Por Inés García Ramos/Zeta
Tijuana, Baja California, 25 de junio (SinEmbargo/Zeta).– Durante dos años, el Arzobispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, tuvo conocimiento de señalamientos, acusaciones y denuncias en contra de sus sacerdotes por acoso sexual a menores y les permitió continuar dentro de la Iglesia, mientras víctimas, testigos y clérigos dieron cuenta de las acciones de los párrocos inculpados.
Tres investigaciones realizadas por diferentes instancias brindaron evidencia suficiente para que El Vaticano ordenara la suspensión temporal de siete sacerdotes. Cinco fueron removidos de las parroquias que dirigían y alojados en propiedades pertenecientes a la Iglesia, dos más continúan al frente de sus iglesias. La Arquidiócesis de Tijuana confirmó la suspensión de los padres Jeffrey David Newell, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación en Camino Verde; Enrique Tenorio Pérez, padre de la iglesia San Martín Caballero en la colonia Las Villas y Aurelio Castillo Aguilar, presbítero de iglesia Santiago Apóstol, en la colonia Reforma.
El Arzobispo Rafael Romo Muñoz explicó que del sacerdote Danilo Pietro Zanini aún no recibe instrucciones del Vaticano para suspenderlo, por lo que continúa en la parroquia San José de la colonia Durango.
Además negó que el párroco Carlos Castillo esté implicado en las investigaciones. Estos dos nombres aparecieron como presuntos pederastas en el blog “Dossier Tijuana: Santa y Pecadora” del laico Teodoro Uckerman, quien denunció el caso públicamente, denuncia que fue retomada por la prensa local.
Aunque es la primera ocasión que se suspenden a sacerdotes acusados de pederastia en la Arquidiócesis de Tijuana, monseñor Rafael Romo Muñoz, conoció del caso previo, un adolescente se le acercó para informarlo que un sacerdote lo había agredido sexualmente.
Romo Muñoz explicó que el sacerdote, “con quien antes no había hablado porque tenía poco tiempo aquí y él venía de fuera, se fue a su lugar [de origen]”. Esa fue la solución.
El líder de la Iglesia de Tijuana asegura que si el proceso no se siguió en el Ministerio Público –donde corresponde– fue porque el denunciante no quería dañar a la Iglesia.
ACUSADO EN LOS ÁNGELES, REFUGIADO EN TIJUANA
Jeffrey David Newell se ordenó como sacerdote diocesano la mañana del 9 de junio de 1990, en Los Ángeles, California. De origen alemán, pero ciudadanía norteamericana, el hombre alto, de cabello abundante, ojos verdes y robusta figura, era identificado como alegre y jovial.
Un año después, un estudiante universitario de 20 años, denunció a la Arquidiócesis de Los Ángeles, el abuso sexual que sufrió cuando Newell era seminarista, a finales de los ochenta.
El asunto fue tratado en privado por autoridades católicas, quienes acordaron con la víctima que Newell sería separado del sacerdocio y se le prohibiría estar en contacto con menores de edad.
En 1993, el padre Jeffrey Newell fue removido de la sede por no cumplir con un programa de tratamiento contra la obesidad y el alcoholismo, además de ser suspendido por “conductas sexuales con un adulto”, reporta la nota publicada por la agencia Associated Press en 2010, citando al vocero de la Iglesia de Los Ángeles, Tod Tamberg.
Sin embargo, en 2008, el denunciante encontró el perfil del padre Jeffrey Newell, en la red social MySpace. El padre aparecía en la iglesia ubicada en una esquina de la colonia Camino Verde de Tijuana, fotografiado con niños y entre sus amigos, figuraban varios adolescentes.
Entonces, el 22 de junio de 2010, el denunciante entabló una demanda en contra de la Iglesia de Los Ángeles por fraude al considerar que las autoridades religiosas cometieron fraude y negligencia al permitir que Newell continuara como sacerdote.
