Organizaciones No Gubernamentales aseguran que la mayoría de los gobiernos estatales ha hecho muy poco por reconocer la crisis de violencia contra las mujeres. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reflejan que en entidades como Chihuahua o el Estado de México, se registra el mayor porcentaje de mujeres que han sufrido al menos un episodio de violencia: 80 y 78 por ciento, respectivamente. Pese a los avances normativos para que se declare la Alerta de Género, en estos últimos meses han aparecido nuevos focos rojos, lo que de acuerdo con especialistas es consecuencia de la impunidad y de la falta de interés con El Estado trata esta crisis.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- La administración del Presidente Enrique Peña Nieto no ha revertido la tendencia de violencia hacia las mujeres arraigada en el país, que se viene gestando desde el Gobierno del ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa.

Un caso paradigmático de la violencia hacia las mujeres es el Estado de México, en donde la crisis y presiones políticas hicieron que el Gobierno estatal declarara el 28 de julio la Alerta de Violencia de Género (AVG) en once municipios: Valle de Chalco Solidaridad, Chimalhuacán , Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chalco, Naucalpan de Juárez, Ciudad Nezahualcóyotl, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos e Ixtapaluca.

El mecanismo de emergencia, solicitado por organizaciones civiles desde el 8 de diciembre del 2010, incluye la definición de estrategias de prevención, vigilancia y seguridad, acciones de búsqueda de desaparecidas, la elaboración de una base de datos sobre violencia contra la mujer y protocolos policiales con enfoque de género.

Sin embargo, a tres días que de que cumplan cinco meses de la primera declaratoria de este mecanismo en el país, la organización Solidaridad por las Familias refiere que el número de mujeres asesinadas en la entidad no ha sido reducido.

“No ha sido un parteaguas, ha habido no una merma sino un incremento. Tan sólo en Ecatepec en el último mes, únicamente en Ecatepec llevamos 10 feminicidios. La Alerta ha sido utilizada como un fin político. Se han invertido 8 millones de pesos hasta el momento, de acuerdo a las cifras oficiales”, dice David Mancera Figueroa, presidente de la organización.

Mientras que la media nacional de homicidios es de 12 por cada 100 mil habitantes, en Ecatepec se ubica en 20. Entre enero y septiembre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) reportó que hubo 331.

Mancera Figueroa señala que el Gobernador de la entidad, Eruviel Ávila Villegas, incumplió con la AVG, al mantener al margen de participar dentro del mecanismo a organizaciones peticionarias como la suya, Amnistía Internacional y ONU Mujeres, la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género.

“La Alerta de Género en su capítulo once indica que las organizaciones deben de participar, pero el Gobierno ha hecho acuerdos con otras personas, como la señora Rosi Orozco, de la Comisión Unidos contra la Trata, que ahora se destapa que se ha conducido de manera no adecuada, y que ha utilizado fondos públicos para su beneficencia”, dice.

DISTORSIÓN DE ALERTA

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, del Estado de México, refiere en un monitoreo que la AVG se ha centrado en acciones que pueden, de forma contradictoria, aumentar el número de casos de violencia hacia las mujeres.

“Se está entendiendo como una forma policiaca de intervención. Y eso hemos visto que no sólo en el Estado de México, sino en todo el país, y lo que hemos visto es que a mayor número de fuerzas armadas, lo único que genera es mayor violencia hacia las mujeres en términos sociales”, afirma el coordinador general, Antonio Lara Duque.

Los vacíos en la Alerta podrían deberse a la falta de compromiso político de parte del Gobernador Eruviel Ávila, refiere Martha Juárez Pérez, encargada de enlaces legislativos de la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad.

“El Gobierno del Estado de México no había querido aprobarla, y la aprueba ante la inminencia de una decisión de la Corte [Suprema Corte de Justicia de la Nación] de que la tiene que aplicar”, añade.

De acuerdo con Juárez, esta situación sumada a que los principales avances de la AVG han sido normativos revelan el manejo político que hasta ahora hace el Estado de México de la violencia contra las mujeres.

“En vez de que el Edomex asuma la sentencias de la corte, se adelanta y declara la Alerta, como diciendo ‘porque me preocupan las mujeres’”, agrega.

