Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo/Noroeste/EFE).– La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) pronunciaron por separado su preocupación por los normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, quienes han estado desaparecidos por un mes.
Enrique Fernández Fassnacht, Secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), censuró en Sinaloa la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y demandó que el Estado mexicano asuma su responsabilidad para esclarecer los hechos.
“Es impostergable una denuncia y una condena sobre el caso”, dijo.
La Asociación está conformada por 180 universidades e instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares de todo el país.
A nivel internacional, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización Iberoamericana de Juventud (OIJ) expresaron en Madrid, España, su “profunda preocupación y repudio” por la desaparición de los 43 estudiantes y enviaron un mensaje de solidaridad a las familias de los jóvenes.
En un comunicado conjunto, los organismos hicieron “votos” para que pronto se esclarezcan los hechos.
“Unimos nuestra voz a la de otros organismos internacionales y organizaciones mexicanas”, así como a las palabras del Presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que el pasado 6 de octubre dijo que “ante estos actos inhumanos no cabrá el más mínimo resquicio para la impunidad”.
Por eso, también apelaron por “la investigación de los hechos y la sanción de los responsables”.
La noche del 26 de septiembre los policías de Iguala y del vecino municipio de Cocula atacaron a tiros a los estudiantes por órdenes del entonces Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, ambos prófugos y con una orden de aprehensión por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
En los hechos resultaron 6 personas muertas, 25 más heridas y 43 desaparecidos, los cuales fueron entregados a miembros del Cártel Guerreros Unidos, cuyos miembros son presuntos familiares de la esposa del Edil prófugo.