Ese año, las Arquidiócesis pertenecientes a California, enfrentaron diversas demandas por fraude, un segundo recurso legal utilizado por las víctimas, ya que el delito de pederastia tiene un año de prescripción. Se calcula que por el total de las denuncias, se pagaron hasta 800 millones de dólares como reparación de daños.
Zeta contactó a David Clohessy, director y vocero de la Red de Sobrevivientes de los Abusados por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), en Chicago, Illinois, quien en 2010 documentó el caso del sacerdote Jeffrey Newell.
“El padre Newell debió haber sido suspendido desde hace años. Obispos católicos en México y Estados Unidos, deberían sentirse avergonzados por haber permitido que este clérigo peligroso estuviese cerca de niños”, opinó el activista.
Con 23 años de existencia, SNAP reporta y da seguimiento a los casos de pederastia en Estados Unidos. David Clohessy inició la organización después de denunciar el abuso sexual del que fue víctima cuando adolescente.
“Es trágico porque estos crímenes devastadores pudieron haber sido prevenidos si las autoridades católicas en Los Ángeles y México, hubieran actuado responsablemente. Hay muchos recursos, como comunicados y páginas de Internet, que pudieron y debieron haber usado para advertir a las familias del padre Newell”, sostuvo.
La comunidad católica de Camino Verde, identifica al “Padre Jeff” como un sacerdote simpático. Es identificado por el laico Teodoro Uckerman, en su blog, como influyente y cercano al Arzobispo Rafael Romo Muñoz.
En 2010, el sacerdote expulsado de la Arquidiócesis de Los Ángeles, fue nombrado asesor de las comunidades de alianza en la Arquidiócesis de Tijuana. Es también el fundador de la Comunidad Koinonia, grupo perteneciente a la Iglesia Católica.
Incluso, conducía un programa de radio en el que participaban niños y adolescentes. Feligreses de la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, consultados por Zeta, atribuyen el cambio de párroco a cuestiones personales del “padre Jeff”.
Algunos sin conocimiento de las investigaciones que se desarrollan desde el Vaticano, esperan el pronto regreso del sacerdote. Otros, quienes saben de las acusaciones, le expresan su apoyo en las redes sociales.
“Dios y Santa María de Guadalupe lo defiendan ante estas acusaciones cunte (sic) con mis oraciones, si Satanás se lansa (sic) contra ellos el Señor los protejera (sic) solo que todos los santos sufren esos ataques como el padre Dios lo bendiga padre Jeffrey David todo saldrá beine (sic), escribió una mujer en la fotografía de perfil del sacerdote en Facebook, el 28 de mayo de 2014.
La Arquidiócesis de Tijuana, también le brinda su apoyo. “Tenemos que escucharlo a él…aquí no hay ninguna denuncia (penal) en contra de él, la gente lo quiere, lo admira, es un buen sacerdote, pero tiene esa circunstancia de años atrás, al parecer, no procedió en ningún lado esa demanda, pero se insiste en ese asunto”.
LA INVESTIGACIÓN
Entre junio y julio de 2012, Eduardo Ortiz, entonces rector del Seminario de Tijuana, comenzó a documentar los casos de presuntos abusos sexuales dentro de la Iglesia. A partir de acusaciones, señalamientos, sospechas y testimonios de víctimas y testigos, el clérigo preparó un expediente con los nombres de los sacerdotes acusados.
Este dossier fue entregado a la Nunciatura Apostólica en México, la cual, a su vez, lo hizo llegar a la Congregación de la Doctrina de la Fe en el Vaticano.
Tres meses después, en octubre de 2012, el Arzobispo de Tijuana, Rafael Romo Muñoz, fue notificado por el nuncio apostólico, Christoph Pierre, que los sacerdotes serían investigados por las acusaciones en su contra.
Fue Ulises Macías, Arzobispo de Hermosillo, Sonora, el designado por la Santa Sede como titular de la investigación. Desde ese momento, Romo Muñoz tuvo conocimiento de los casos que habían acontecido bajo su jurisdicción.
