Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).– Una comisión de 30 funcionarios encabezados José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), se presentó en Ginebra, Suiza, para participar en la segunda ronda del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solo con una lista de buenas intenciones y logros legislativos, pero sin resultados concretos.
En la comitiva participaron el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Lía Limón y la Senadora perredista Angélica de la Peña, quienes presentaron algunos avances en materia legislativa como la nueva Ley de Amparo, pero ningún dato concreto sobre el impacto de las políticas gubernamentales en la población y sobre todo, ninguna explicación sobre los más de 26 mil desparecidos y casi 100 mil muertos que dejó la guerra contra el narcotráfico del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En cambio, México recibió 180 recomendaciones en materia de derechos humanos que destacaron la violencia en contra de las mujeres, la pobreza, el escaso acceso a la alimentación, los ataques a defensores y periodistas y de nuevo la eliminación de la figura del arraigo.
Un grupo de organizaciones defensoras de los derechos humanos, organizados por el Centro Miguel Agustín Pro de Derechos Humanos, analizó la participación de la comitiva de 30 funcionarios mexicanos y determinó que el país sólo se limitó a llevar una lista de acciones legislativas, consideras por el gobierno mexicano como avances, pero omitió por completo mostrar las cifras de muertos, desapariciones forzadas, desplazados y pobres.
Agnieska Raczynska, secretaría ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, dijo que los representantes mexicanos no profundizaron en la realidad mexicana.
“Nos llamó la atención la carencia un diagnóstico de los últimos cuatro años en materia de Derechos Humanos. El gobierno no asume la realidad del Estado Mexicano que se vive en el país. El informe que presentó México lejos de ser integral, solo presume una serie de acciones como un listado de actividades, pero no se habla del impacto en la población de estas acciones”, dijo.
Pero al país le “llovieron” las recomendaciones de naciones como Malasia, China y Trinidad y Tobago en materia de erradicación de la pobreza y el hambre.
Otra de las recomendaciones donde fueron insistentes 17 países fue la erradicación de la violencia de género, la sanción del feminicidio y la armonización de todas las entidades en la tipificación de este delito.
México tampoco rindió cuentas sobre las recomendaciones que se le hicieron en 2009 e ignoró grandes temas, como los desplazados, las desapariciones forzadas y los asesinatos de migrantes centroamericanos durante su paso por el país.
Alejandra Nuño Ruiz, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que México recibió nueve recomendaciones para modificar el fuero militar.
“Se recomienda al Estado asegurar recursos para frenar la fuerte presencia militar, la militarización no está bien vista por los países”, dijo.
Gabriela Morales, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova de Tapachula, Chiapas, destacó la recomendación de seis países en torno a la protección de los derechos humanos centroamericanos durante su paso por México.
“Nicaragua se enfocó a niños y mujeres, Argentina a trabajadores, Irlanda implementación de la Ley de Migración, retos que se vienen señalando por la ausencia de políticas con una perspectiva de derechos humanos. La legislación actual tiene solo el enfoque en el tema del control migratorio, pero esto no es suficiente”, dijo.
La activista indicó que durante la evaluación se le pidió a México los datos sobre la desaparición forzada, sin embargo no hubo resultados.
“Si no se muestran los resultados efectivos, no se puede dar un seguimiento”, dijo.
Chile, Costa Rica, Noruega y Perú recomendaron al país garantizar el acceso a la justicia para pueblos indígenas y llevar a cabo consultas públicas adecuadas para fomentar la participación de las comunidades.
“Que se reconozca y se haga vigente el derecho a la consulta, salud, vivienda, derechos de las mujeres y combate a la pobreza, pues se están vulnerando los derechos que hacen posible la vida y supervivencia de los pueblos indígenas”, dijo Maribel González, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En cuanto a la eliminación de la figura del arraigo en el país, Bélgica, Alemania, Francia y Ucrania, recomendaron eliminar este proceso por considerarlo violatorio de los derechos humanos.
Las organizaciones civiles llamaron a los distintos poderes de la unión a coordinarse para no triplicar esfuerzos.
El próximo viernes México recibirá el documento de la calificación del EPU, con las recomendaciones y en marzo el país emitirá una respuesta sobre cuáles acepta y rechaza.