FALLAS EN MORELOS

Estos problemas también se han reportado en Morelos, el segundo estado con una AVG, que fue declarada el 10 de agosto en 8 municipios.

La AVG fue decretada en Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Yautepec y Puente de Ixtla. “El primer foco rojo a atender es la existencia de un corredor de giros rojos y negros en los que las mujeres son tratadas como mercancía sexual”, dijo durante el anuncio, el Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

Sin embargo, a cuatro meses de su declaratoria, los principales pendientes son las medidas de emergencia. Que incluyen las acciones de coordinación entre las secretarías para estar vigilantes sobre las acciones que atiendan la violencia institucional, entendida como la falta de atención de las dependencias estatales para proteger la vida de las mujeres, expuso Juliana García Quintanilla de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos.

“Lo que está sucediendo con una alerta de más de cuatro meses, es continuar atendiendo lo que señalaron las recomendaciones. Esto es talleres, capacitación, difusión, pero esto debió haber sido la etapa previa a la Alerta, cuando ésta, finalmente se emite. La Fiscalía no está atendiendo las carpetas de investigación para encontrar y castigar a los culpables conforme a los delitos de feminicidios”, dice.

ASESINATOS QUE NO PARAN

Al 16 de diciembre, la secretaria técnica de la Comisión Estatal para la Prevención de Violencia de Género en Morelos, Iraís Ortega Zúñiga, informó que este año se han registrado 48 feminicidios, de los cuales, al 16 de diciembre, 20 sucedieron después de que se declarara la AVG.

De acuerdo con el Inegi, entre el 2011 y 2013, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres fueron Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y Estado de México.

Cuando las organizaciones civiles de Morelos solicitaron la AVG, en el 2014, la entidad reportaba 530 casos en diez años, ésta no fue concedida en su momento, para febrero del presente año, se habían sumado 103 casos más, para dar un total de 633 casos, registrados en el informe titulado “Sombra”, publicado en marzo por la comisión.

Por su parte, la violencia en la entidad también aborda las desapariciones. La semana pasada, el Senado de la República emitió un punto de acuerdo para que el Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu informe sobre las detenciones que se realizan de forma arbitraria, por no cumplir con los protocolos del artículo 16 de la Constitución, que manda a presentar a los detenidos ante el Ministerio Público (MP).

“Estamos preocupados porque en Morelos hay muchas desapariciones forzadas. Acaban de aparecer fosas clandestinas en la comunidad de Tetelcingo, en Cuautla, Morelos”, advirtió el Senador de Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fidel Demédicis Hidalgo.

García Quintanilla expuso que las autoridades aún no han atendido la problemática en los puntos señalados por la AVG, que enfatiza que son 24 colonias de los ocho municipios las que concentran los mayores indicadores de violencia hacia las mujeres.

“Hemos señalado bares, y no se han clausurado, aunque tengan señalamientos de feminicidios. Una cosa es el discurso y otra es la realidad. Siguen siendo víctimas, con todo y la Alerta que tenemos”.

NUEVO FOCO DE VIOLENCIA

Mientras la alerta no ha terminado por funcionar en Morelos y Estado de México, organizaciones civiles de Quintana Roo presentaron, formalmente, el 4 de diciembre la solicitud para que dicho mecanismo sea declarado a raíz de la ola de homicidios a mujeres del último trimestre del año.

El OCNF ha dicho que uno de las dificultades más grandes para trabajar en este tema es la falta de datos públicos. Tan sólo en Cancún medios locales han reportado que se han presentado en lo que va del año once muertes de mujeres por violencia de género, de las cuales ninguna ha querido ser reconocida por las autoridades como feminicidio.

El 12 de noviembre, encabezados por la Diputada Isaura Ivanova Pool Pech, los integrantes del grupo parlamentario del PRD propusieron un punto de acuerdo, para que la Cámara de Diputados se pronunciara a favor de la declaración de la AVG en Quintana Roo.

La propuesta presentada detalló que si bien es cierto que dos de cada 10 homicidios dolosos contra mujeres en el país ocurren en el Estado de México, su tasa de incidencia es de 1.3 por ciento por cada 100 mil habitantes, mientras que la de Quintana Roo era de 13.7 por ciento, 10 veces mayor considerando el volumen de la población de cada estado.

