Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– El 29 de octubre pasado, 33 días después de la tragedia de Iguala, Guerrero, donde fueron asesinados tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y otros 43 sufrieron desaparición forzada, el Presidente Enrique Peña Nieto recibió a sus padres en Los Pinos. Hoy, a 11 meses de aquel primer encuentro, que no complació a las familias, y a sólo unas horas de cumplirse un año de aquellas horas de terror, volverán a verse las caras en un ambiente enrarecido por pruebas de expertos internacionales que constatan que el Gobierno federal no ha actuado con suficiente rigor ni imparcialidad en la investigación.

Fue la del 29 de octubre pasado una reunión tensa. Las familias habían exigido durante cuatro semanas un encuentro con el Jefe del Ejecutivo federal, luego de las ambiguas respuestas de autoridades, como las del entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y el propio Miguel Ángel Osorio Chong, encargado de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Habían llegado hasta ahí, hasta la casa del Presidente, sólo después de una enorme presión de ellos mismos, de los estudiantes y maestros de Guerrrero, y de la sociedad en general. Sin embargo, el resultado del encuentro fue a todas luces negativo. De Los Pinos, las madres, padres y hermanos de las víctimas salieron con un desencanto mayor de cuando llegaron, y con el coraje a flor de piel.

Se recuerda la intervención de Felipe de la Cruz Sandoval, padre de un estudiante quien, como él mismo relató, sobrevivió al ataque a balazos de policías municipales y fuerzas federales en Iguala.

“Si usted no tiene la capacidad para darnos la respuesta ya, también debe estar pensando lo mismo que el Gobernador de Guerrero, porque también tiene responsabilidad. ¿A los cuántos días el Gobierno federal toma el caso? O sea que hoy estamos aquí con la intención de ponerle un plazo no mayor de tres días de tener resultados concretos”, le dijo a Peña Nieto.

“Si Ángel Aguirre no cumplió es culpable y si usted no actúa también va a ser culpable”, le lanzó Cruz Sandoval a un Peña Nieto que lucía incómodo y con el rostro muy serio.

“Ya llegamos al límite de la tolerancia y de la paciencia, estamos a última instancia como mexicanos exigiéndole a usted como Presidente respuesta inmediata a la presentación de los 43 jóvenes desaparecidos”, agregó Cruz.

Fueron seis horas de reunión con el Presidente Enrique Peña Nieto. Pero la comisión de las familias de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, externó que había sido insuficiente, refiriéndose a la conversación y los ofrecimientos del Primer Mandatario.

Peña Nieto repitió el “tope donde tope”, en una promesa de que encontrarían a todos los culpables, pero las respuestas del político mexiquense no les gustaron a los padres. Salieron cansados, aún más hartos de las respuestas a medias del Estado mexicano pero, eso sí, con más ánimo para continuar con la búsqueda de sus hijos.

Al salir de Los Pinos, el vocero de los padres de familia, Felipe de Jesús de la Cruz, dijo: “Les adelantamos [lo] que le queremos decir al Presidente: que no es suficiente”. Luego, las familias en grupo dieron una conferencia de prensa. “A más de 30 días, no han hecho nada”, dijo De la Cruz Sandoval, uno de los padres. “Nosotros seguimos en la búsqueda de los estudiantes, con vida”.

“No podemos creer que con todo el poder que tiene el Estado no los encuentren. No confiamos”, agregó. “Que no se le olvide al Gobierno federal que de Guerrero han salido grandes personajes importantes. Le pedimos a la población a mantener la ira hasta que nos entreguen a los 43 normalistas”.

También pidieron un alto a las filtraciones de información que ya entonces inundaban los medios de comunicación. Dijeron que la Procuraduría General de la República no avisaba a los familiares sobre las pistas. Primero las filtra a la prensa, acusaron. “Nos enteramos por los medios de que encontraron fosas, y que pueden ser nuestros hijos, imagínense el dolor. Para nosotros no son confiables los resultados de la PGR”, insistió desde aquél 29 de octubre el vocero de la comisión.

También se cuestionó el papel omiso que el Gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero jugó durante horas vitales para la investigación de la tragedia.

