En La farsa detrás de la guerra contra el narco, su autora Nancy Flores sintetiza el espíritu crítico, agudo y escéptico de muchos mexicanos que escuchan con desconfianza el espíritu triunfalista del gobierno que busca vender la idea de que la lucha contra el narcotráfico es total y está dando buenos resultados”, expone Jorge Luis Sierra. Esta investigación acuciosa sobre la estrategia implementada desde 2006 por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, nos da idea también de cómo se ha convertido en una herramienta política. Con el permiso de la Editorial Océano presentamos a los lectores de SinEmbargo.mx fragmentos que componen la primera parte de este libro y que lleva por título “DATOS VS. DISCURSOS”.

 

1. LOS ENEMIGOS PÚBLICOS

Buscados, capturados, encarcelados, liberados

Tres pequeñas imágenes oscuras de un hombre afeitado al ras (el rostro serio, impenetrable, los labios apretados a tal punto que su boca se funde en una línea recta) ilustran un premoderno cartel como el que se imprimiera en los primeros años del siglo XX para buscar al revolucionario Francisco Villa. Al igual que el de antaño, en éste se ficha a un mexicano, aunque ahora se trata del delincuente más buscado del mundo según el gobierno de Estados Unidos: Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Retratado en tres momentos, el narcotraficante mantiene muy abiertos los ojos, inexpresivos, ausentes. Si este hombre de 55 años fuera un desconocido, nadie imaginaría que detrás de él se alza una gran empresa criminal, descrita por las autoridades como la más poderosa del continente americano.

Más que las viejas fotografías, que sólo encuadran el semblante del delincuente, destacan una leyenda escrita con mayúsculas (“REWARD”) y el monto de la recompensa que se ofrece por información que lleve a su captura: 5 millones de dólares. Nada parece más alejado del crimen que esas vetustas imágenes exhibidas en el sitio electrónico de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés).

El anticuado diseño del letrero contrasta con la sofisticada red de contactos que se teje alrededor de México y del mundo para garantizar los multimillonarios negocios del cártel de Sinaloa. Tan compleja como refinada, esa red también se contrapone a la guerra que el gobierno federal libra en contra del tráfico de narcóticos.

Las imágenes del Chapo ilustran no sólo las propagandas gubernamentales, también las estadísticas de la impunidad: al menos de 2007 a 2011, ni la guerra ni los recursos millonarios destinados a ésta lograron la captura del criminal y menos fueron capaces de frenar su negocio. Pero el meollo no es sólo la libertad que gozó en ese tiempo Joaquín Guzmán Loera: en general, los señalados como “enemigos públicos” por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa no van a la cárcel.

Mientras que la industria del narcotráfico está en ascenso, sus estructuras permanecen casi intactas: entre diciembre de 2006 y febrero de 2010, siete cárteles vigentes registraron apenas 1306 bajas por prisión. Sus filas, se calcula, están nutridas por unas 500 mil personas, sin contar a los políticos y empresarios que cooperan en alguna parte de la cadena delictiva.

El dato obtenido de los archivos de la Procuraduría General de la República (PGR) dista de aquella cifra de las 121199 personas detenidas –entre diciembre de 2006 y febrero de 2010– por presuntos vínculos con el crimen organizado que el Ejecutivo federal informó a legisladores mexicanos el 12 de abril de 2010. Miles y miles de detenidos que también se anuncian en los promocionales que el gobierno transmite por los medios masivos.

Hemos detenido o abatido a líderes del más alto nivel de las estructuras criminales. En tres años y medio han caído 125 líderes y lugartenientes, y 5108 sicarios han sido capturados, además de miles y miles de cómplices. Todos estos datos no tienen precedente en el país en el combate a las organizaciones criminales. Tan sólo este año, han sido capturados o abatidos tres de los más importantes líderes del crimen organizado en el país…

FRAGMENTO DEL MENSAJE DEL PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN, CON MOTIVO DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO, 2 DE SEPTIEMBRE DE 2010.

