En 2006, el periodista José Reveles –Premio Nacional de Periodismo– advertía con documentos y testimonios de primera mano sobre las complicidades entre legisladores panistas y el Poder Ejecutivo, que permitieron el robo de recursos públicos destinados a los mexicanos más pobres y que terminaron como parte del financiamiento de campañas políticas.

En su más reciente libro, Las manos sucias del PAN, lanzado por Grupo Editorial Planeta bajo el sello TEMAS DE HOY, Reveles afirma que seis años más tarde, Josefina Vázquez Mota, protagonista de varias de esas historias de desvíos de fondos y de escándalos por uso de información privilegiada desde al poder, “aspira a encarnar la continuidad de los regímenes de un partido que dilapidó la esperanza ciudadana, durante una alternancia que pudo haber colocado a México en la ruta del un desarrollo justo y solidario”.

Con la autorización de la editorial y del autor de Las manos sucias del PAN, presentamos a los lectores de SinEmbargo.mx el capítulo 11, uno de los 22 que componen este libro, y que detalla los abusos y el robo de funcionarios panistas a mexicanos de las regiones más pobres del país.

11. Robos en despoblado y con impunidad

En carta dirigida a Javier Usabiaga Arroyo, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el 23 de agosto de 2005, Jorge Luis Preciado Rodríguez y 65 diputados panistas de plano no escondieron sus intenciones:

Del monto total de 900 millones que pretendían operar, en ese momento le pedían 100 millones para Fomento y Desarrollo Acuícola, otros 20 millones para 20 proyectos dentro del Programa de Apoyo a Organizaciones Sociales Agropecuarias y Pesqueras (Prosap), 70 millones para inversión y capitalización de los Productores de Caña y sus Organizaciones, 7 más para capacitación regional .

Era tan burda la ordeña, esa sí organizada, de recursos públicos, que basta citar cómo nueve diputados solicitaban, cada uno, un millón de pesos para cada propuesta de Prosap que representaban.

No importaban característica, lugar, condiciones propias del proyecto, materia del mismo, número de beneficiados o tamaño de la empresa: 20 proyectos, 20 millones.

Daba lo mismo la “reconversión productiva para la producción comercial de ovinos en la región del altiplano potosino”, del diputado Alvaro Elías Loredo (presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en semanas previas a la elección presidencial), que el “desarrollo de la cadena productiva porcícola en la región norponiente del Estado de México”, de la diputada Patricia Flores .

Tenía idéntico costo la “ovinocultura industrial a través del establecimiento de una cadena económica en la región Huasteca Veracruzana”, del diputado Sergio Penagos, que “el desarrollo de la cadena productiva porcícola en la región norte de Jalisco”, del diputado José Luis Treviño .

Cada petición, sin variar un ápice, reservaba 500 000 pesos para la “formulación de estudios y proyectos” y otro tanto para “fortalecimiento de la organización” .

Así han operado los panistas, sin la más mínima ética y con subterfugios legaloides, con una pésima cobertura burocrática que no logra ocultar los desvíos, en sinergia con el gobierno federal.

Solamente en este contexto pueden explicarse casos extremos de uso abusivo de recursos —para Rippley— como los que a continuación documentamos aquí:

1. Hay un diputado federal que gestionó —y obtuvo— 3 .8 millones dentro del programa alianza para el campo para el subprograma de Fondo de Capitalización para Maquinaria del Sector Cañero .

El legislador es Diego Palmero Andrade, a la vez dueño de una empresa que comercializa maquinaria. Se autocompró dos alzadoras, dos cosechadoras y cuatro tractores. Y los instrumentos de trabajo jamás llegaron a campesinos supuestamente agrupados en el Consejo de Productores Cañeros en Acción Rural, A.C.

Ese Consejo de Productores Cañeros, fundado en agosto de 2004, tiene como presidenta a Francisca Muñiz Delgado, esposa del diputado.

El suplente es Jorge Palmero Andrade, hermano del diputado. La tesorera es Ana Esther Mallard Palmero, sobrina del diputado.

El secretario general, Efraín Licona Méndez, chofer del diputado.

Y una de las vocales se llama Carla Palmero Muñiz, hija del diputado Palmero y de Francisca Muñiz.

No fue ese el único recurso aportado por el gobierno a las organizaciones de Palmero. Además de Sedesol, después Reforma Agraria le entregó otros dos millones para nueve proyectos Promusag (para la mujer) y dos Fappa (de apoyo a proyectos productivos agrarios) .

Los primeros nueve se asignaron, con cantidades que fluc-tuaron entre los 100 000 y los 127 000 pesos cada uno, para explotación de cerdos y de ovinos .