Según el OCNF, la entidad sumó 65 asesinatos de mujeres en 2014 y 2015, de los cuales, el 68 por ciento sucedió en Cancún.

“Como sociedad civil vemos características de feminicidio en los crímenes. Este delito se encuentra en nuestro Código Penal de Quintana Roo, y creemos que varios de estos asesinatos llenan estos requisitos, para que pudieran ser, si no declarados feminicidios, sí investigados como tal”, dijo Rosario Pereira, representante del Consejo Estatal de las Mujeres de Quintana Roo A.C.

No obstante, el Código Penal cojea desde el 24 de mayo del 2012, cuando el Congreso del estado emitió un decreto para modificar diversos artículos del Código Penal y tipificar el feminicidio. El artículo 89 bis dejó un obstáculo dentro de la tipificación de este delito. En las fracciones de la uno a la seis las describe que una de las razones para declarar un feminicidio es que existan antecedentes de que el asesino haya ejercido acoso u hostigamiento a la víctima.

Con este marco jurídico, el Procurador Gaspar Armando García Torres reportó en una conferencia de prensa que para el 2014, sólo había un caso de feminicidio en la entidad.

“No hemos tenido casos que pudiéramos catalogar como feminicidios. Porque nosotros no hacemos, incluso cuando tenemos un hecho aunque sea violento, porque corremos el riesgo de que si no se dan los elementos de feminicidio como tal, puede el acusado obtener su libertad”, dijo a principios del año pasado.

De acuerdo con las organizaciones civiles que componen la Red de Feministas Peninsulares, las autoridades estatales se han centrado meramente en medidas correctivas, en vez de preventivas.

“Hay una negativa total de que se reconozcan los feminicidios. Ahora si los protocolos se están siguiendo o no, ese es otro tema. Porque sabemos que la sola detención de una persona que se confiesa como autora no basta para que sea una investigación. Se están implementando medidas sólo correctivas, no sólo hablamos de las violencias que terminan en una asesinato, sino las de tipo de sexual, violaciones, de tipo familiar, las que llamamos violencias feminicidas, y en ese sentido hay una problemática muy grande”, dijo Pereira.

LA OTRA CIUDAD JUÁREZ

Otra de las razones para no hablar del tema fue señalada en el marco el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por la Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Díaz Lizama.

“El Gobierno de Quintana Roo se ha limitado a decir que son casos aislados y que no se pueden considerar como feminicidios porque afectaría al turismo. Nada más injustificado que el argumento que da el gobernador”, dijo.

Quintana Roo es el primer destino turístico de México. Datos de la Secretaría de Turismo refieren que dado un alto volumen de reservaciones, este año cerrará con una derrama histórica de poco más de ocho mil 200 millones de dólares.

Tan sólo en el primer cuatrimestre del año, Quintana Roo recibió tres millones 740 mil 497 turistas, 5.9 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, cuando ya se había impuesto un récord.

Este contexto ha hecho, sumado a la impunidad que existe, de acuerdo con legisladores, que las bandas criminales operen con libertad para cometer delitos relacinados con la trata de personas.

“A pesar de que no existen datos oficiales pero se tiene el conocimiento que son varios miles por año; conducta que esta relacionado con el turismo sexual; y el más terrible de los casos es la trata local o sexo comercializado dentro de los hogares consistente en que los mismos padre o familiares ofrecen a sus vástagos a cambio por unos pesos por trabajo y servicios sexuales”, expuso la Senadora del PRD por Quintana Roo, Luz María Beristain Arrete, en una propuesta de punto de acuerdo, para pronunciarse a favor de la AVG en la entidad, presentada el 3 de noviembre.

De acuerdo con la propuesta de Beristain Arrete, el incremento de varios delitos en la entidad está ligado a la presencia del crimen, lo que ha derivado en prácticas misóginas de violencia, “por lo que algunos investigadores consideran a Cancún ‘la otra Ciudad Juárez’”.

En el tema de violaciones, el proyecto ciudadano Semáforo Delictivo, que se alimenta de denuncias y datos oficiales, reporta que Quintana Roo ocupa el primer puesto de incidencia de este delito a nivel nacional, con 487 casos en los primeros once meses del año.