María Isela Echeverría de la Cruz, hermana de uno de los jóvenes de Ayotzinapa asesinados el 12 de diciembre de 2012 por fuerzas federales en el desalojo de la Autopista del Sol [México–Acapulco). La joven criticó el hecho de que Aguirre Rivero –quien solicitó licencia para dejar su cargo como Gobernador de Guerrero el 23 de octubre de 2014– se hubiera ido con las “manos limpias”.

“El señor Aguirre dice que se fue con las manos limpias, pero quién dio la orden en 2012 cuando hubo jóvenes caídos”, reclamó.

Los familiares de los estudiantes muertos y desaparecidos solicitaron a Peña Nieto que se redireccionaran  las líneas de investigación hacia la represión sistemática de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos y no a nexos con el crimen organizado, como se había difundido en aquellos días.

“TOPE DONDE TOPE”

Luego de aquella reunión, el Presidente Peña Nieto dio un mensaje en el que ofreció “fortalecer los esfuerzos de localización” de los desaparecidos. Mientras eso sucedía los padres de los desaparecidos partieron al Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” en la capital del país donde, más tarde, dieron una conferencia de prensa.

“El gobierno asume por igual la indignación que estos hechos les han causado como familia, el Presidente de la República está indignado ante estos hechos y recogí la gran impaciencia que hay y que las averiguaciones nos permitan informar muy pronto el paradero de los estudiantes desaparecidos”, dijo Peña.

“Reiteré mi compromiso con el Estado de Derecho y que habremos de llevar a fondo las investigaciones que estamos haciendo; no cabe el más mínimo espacio para la impunidad, habremos de ir al final de las investigaciones, a dar con los responsables y aplicar la ley tope donde tope”, agregó.

A su vez, la Presidencia de la República difundió los acuerdos a los que, de acuerdo con su versión, habían llegado con los padres de los 43.

Sin embargo, ya en el Centro Prodh, uno de los padres de familia expresó: “El Presidente anunció que ya llegó acuerdo con los padres. No se dan cuenta que el sufrimiento no se negocia, que las vidas humanas no tienen precio, que lo que queremos es que aparezcan (…) lo que buscamos es volver a encontrarnos con nuestros hijos”.

“Por eso le recalcamos al Presidente: no confiamos en su gobierno y si no se cree competente para darnos resultados le proponemos que venga gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a buscar a nuestros hijos, se ha venido sobre la nosotros la noche y la agonía y seguimos en la misma, no encuentra nada el Gobierno mexicano”, añadió.

Los familiares de los 43 desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa aseguraron aquél 29 de octubre que no se volverían a reunir con el Presidente, hasta que se presentaran resultados y avances en la investigación del caso. Esa fecha ha llegado y es hoy.

11 MESES DESPUÉS

El Presidente Enrique Peña Nieto se reunirá, por segunda ocasión, este jueves con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa a las 13:00 horas en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la tercera sección del Bosque de Chapultepec.

El pasado 7 de septiembre el Presidente Peña Nieto dijo estar dispuesto a sostener una nueva reunión con los padres de los 43 estudiantes. En un acto público en el estado de Puebla, el mandatario expresó su “total disposición” para sostener dicho encuentro.

El Jefe del Ejecutivo federal aseguró que desde la desaparición de los estudiantes en la ciudad de Iguala el 26 de septiembre de 2014, el Gobierno ha estado “cerca de los padres”, y reiteró “la invariable y permanente disposición” de acompañar y apoyar a los familiares de los jóvenes.

Peña Nieto se pronunció sobre la reunión con los padres de los normalistas de Ayotzinapa un día después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentara un informe que desmontó la versión de la Procuraduría General de la República (PGR) de que los 43 estudiantes fueron quemados en un basurero de Cocula.

El grupo abrió una nueva hipótesis sobre el móvil del crimen vinculada a que los jóvenes se habrían apoderado, sin saberlo, de un autobús cargado de droga oculta. Por ello, los familiares de los normalistas demandaron: la reestructuración de la investigación tomando como base el informe de los expertos de la CIDH, que se reanude la búsqueda de los jóvenes contemplando las pautas y puntos fijados por los científicos, y dar verdad y justicia a los 43, familiares y al pueblo de México.