La investigación sobre presuntas irregularidades en la obtención de conceptos médicos y juntas médicas en el servicio de salud para los miembros del ejército, se inició en 2013 con el apoyo de la Fiscalía General.

La operación denominada “Honor”, permitió neutralizar “dos redes que cobraban, ilegalmente, pensiones de invalidez a las que no se tenía derecho por parte de algunos miembros del ejército”.

Según el ejército, “las redes traficaban conceptos médicos falsos que permitían la realización de juntas médicas laborales, a través de las cuales se lograba el reconocimiento e incremento de pensiones por invalidez e indemnizaciones fraudulentas”.

Estos actos de corrupción “generaba grandes sumas de dinero para intereses particulares, afectándose de esta forma el bienestar de los miembros de la institución”.

La red estaba conformada por 35 personas, entre los cuales se encuentran 17 militares activos, 15 militares en uso de retiro y dos especialistas externos y un civil al servicio del ejército.

Este grupo de militares y civiles, fueron “requeridos por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad ideológica, prevaricato por acción y omisión, y peculado”.

Las redes cobraban unos 10 mil dólares, por cada trámite para la obtención de certificados de altos índices de discapacidad, que permitieran mayor reconocimiento de indemnizaciones, y 20 mil dólares, por obtener altas pensiones.

El Comando del Ejército Nacional condenó “estos hechos y reitera que no tolerará ningún caso de corrupción donde se encuentre vinculado alguno de sus integrantes”.

Anunció que tomará “medidas anticorrupción y aplicar reformas profundas al sistema de salud, con el propósito de garantizar el acceso real a la provisión de servicios oportunos y de buena calidad para todos los usuarios de la Sanidad Militar y satisfacer las necesidades de nuestros beneficiarios”.