Lejos de esas capturas que el gobierno cuenta por miles, las autoridades sólo han sido capaces de elaborar fichas informativas. Una pila de expedientes –que de manera oficial encabeza el sinaloense Guzmán Loera– con nombres, fotografías y datos descansan en los archivos de las instituciones de procuración de justicia. La información de la inteligencia nacional poco ha servido para detener a los criminales y desarticular sus bandas. La campaña contra las drogas en México sólo ha detenido o abatido a 13 supuestos capos, varios de ellos en desagracia dentro de sus propias organizaciones: Sandra Ávila Beltrán La Reina del Pacífico; Alfredo Beltrán Leyva El Mochomo; Jaime González Durán El Hummer; Vicente Zambada Niebla Vicentillo; Gregorio Saucedas Gamboa El Caramuela; Vicente Carrillo Leyva; Arturo Beltrán Leyva El Barbas o El Jefe de Jefes (asesinado); Eduardo Teodoro García El Teo; Ignacio Nacho Coronel Villarreal; Édgar Valdez Villarreal La Barbie; Sergio Villarreal Barragán El Grande; Arturo Ezequiel Cárdenas Guillén Tony Tormenta; Martín Beltrán Coronel El Águila.

Esos 13 líderes –cuya fama, en su mayoría, fue creada por la propaganda gubernamental hecha tras su captura– y sus 1 306 lugartenientes consignados son los resultados del plan que emplea a más de 70 mil soldados y marinos en la seguridad pública. En términos estadísticos, para la detención de cada uno de esos capos se necesitaron 5 384 militares; y por cada 53 efectivos del Ejército y de la Secretaría de Marina enrolados en la guerra se generó una consignación exitosa de sus cómplices, ahora procesados judicialmente por delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Respecto de los más de 50 mil civiles ejecutados entre 2007 y 2011, los números son distintos: dos acribillados por cada tres militares involucrados en la estrategia antidrogas. Esto, sin que hasta ahora se hayan esclarecido los crímenes y, menos, demostrado que todos los caídos tenían relación con la delincuencia organizada.

Eduardo Teodoro Simental, alias El Teo, líder del cártel de los Arellano Félix, principal colaborador de Joaquín El Chapo Guzmán. Se le atribuyen más de 600 ejecuciones con métodos sanguinarios, como la incineración, mutilación y decapitación; y era jefe del Pozolero. Gracias a los trabajos de inteligencia, la Policía Federal logró ubicarlo, y fue capturado en un operativo conjunto con el Ejército, la Armada y la PGR. Hoy está tras las rejas. Trabajamos con fuerza por tu seguridad. Gobierno Federal.

PROMOCIONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSMITIDO EN MEDIOS ELECTRÓNICOS EN 2011

Según la propaganda del gobierno, los presuntos criminales controlaban el negocio hasta antes de su captura. El efecto buscado, sin duda, es el de colocar en el imaginario colectivo la idea de que la campaña antidrogas es exitosa. Sin embargo, las verdaderas estadísticas de la PGR revelan que los 1 306 consignados entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 –que tienen vínculos comprobables con algún cártel de la droga– representan apenas 1.12 por ciento de los 121 199 que, para ese mismo lapso, reportó el presidente Felipe Calderón a los legisladores federales.

En sus respuestas a 13 solicitudes hechas con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el abogado de la nación reconoce que no todos los detenidos a los que se les pudieron comprobar nexos con los cárteles de la droga fueron encarcelados: antes de ser enjuiciados por sus crímenes, 165 de esos delincuentes quedaron en libertad. De acuerdo con la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010 se consignaron 47 021 averiguaciones previas por delitos contra la salud; 123, por delincuencia organizada, y dos, por operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero. La información de la PGR también descubre que hay cientos de civiles encarcelados por esta guerra sin que se les comprueben vínculos con los cárteles.

La contradicción de los números podría implicar que 119 840 detenidos o más representen la cadena más débil de la delincuencia: narcomenudistas, consumidores, burros (personas en pobreza utilizadas para transportar pequeñas cantidades de droga a cambio de un pago), campesinos… Pero, incluso, podría significar el encarcelamiento de civiles inocentes.

La realidad de los consignados

Las respuestas de la PGR revelan que el cártel del Golfo era la prioridad en materia de combate, cuando éste aún mantenía a su brazo armado, Los Zetas. A la organización de los legendarios Juan García Ábrego y Osiel Cárdenas Guillén, los primeros cuatro años de guerra le significaron 609 consignados. En ese tiempo, la organización del Golfo representaba la peor amenaza para el cártel de Sinaloa.

