En su informe “Desaparecidos: la justicia denegada en el estado mexicano de Guerrero”, Crisis Group dijo que “las espantosas e impunes violaciones de los derechos humanos en el estado de Guerrero han desdibujado los límites entre la política, el estado y el crimen”.
Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto debe actuar con firmeza para restaurar la confianza, investigando y enjuiciando casos emblemáticos, comenzando en Guerrero y siguiendo en otros estados vulnerables, refiere un informe de International Crisis Group.
La organización independiente propuso al Gobierno de México enfrentar la “terrorífica” situación creada “Guerrero” designando a un fiscal especial apoyado por una comisión investigadora internacional para que investigue las desapariciones no resueltas y otras graves violaciones de los derechos humanos en esa entidad.
En su informe “Desaparecidos: la justicia denegada en el estado mexicano de Guerrero”, Crisis Group dijo que “las espantosas e impunes violaciones de los derechos humanos en el estado han desdibujado los límites entre la política, el estado y el crimen”.
Mencionó que “las bandas de narcotraficantes no sólo controlan la industria ilegal de la heroína y asedian a los ciudadanos de a pie a través del secuestro y la extorsión, sino que también han penetrado, paralizado o intimidado a las instituciones encargadas de defender la democracia y el Estado de derecho”.
Crisis Group dijo que un ejemplo de la complicidad de las autoridades y los grupos criminales es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, caso que, dijo, “no es una anomalía” ni “un incidente aislado” en un Estado donde se han borrado las líneas que separan a “la política, el gobierno y la delincuencia”.
La organización refirió que la gravedad de la violencia y de la corrupción en esta entidad requiere de medidas adicionales para asegurar a la población que las autoridades están preparadas y dispuestas a investigar y castigar a los criminales que aterrorizan a los ciudadanos, así como a cualquier funcionario que los ayude o aliente, por acción u omisión.
Dijo que el descubrimiento de fosas comunes clandestinas en Guerrero dejó al descubierto un macabro y más amplio patrón de homicidios sin resolver.
“Y el problema no se limita a Iguala. El secuestro en mayo de 2015 de más de una docena de personas en Chilapa, donde las fuerzas estatales y federales estaban a cargo de la seguridad, demostró que, meses después de la desaparición de los estudiantes, las autoridades seguían sin querer o sin poder actuar con firmeza para prevenir y resolver este tipo de delitos”, dice el informe que destaca las más 23 mil desapariciones en el país.
Para la organización con sede regional en Bogotá, la “gravedad de la violencia y la corrupción” en ese estado hace necesario que el Gobierno de Enrique Peña Nieto vaya más allá de su decisión de nombrar nuevos fiscales para el caso Ayotzinapa y de ponerlos a trabajar en coordinación con expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“El gobierno federal debe poner en manos de un fiscal especial independiente, apoyado por una comisión investigadora internacional con poder para participar activamente en los procedimientos, la investigación de las desapariciones no resueltas y otras importantes violaciones de los derechos humanos” en Guerrero, señala el documento.
El nuevo Fiscal para Guerrero que propone Crisis Group debería proceder de fuera del Gobierno, tener experiencia en litigios de derechos humanos y libertad para abrir nuevas líneas de investigación. Sus investigaciones deberían contar con asistencia y supervisión de una comisión internacional formada por expertos en derecho penal y derechos humanos y auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y/o la Organización de Naciones Unidas.
Esa comisión, con un mandato renovable de dos años, dice el informe, debe tener autoridad para participar en procedimientos penales y acceder plenamente a pruebas y testigos, así como para trabajar con grupos de víctimas y activistas de los derechos humanos con vistas a reunir información y tramitar reparaciones.
El informe de Crisis Group contiene además un mensaje especial para Estados Unidos, el principal destino de la heroína elaborada en Guerrero y también de parte de la riqueza que obtienen los que comercian con esa droga.
“La tragedia de Guerrero es más que un fracaso de las instituciones mexicanas” y “a Estados Unidos claramente le interesa que se refuerce la ley y la justicia en un estado que suministra mucha de la heroína que alimenta una epidemia creciente”, dice el documento.
