra de las trabas es poder elegir productos financieros, como crédito automotriz o seguro para el retiro, porque no se tiene acceso fácil a la información.

Aquellas instituciones bancarias que ofrecen la opción del servicio de ahorro para el retiro compiten principalmente a través de la promoción de sus servicios, en donde el 43 por ciento del gasto de las Afores se destina a esta actividad, mientras que sólo el 4 por ciento a actividades de inversión.

Gracias a esto, los trabajadores que se cambiaron de Afore a lo largo del año 2013, lo hicieron a una administradora con menor rendimiento neto.

Por otro lado, los acreditados poseen términos de contratación desventajosos, con altas tasas de interés o comisiones y condiciones inflexibles de plazo o formas de pago, llevándolos a pagar sobreprecios en los seguros que se encuentran ligados a crédito, especialmente en el automotriz e hipotecario.

Resalta que es básicamente imposible trasladar una garantía hipotecaria de una institución a otra, lo cual inhibe el refinanciamiento del crédito, y que hay nula movilidad de clientes entre proveedores de cuenta de nómina, lo cual obstaculiza la competencia.

También se detectó que los usuarios no cuentan con un historial para obtener créditos, porque el gobierno no provee la información sobre pagos realizados ya sea al Instituto del Fondo Nacional pata la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) o al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovisste).

La información sobre el pago de créditos o compra de servicios a los entes del gobierno no está disponible para los otorgantes de crédito. Como consecuencia, se reducen las posibilidades de que los usuarios cuenten con un historial para obtener créditos.

La propiedad y control de Buró de Crédito está en manos de los principales bancos que poseen el 70 por ciento de sus acciones y que, a su vez, otorgan más del 85 por ciento del crédito en los segmentos de vivienda, consumo y empresarial.

LAS RECOMENDACIONES

El estudio considera que dicha problemática se debe a un serio conflicto de intereses en algunos consejos de administración de la banca de desarrollo, lo que provoca la escasez de competencia, falta de innovación en el sistema financiero, colusión y mala regulación, por ello, emitió una serie de recomendaciones para fomentar la competencia y otorgar un mejor servicio.

Una de ellas fue asegurar que las cargas operativas y de supervisión sean proporcionales a cada tipo de institución, entre otros, conforme a su perfil de riesgo.

Ajustar el marco normativo y operativo para establecer que los bancos tendrán la obligación legal de proporcionar su información crediticia a todas el Sistema Informático de Contraloría Social (SICs) en igualdad de condiciones y con estándares de calidad aceptables.

Emitir normas que aseguren la provisión de bases de datos a cualquier SIC sobre pagos realizados a entes del gobierno, contribuciones al Infonavit y Fovissste, entre otros servicios de financiamiento.

Asimismo, hace un llamado a la creación o regulación de plataformas electrónicas para créditos al consumo y a la vivienda en las que los consumidores manifiesten sus necesidades de financiamiento y den autorización para que sus historiales crediticios puedan ser consultados en las SICs.

Mientras que la Condusef sugirió a los tarjetahabientes programar sus necesidades de efectivo y utilizar cajeros ubicados en sucursales bancarias propias de tu banco emisor para evitar pagar altas comisiones.

Y en caso de que se utilice un cajero distinto al banco emisor, recordar que las comisiones deberán mostrarse en la pantalla, con la finalidad de que el usuario decida continuar o no con la operación.

“Se encontró evidencia que apunta a la posible existencia de sobreprecios en el ramo de los seguros ligados a crédito, especialmente automotriz e hipotecario al momento de comparar el precio de pólizas de seguros que no se encuentran ligados a un crédito para adquirir un seguro de aquellos que sí lo están”, por lo que en este renglón específico recomendó revisar la regulación para establecer mecanismos que obliguen a los intermediarios financieros a proporcionar a los demandantes de crédito (automotriz e hipotecario, principalmente) la alternativa de adquirir un seguro económico que cumpla con las condiciones mínimas para que sea aceptado por un tercero como garantía.