Pero solamente las dos restantes importaban un millón de pesos. Eran 500 000 pesos para Jorge Palmero Andrade (su hermano) y otro tanto para Giovanni Palmero Arciga (su sobrino) quienes operaron el recurso a través de los membretes Grupo Promotor de Cañeros por el Cambio y Grupo de Fruticultores del Sureste S.C. de R.L .

En la carta que dirigió el 27 de septiembre de 2005 a Rolando Ocampo Alcántar, subsecretario de Política Sectorial de la SRA, el diputado Preciado Rodríguez le solicitaba agilizar la autorización de los proyectos Fappa y Promusag, de los cuales “hasta el momento no tenemos respuesta”. Allí incluía 13 y 9 respectivamente gestionados por Palmero —logró se le autorizaran 2 y 9—, dentro de un total de 476 solicitados por 17 diputados panistas de otros tantos estados del país.

Sólo que a la hora de justificar gastos de “inversión”, el diputado Palmero y familia metieron facturas del restaurante Monte Albán, los hoteles Revolución y Terraza del Sol, la gasolinera Cossy, San Fer Publicidad, Cecesi Computadoras y Corporativo de Papelerías Orp@mex . Todos los recibos están fechados en los últimos tres días de diciembre de 2004 y algunas de esas facturas son apócrifas.

El colmo son un altero de recibos que amparan honorarios de 10 000 y 20 000 pesos “por concepto de apoyo económico por compensación en la prestación de servicios profesionales independientes”, firmados tanto por el chofer como por los familiares del legislador federal.

Todo esto lo saben las secretarías que liberaron esos recursos. Pero no hay indagatoria alguna sobre tan palmarias irregularidades.

Claro que el panista Diego Palmero Andrade no es un ciudadano común: es secretario de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados .

2. Todos los pobladores de San Miguel Quetzaltepec, en la sierra mixe de Oaxaca, fueron víctimas de uno de los más inmorales atracos a los depauperados en extremo con la engañifa de darles materiales para construcción y otros beneficios.

El autor intelectual y material de este crimen de lesa pobreza se llama José Humberto Amador Reyes, a quien la organización prestanombres para desviar 55 millones de pesos (Huehuetépetl Comunitaria) comisionó para la entrega de ayudas en especie para vivienda rural en San Miguel Quetzaltepec, en Huautla de Jiménez, Ayutla, Chiltepec y otras comunidades oaxaqueñas, pero también en Ixhuatlán de Madero, en el Limón y en poblados que rodean Tantoyuca, en el norte de Veracruz.

Es tan evidente la miseria en San Miguel, que cuando llegaron allí los técnicos encargados de levantar censos de posibles beneficiarios de ayudas federales decidieron meter al padrón a todos los indígenas y campesinos del lugar, unas 300 familias.

Amador Reyes les exigió 2 500 pesos a cada una de ellas para conservarlas en el padrón, les dio un número de cuenta para que le depositaran (hay dos recibos firmados por él en los que admite haber recibido 279 000 pesos) y luego les hizo firmar recibos oficiales en blanco, con los cuales quiso justificar ante las autoridades federales que les entregó láminas, tabiques, cemento, varilla, armex (castillos prefabricados) y otros implementos.

Ni un ladrillo se había entregado en San Miguel todavía en mayo, tres meses después de que se liberó el recurso.

Similar dosis de corrupción aplicaron los operadores de Huehuetépetl en comunidades de Tuxtepec y Santiago Etla, en donde el regidor panista Fernando Guerra Beltrán hizo un negocio redondo:

Puesto que es dueño de constructoras, distribuidor de materiales y dueño de una fábrica de grava, en vez de cemento, varilla, lámina de zinc y armes, de carretillas o tabiques, estuvo entregando solamente grava y arena y recabando firmas como si cada campesino hubiese recibido 10 700 pesos de materiales .

En Ixhuatlán de Madero, una mujer, Felipa, fue fotografiada con las dos láminas acanaladas que le entregaron los operadores de Acción Nacional. No valen ni 500 pesos pero la aportación que le autorizó Sedesol fue de 10 700 pesos .

Otro indígena posa en una fotografía, con cara de resignación, junto a 500 blocks de ínfima calidad y dos bultos de cemento. A él le correspondían 24 800 pesos y lo que recibió vale 15 veces menos.

3. Los habitantes de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, pudieron ver una camioneta Hummer estacionada en el rancho del operador Alfonso Barragán Galindo. Adquirió el vehículo con recursos del erario destinados a esa población, los cuales no repartió, dándole un golpe directo en el rostro a la pobreza.

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