P0r Lourdes Chávez, especial para SinEmbargo
Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo/ElSur).– Hace una semana, los gobiernos federal y estatal se comprometieron a trasladar “a la brevedad” a la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, del penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, a una prisión en la Ciudad de México, y ayer seguían esperando la noticia del traslado, denunció el abogado Leonel Rivero.
Aclaró que ese acuerdo fue en respuesta a la solicitud de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitidas hace tres meses, de garantías para resguardar su integridad y su vida, no por la huelga que hambre que comenzó la luchadora social hoy lunes hace 20 días por su libertad inmediata, y se mantiene.
En consulta telefónica, el abogado indicó que se esperaba que el traslado se realizara en cuestión de horas, pero aún no había fecha precisa.
En cuanto al llamado que Zaira Rodríguez, la hija de Nestora Salgado, hizo al fiscal general, Miguel Ángel Godínez, para que reciba a su abogado, informó que no han tenido respuesta. Estimó que para el funcionario el tema no es prioridad ante todos los problemas de inseguridad en el estado.
Sin embargo, señaló que los problemas “le han quitado objetividad” porque en su comparecencia en el Congreso local, declaró que Nestora necesitaba una defensa más activa, cuando los abogados no han desatendido el proceso legal, y la mesa política por su libertad, que tuvo mucha difusión, tampoco tuvo resultados.
Recordó que desde enero, la defensa está pidiendo una reunión con el fiscal para analizar la situación de cada proceso en su contra para intercambiar opiniones sobre las pruebas de cargos que sustenta la fiscalía para acusar a la luchadora social. Subrayó que muchas son ilegales conforme a los criterios de la Suprema Corte, y otras ni siquiera representan indicios de responsabilidad.
Denunció que la fiscalía ha mostrado total cerrazón, pero a la prensa como a la representación diplomática de Estados Unidos, les “han vendido la historia de que las que acusaciones contra Nestora están debidamente sustentadas con pruebas irrefutables, para ser congruentes como parte acusadora”.
Sin embargo, insistió en que los abogados están abiertos a discutir esa posición, y en los juzgados de Tlapa, entregaron pruebas para el desahogo con testimoniales, que se no han realizado porque las presuntas víctimas no se presentaron a los citatorios en dos ocasiones. Consideró incongruente que dos jóvenes que acusaron a Nestora de secuestro faltaron a una audiencia el 29 de enero, y dos días después exigen justicia en una conferencia de prensa en el Distrito Federal. Consideró que deberían ser las primeras interesadas en que sea juzgada.
Sobre la mesa política, señaló que el año pasado “se le dio mucha visibilidad”, hubo reuniones con el gobernador Rogelio Ortega, donde se habló incluso de la hipotética liberación”. Reconoció que el gobernador solicitó el desistimiento de las órdenes de aprehensión, pero no hubo resultados.
Aunado a las violaciones al debido proceso durante su aprehensión, consideró que lo más grave es que a un año y casi ocho meses de reclusión, sólo haya dos audiencias señaladas que no se hayan desahogado, “a este paso pueden transcurrir años” antes de que determinen una posible responsabilidad o no.
Incluso, indicó que propusieron realizar las diligencias a través de videoconferencias, desde Tlapa, pero en los juzgados dijeron que no tenían el equipo, y “no sé si en ánimo de buena fe, decían que la defensa alquilara esos equipos… pero demuestra la escasez (de recursos) que resulta una cuestión grave y como tal constituye violación al derecho constitucional”.
Insistió en que el aislamiento de Nestora en un penal federal es un obstáculo “prácticamente insalvable” que confirma la perversión del Estado para dejarla indefensa, así como a los demás presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera y Gonzalo Molina González, llevados a prisiones de máxima seguridad.
Confirmó que la luchadora social se mantienen en huelga de hambre por decisión propia.