Desde que arrancó la estrategia contra las drogas, el ahora poderoso grupo del Pacífico ha permanecido en la cima de los negocios ilícitos; su ascenso comenzó con la fuga de su líder, El Chapo Guzmán, del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, el 19 de enero de 2001. Nada ni nadie –ni siquiera sus enemigos reales o ficticios– parecen entorpecer su progreso: en materia de consignaciones, la PGR reporta únicamente 114 de sus miembros en la cárcel, entre diciembre de 2006 y marzo de 2010.

Pero la guerra no sólo ha perdonado a los integrantes de esta banda. Los cárteles de los hermanos Beltrán Leyva sólo cuentan con 223 consignados en ese periodo; La Familia Michoacana, 145; Tijuana, 135; Juárez, 78; Díaz Parada, uno; Valencia Valencia, uno. Del grupo Amezcua Contreras no se tiene un solo consignado. Consultoras de seguridad estiman que al menos unos 500 mil mexicanos están vinculados a los cárteles. Los 1 306 consignados representan 0.26 por ciento de esa cifra. Es decir: a los grupos criminales los integran 380 veces más personas que las que les han encarcelado.

Tan sólo en materia de impartición de justicia, el Consejo de la Judicatura Federal admite que sus juzgados de distrito dictaron apenas 735 sentencias de última instancia por el delito de delincuencia organizada, entre diciembre de 2006 y febrero de 2010. Estas sentencias firmes –que ya no se pueden apelar ante ninguna instancia judicial– significan 0.6 por ciento de las detenciones reportadas por la administración calderonista al Congreso de la Unión, en un documento confidencial dado a conocer el 14 de abril de 2010 por la agencia de noticias EFE.

De los 1 306 miembros de la mafia mexicana consignados en esas fechas, a 1 194 se les acusa por delincuencia organizada o delitos contra la salud. Los 112 restantes están señalados por la supuesta comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

–La guerra contra el narcotráfico es una decisión unilateral de [Felipe] Calderón, impuesta por las políticas del Pentágono para militarizar las instituciones de seguridad en México. Si realmente se quiere hacer una lucha en contra del narcotráfico, ésta es una decisión errada, porque el asunto no se resuelve [mediante] la fuerza, sino [con] políticas de carácter social –explica el general brigadier y politólogo Francisco Gallardo. Afirma que la estrategia tuvo por objeto “legitimar la llegada de Calderón al poder, en virtud de que fue impuesto por un golpe de Estado técnico militar a través del Estado Mayor Presidencial. El involucramiento del Ejército en la lucha contra el narcotráfico trastoca el orden jurídico e institucional del Estado mexicano: viola la Constitución”.

Para el especialista, la “labor real” de los 70 mil militares en las calles no es combatir al crimen, sino que es de tipo político: “Las Fuerzas Armadas se han dedicado a desarticular los movimientos sociales, a través de ejecuciones contra objetivos seleccionados, como el caso de Ramiro [comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente] en Guerrero, y de luchadores sociales en Chihuahua”.

–La violencia va de la mano de la impunidad. Ése es el principal problema en términos de seguridad y justicia en el país. Somos testigos de una acumulación acelerada de hechos de sangre sin que las más de las veces los culpables sean sujetos de proceso judicial –dice Carlos Flores, profesor asociado en el Center for Development and the Environment, de la Universidad de Oslo, Noruega. Agrega: “En otras tantas ocasiones, cuando los presuntos responsables son detenidos y sometidos a proceso, las instituciones son sospechosmente incapaces de respaldar con evidencias sólidas sus imputaciones. Esto es un problema sobre todo atribuible a las instituciones civiles de seguridad, pues ésa es su función sustantiva. Resulta en extremo contradictorio con los grandes presupuestos que reciben”.

Con la “guerra” no se ha logrado nada, señala Fernando García Cordero, miembro de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM: “No ha bajado la producción ni mucho menos el trasiego de estupefacientes. Al contrario, los registros, que están publicados en la prensa, demuestran que se han elevado. En México también ha crecido el consumo. La estrategia contra el narcotráfico ha sido contraproducente, es decir, ha prestigiado en los medios de comunicación a los narcotraficantes (Joaquín Guzmán Loera en la revista Forbes, por ejemplo), ha confirmado la ineptitud del gobierno para combatirlos y ha probado la frivolidad de las prédicas para inhibir el consumo”.