En muchos casos, estos delitos son la antesala de la muerte. En Cancún, el domingo 18 de octubre, Rebeca Rivera Neri, de 24 años, fue encontrada estrangulada en una zona de departamentos del fraccionamiento Paseos del Mar.

Tenía golpes salvajes y el rostro destrozado. Ella integraba el fenómeno de migración interna que acude a Quintana Roo en búsqueda de mejores oportunidades, venía de Veracruz y trabajaba en Playa del Carmen. El peritaje refirió que tenía signos de haber tenido relaciones sexuales antes de la muerte, y en base a esto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) desarrolló la hipótesis de que, presumiblemente, conocía a su asesino.

Otro caso ocurrió en abril, cuando la niña María Fernanda Vargas Sánchez, de 13 años, fue violada y asesinada a golpes con un picahielo. Por su desaparición se lanzó la alerta Amber. Doce horas después fue encontrada en un camino de terracería frente al mismo fraccionamiento donde apareció Rebeca Rivera.

La PGJE basó su investigación en la hipótesis de que el crimen fue cometido por un drogadicto. Y siete meses después, la PGJE detuvo a Luis Enrique Meza Calderón “El Peke” en Acapulco, Guerrero.

El sujeto, cuya edad no fue revelada, pero en apariencia está en sus treinta, aceptó que él fue quien asesinó a la menor cuando se encontraba bajo los influjos de varias drogas. Se le investigó por homicidio grave y no por feminicidio porque no se trató de un asesino serial.

“Las autoridades no están investigando feminicidios, sino homicidios. Las autoridades no han aceptado ninguno de estos casos como tal. Han iniciado un proceso de mando único. Han capturado a algunos sospechosos en este 2015, ya hay cuatro”, refiere Pereira.

Una de las exigencias presentadas el 4 de diciembre en la solicitud de la AVG fue que la Secretaría de Salud estatal y la PGJE cooperen para tener información sistematizada y desagregada sobre la atención que se brinda a las víctimas de violencia sexual, como lo establece la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046, que data del 2005.

“Hoy no hay esa información, ni relación entre las autoridades, y eso afecta a que no tengamos estadísticas claras en nuestro municipio, y todos sabemos que sin información no se pueden aplicar las medidas correctas”, expresa Pereira.

Asimismo, las organizaciones civiles pidieron la implementación de un mecanismo de reacción y búsqueda de mujeres desparecidas dentro de la solicitud de AVG que ahora deberá evaluar un grupo de seis expertos, entre académicos, ciudadanos y autoridades, que se integra mediante una convocatoria de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), instancia creada el mes de junio de 2009 como un compromiso del Gobierno federal para cumplir con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“No contamos con ese mecanismo de desaparecidos en nuestro municipio [Benito Juárez]. Y sobre todo algo muy importante y estamos haciendo hincapié es la puesta en marcha del edificio del Centro de Justicia para Mujeres. Le han invertido recursos desde el 2013, y tenemos año y medio en el que está abandonado y es donde se concentran las denuncias por violencia de género”, expresa la activista social.

Datos del Inegi, dados a conocer en junio del 2013 sobre las desapariciones en México entre el 2006 y 2012, apuntan a Quintan Roo con la tasa de incidencia más alta, con 74.2 casos por cada 100 mil habitantes, sólo seguido por Tamaulipas, con 54.8, y Sinaloa, con 50.9.

La entidad gobernada por el priista Roberto Borge Angulo registra la tasa más alta del país de desaparecidas, con 22.1 por cada 100 mil habitantes, mientras que la incidencia en los hombres ahí es de 9.6 por cada 100 mil habitantes.

El 1 de noviembre, cinco mil habitantes de Cancún marcharon para reclamar más seguridad a las autoridades y también exigieron que se declare una alerta de género en este destino turístico, ante los continuos casos de mujeres asesinadas.

Los manifestantes repudiaron los crímenes y exigieron justicia para casos notorios, como el de Karen Carrasco Castilla, de 19 años, una estudiante de la Universidad del Caribe, violada y asesinada, que fue encontrada el 27 de octubre en un en un área verde de la Avenida Chac Mool, en la Región 217 de la localidad.