Preparado con un equipo de sacerdotes, el líder de la Iglesia de Hermosillo, inició las indagatorias hasta marzo de 2013, nueve meses después del registro de los casos.
Ya en Tijuana, el grupo de clérigos citó a los sacerdotes denunciados, revisó las observaciones y situaciones enviadas desde el Vaticano para cada uno de los casos. También se entrevistó con víctimas y testigos. Una semana después, partieron de regreso a Sonora.
Allá, con pruebas recabadas, los sacerdotes elaboraron el documento que enviaron hasta la Santa Sede –nuevamente a través de la Nunciatura Apostólica en México, en el Distrito Federal– y ocho meses después, en abril de 2014, el Vaticano notificó los resultados al Arzobispo Romo Muñoz.
Las averiguaciones previas encontraron evidencia suficiente para suspender temporalmente a los párrocos, a quienes se les separó de sus Iglesias. El 24 de abril de 2014, Monseñor Rafael Romo Muñoz, habló personalmente con cada uno de los implicados y les informó que de incumplir con las medidas cautelares establecidas, serían sometidos a otras penas.
Prohibido quedó ejercer el sacerdocio y, por lo tanto, los sacramentos. No podrían celebrar misa, ni escuchar confesión, tampoco acompañar a grupos apostólicos.
Una semana después se les ordenó redactar su defensa, la cual debería estar lista en un plazo de siete días, para ser remitida al Vaticano. La Arquidiócesis de Tijuana supervisó y revisó los escritos antes de enviarlos hasta Roma.
Luego, en mayo de 2014, el jefe de la Iglesia Católica en Tijuana se reunió con el Consejo Presbítero, para que los decanos anunciaran el relevo de las actividades de los siete implicados.
Ya que el fallo del Vaticano no es definitivo ni se ha emitido una sentencia final, la investigación podría prolongarse ocho meses más.
EL CASTIGO
De acuerdo al sexto mandamiento del Decálogo –las normas sustanciales de El Vaticano–, entre los delitos más graves contra la moral, se encuentra el “cometido por un clérigo con un menor de 18 años”.
Ahí mismo, se añade “la adquisición, retención o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores, de edad inferior a 14 años por parte de un clérigo” y se le atribuye “debe ser castigado según la gravedad del crimen, sin excluir la dimisión o la deposición”.
Luego, el Código de Derecho Canónico, ofrece efectos para esta suspensión. La cual prohíbe todos o algunos de los actos de la protestad de orden o de régimen e incluso, el ejercicio de todos o de algunos derechos o funciones inherentes a un oficio.
De entrada, cada uno de los siete sacerdotes investigados deberá someterse a tratamiento profesional psicológico y debe estar acompañado –en todo momento– por un consejero sacerdotal espiritual.
Se les pide estar acompañado de otra persona en el ambiente donde se les acusa de acoso sexual y permanecer en el lugar de residencia que se les designe. Si no obedecen estas medidas, se les puede destituir definitivamente del ministerio sacerdotal.
Por ejemplo, al párroco Aurelio Castillo, se le permite continuar en la parroquia Santiago Apóstol, donde oficia misa y sigue al frente de la iglesia, mientras la investigación continúa su curso.
IGLESIA DESESTIMA ACUSACIONES
Si bien, la Arquidiócesis de Tijuana confirmó que los siete casos de padres suspendidos son a causa de acoso sexual a menores, el Arzobispo Rafael Romo Muñoz se apresuró a aclarar “no precisamente es abuso completo, sencillamente es acoso, pero sin llegar a mayores”.
Explicó a medios de comunicación en conferencia de prensa, que las víctimas son menores de edad, pero “no un niño, es un supuesto adolescente, de 15 a 17 años”.
Por su parte, el padre Antonio Beltrán, consideró que de los casos investigados, pocos cuentan con “pruebas contundentes” y aseguró que la resolución de los siete implicados, se hará pública cuando sea enviada de Roma.
“Se dice, se cree, se presume, ésas no son denuncias; sin embargo, así están elaboradas la mayoría”, consideró.