–Una guerra presupone un enemigo declarado. Aquí el enemigo es impredecible (además, ubicuo) y nunca ha hostigado, hablando en términos estrictamente militares, al Estado mexicano. Ésta es una guerra que, técnicamente, no lo es: [consiste en] utilizar al Ejército para realizar tareas que deben cumplir las policías. Tal vez esa utilización del Ejército sirva en el fondo para encubrir el fracaso y la complicidad de las administraciones federales y locales que viene de cinco sexenios atrás –advierte García Cordero.

–La estrategia del presidente Calderón es una farsa mediática. Está implementada a través de un criterio de mercadotecnia que no pretende desmantelar grupos criminales —observa Edgardo Buscaglia, experto en seguridad y asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El también académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México agrega que “98 por ciento de las detenciones por delincuencia organizada o asociación delictuosa se les cae [a las autoridades]. No hay un efecto punitivo, y sin ese efecto de castigo obviamente la delincuencia organizada sigue encontrando en México un paraíso patrimonial”.

Con base en la experiencia internacional, Edgardo Buscaglia sugiere cuatro medidas (“las cuatro ruedas”) para luchar “efectivamente” contra la mafia: desmantelamiento de las redes de lavado de dinero en los sectores político y empresarial, combate a la corrupción política, prevención social del delito y fomentar que sea la inteligencia civil la que realice las investigaciones en contra de los cárteles de la droga, con una dirección jurídica apropiada para que los procesos judiciales no fracasen.

Plantea, además, la posibilidad de que en México no se quiera terminar en realidad con el narcotráfico. “No pueden terminar con este problema o no quieren. En ambas cuestiones, el problema más grave es que con las medidas que están aplicando van a tener un resultado contraproducente y van a causar más violencia futura. El problema de la violencia en México no sólo es un asunto de cárteles, es un problema social. Y éste no se erradica con soldados”.

Golpeamos con firmeza y, subrayo, sin distingos a todas las organizaciones criminales. Tan sólo en este último año capturamos a setenta lugartenientes de todos los cárteles; es decir, más capturas de capos regionales en este año que todas las que solían hacerse en un sexenio completo.

El combate al narcotráfico es el combate a una poderosa vertiente financiera, logística y operativa del crimen organizado; pero, insisto, más que ser un fin último, es un medio indispensable para recuperar la seguridad de los ciudadanos, que es lo que medularmente nos importa…

FRAGMENTO DEL MENSAJE DEL PRESIDENTE FELIPE CALDERÓN, CON MOTIVO DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO, 2 de septiembre de 2009.

El senador panista Felipe González observa que hay opacidad en la información respecto de los detenidos que contabiliza el gobierno federal y los que verdaderamente están presos.

–Desde que comenzó la guerra al crimen organizado, nos dicen que han detenido a 80 mil personas relacionadas. [Sin embargo] en 2006 teníamos poco más de 200 mil detenidos en las cárceles del país y actualmente hay 230 mil detenidos. ¿Cómo es posible entonces que hayan detenido a 80 mil?

El presidente de la Comisión de Seguridad y secretario de la Comisión de Gobernación en la LXI Legislatura del Senado cuestiona: “El diferencial de diciembre de 2006 a diciembre de 2009 me dice que sólo hay 30 mil presos más. ¿Dónde quedaron los otros 50 mil presos?”.

–¿Están en la calle?

–Forzosamente. No están en las cárceles. ¿Por qué no están? ¿Quién los soltó? ¿El Ministerio Público, el juez? ¿O no llegaron ni siquiera al Ministerio Público cuando el Ejército o la Marina los entregó? Estamos ante un problema, y grave.

El senador González considera que el estado de derecho en México no se puede fincar en la impunidad: “Entonces las leyes nada más son para que las cumpla el más débil, el que menos influencia tiene o el que no tiene dinero. Eso no es posible en un país que se precie de moderno, al que estamos rescatando del flagelo de la delincuencia”.