Los inconformes, quienes marcharon desde el Malecón Tajamar con rumbo al Palacio Municipal, reclamaron más seguridad en el lugar bajo consignas de: “Si no pueden, renuncien”. Sin embargo, un día después la PGJE identificó a una nueva víctima, era Rebeca Rivera Neri.

SEGOB INCUBRE VIOLENCIA

También a nivel federal, la Secretaría de Gobernación (Segob) apela al silencio, denunciaron organizaciones civiles, después de que la dependencia impugnara un amparo en el que una Juez mandaba al Estado de México a ofrecer una disculpa pública por el retraso de cuatro años en la declaratoria de la AVG, un compromiso de que no volverá a suceder y la publicación de cifras confiables.

A través de un recurso de revisión, la Segob puso en jaque la resolución de la Jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, que había sido otorgada a la Asociación Civil Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH).

“Nos deja muy consternadas porque el cumplimiento de esta sentencia era un acto de voluntad política. Era necesario que el Estado mexicano, en lo particular el sistema, y el Estado de México, cumplieran con esta sentencia”, señala a SinEmbargo Nayomi Aoyama González, abogada de la CMDPDH, la semana pasada, cuando recibió la notificación de que la Segob, en su calidad de presidente Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, había intercedido.

La AVG fue solicitada desde el 2010, después de una ola de violencia en la entidad en contra de las mujeres. Ya que entre el 2005 y el 2010, se reportaron 922 casos de homicidios con características feminicidas cometidas en dicha entidad.

El abogado René Sánchez Galindo, quien lleva varios casos de organizaciones civiles, afirma que la resolución de un recurso de revisión en este tipo de casos tardar de entre tres meses a un año, en promedio.

Por su parte, Rodolfo Domínguez Márquez, abogado del Observatorio Nacional del Feminicidio, lamenta la renuencia de las autoridades a interponer este recurso de revisión, y destaca otros compromisos que el amparo otorgado incluía.

“También llama a la Procuraduría del Estado de México (PGJEM) a hacer una disculpa pública, porque determina que es una omisión de parte de la procuración de Justicia “Se señala al Procurador como una persona que, a pesar de que se le solicitó información estadística sobre la situación de feminicidios en el estado, se negó a proporcionarla a pesar de que había un mandato judicial, y por tanto el incurrió en un desacato de autoridad judicial y eso también le derivó en una responsabilidad”, dice.

Sin embargo, lejos de ofrecer una disculpa, las autoridades del Estado de México se adjudican avances recientes en la entidad, así lo expuso recientemente el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Alejandro Jaime Gómez Sánchez, durante su comparecencia en el Senado para competir por un puesto como Ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“La Procuraduría General de Justicia del Estado de México, es de las pocas instituciones que cuenta con una Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género que atiende, entre otros, los casos de feminicidio, trata de personas; y de personas desaparecidas, ausentes o extraviadas”, expuso Alejandro Jaime Gómez Sánchez el 24 de noviembre.

“He impulsado el establecimiento de Centros Integrales de Justicia para las Mujeres y la implementación del Protocolo Alba para la búsqueda y localización de mujeres desaparecidas. Acorde con las resoluciones judiciales, he contribuido, desde mi posición actual como Procurador, a la expedición del protocolo de investigación de feminicidios, y normas de actuación interna para que toda muerte violenta de mujer, sea investigada, desde los primeros momentos, bajo la perspectiva de género”, agregó

La organización civil Solidaridad por las Familias expuso que este 2015 las autoridades del Estado de México cierran con un “fracaso” en las políticas públicas para atender la violencia a la mujer, por lo que deberían de renunciar varios de ellos.

“Hemos visto la intervención de la delincuencia y de los grupos de poder del Estado de México en la sustracción de personas, la omisión por parte de la Procuraduría del Estado de México de no actuar”, afirma el director de la organización, David Mancera.

“Un buen cambio de timón para terminar el año sería el relevó del Procurador de Justicia del Estado, y de la misma Dilcya [García Espinoza, subprocuradora para la Violencia de Género] y Guillermina [Cabrera Figueroa, subprocuradora para Delitos de Trata ]”, agregó.