Todo indica que el espionaje viene del Gobierno y todo hace suponer que agentes del Gobierno están sirviendo a intereses de empresas [refresqueras y de productos procesados], afirma Alejandro Calvillo Unna, fundador y director de la organización civil El Poder del Consumidor, activista que ha denunciado reiteradamente el espionaje del Gobierno y también de las corporaciones que son parte de la llamada “industria de los alimentos chatarra”.

De acuerdo con Calvillo, el reciente escándalo de espionaje no se puede entender sin los claros vínculos entre esas grandes corporaciones, muy poderosas económicamente, y funcionarios del Gobierno mexicano, e incluso en la famosa “puerta giratoria”, donde ex funcionarios públicos pasan a ser directivos de empresas transnacionales y, desde esos puestos, fusionan intereses particulares.

Ciudad de México, 25 junio (SinEmbargo).– México se encuentra inmerso en una epidemia de obesidad, sobrepeso y diabetes. Alejandro Calvillo Unna, fundador y director de El Poder del Consumidor, lo advirtió hace algunos años, pero el Gobierno federal, a cargo de Enrique Peña Nieto, declaró la emergencia epidemiológica apenas en noviembre pasado. Con la declaratoria –en teoría– vendría un abanico de políticas públicas y la revisión de la Estrategia para la Prevención del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (EPSOD), pero no fue así, y Calvillo lo señaló en su momento.

La Alianza por la Salud Alimentaria (ASA), de donde el sociólogo y activista es integrante, recomendó, entre otras cosas, establecer un etiquetado frontal de advertencia en productos con altos contenidos de azúcar, grasas y sal; ampliar la regulación de la publicidad de los mismos y crear una campaña pública sobre su reglamentación dentro de las escuelas, vigilar su cumplimiento y sancionar a los institutos que la violen; acelerar el proceso de instalación de bebederos en lugares públicos; transparentar el uso de estos recursos y hacer accesible la información sobre los centros escolares beneficiados, así como garantizar un presupuesto específico para la implementación de las acciones de la EPSOD.

El conflicto de interés existente entre las esferas gubernamentales y la industria refresquera ha sido otro de los temas en los que EPC ha insistido para reafirmar que la estrategia no ha funcionado y, en consecuencia, hoy siete de cada diez adultos viven con exceso de peso en el país gobernado por Peña Nieto.

En entrevista para SinEmbargo, Calvillo aseguró que “está claro que la declaratoria de la epidemia de obesidad y diabetes no ha tenido nada detrás […] No hay medidas. Esta epidemia no se va a mitigar con este Gobierno. La Secretaría de Salud está totalmente coptada por los intereses de las grandes corporaciones”.

Por si fuera poco, el defensor de la salud ha sido un promovente asiduo del incremento del impuesto al refresco, lo que, sospecha, fue el principal motivo por el que se le espió ilegalmente en julio de 2016. “Pegasus”, el malware utilizado para lograr mantener el control de su teléfono celular, es comercializado por la empresa israelí NSO Group que únicamente tiene como clientes a los gobiernos del mundo que buscan perseguir criminales y terroristas.

“Todo indica que el espionaje viene del Gobierno y todo hace suponer que agentes del Gobierno están sirviendo a intereses de empresas [refresqueras y de productos procesados]. No lo podemos pensar de otra manera […] Hay vínculos muy claros entre estas grandes corporaciones, muy poderosas económicamente, y funcionarios de Gobierno”, destacó en entrevista con SinEmbargo.

ACTIVISTAS INCÓMODOS PARA EL GOBIERNO

En febrero pasado, se dio a conocer que no sólo el fundador y ex director de Greenpeace México fue blanco de espionaje ilegal. El doctor Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP,) y Luis Manuel Encarnación, de la Coalición Contrapeso, también lo fueron. ¿Las coincidencias? Públicamente, los tres hombres se habían pronunciado para exigir a las autoridades elevar el impuesto al refresco al doble; es decir, incrementar dos pesos el costo de las bebidas por cada litro.

Desde entonces y hasta ahora, la Procuraduría General de la República (PGR) no se ha pronunciado respecto a la realización de investigaciones para dar con los responsables, pese a que la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) destacó en su informe “El Estado de la Vigilancia” que existen diversos indicios de la adquisición de equipo de NSO Group para distintas instancias del Gobierno de México, entre las que destacan la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la PGR.

Investigadores del INSP y de la Universidad de Carolina del Norte dieron a conocer que a dos años de su implementación, el impuesto al refresco logró una tendencia decreciente en el consumo de las bebidas azucaradas y elevó la adquisición de agua embotellada. Además, una reciente estimación del mismo instituto y la Universidad de Michigan reveló que con el gravamen, la obesidad en adultos disminuirá 2.5 por ciento para el año 2024 y para 2030 se espera que contribuya a prevenir entre 86 mil y 134 mil nuevos casos de diabetes.

En ese sentido, reconoció, las grandes empresas refresqueras como Coca-Cola pueden ver sus intereses comprometidos y podrían ser las más interesadas en seguir de cerca sus pasos a través de las escuchas ilegales… pero como política y por mandato de muchos países en el mundo, NSO Group puede vender solamente a gobiernos.

“Es posible que funcionarios, en contubernio con las empresas, tengan acceso a influir a que ese sistema de espionaje se montara en nosotros”, expuso Alejandro Calvillo. Y en referencia a lo dicho por Margaret Chan, directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), añadió: “Los intereses económicos se vuelven intereses políticos. Los poderes económicos se vuelven poderes políticos y hay gente vinculada en Gobierno a estos poderes. Hay una gran puerta giratoria donde funcionarios públicos entran a trabajar para estas empresas, a nivel de cabildeo y de posiciones importantes, y después vuelven al Gobierno y así están pasando de un lado a otro, donde se fusionan intereses”.

Además, el malware utilizado para el espionaje tiene un costo que rebasa el millón 400 mil pesos, tal como anunció la semana pasada un informe publicado por el diario The New York Times, que es el mismo medio que destapó vigilancia contra los activistas mexicanos y el científico en salud.

Ante este panorama, Calvillo, recriminó el espionaje.

“Es un descaro, es delincuencia organizada utilizando recursos públicos”. Y comparó a su teléfono celular con “un espía portátil”, ya que “Pegasus” es capaz de acceder a la cámara y a utilizar el micrófono para escuchar lo que hay en el ambiente del objetivo. “Se vuelve una amenaza no sólo a tu seguridad, sino a la de tu familia y amigos y en el caso de los periodistas, a la de las fuentes”.

“Es otro nivel de intromisión mucho más fuerte. Entran a tu ambiente. Es delincuencia organizada dentro del Estado mexicano”, remarcó.

El espionaje, sin embargo, no ha sido la única ocasión en que Calvillo y la organización que dirige son blancos de hostigamiento y ataques.

Hace tres años comenzaron a “desaparecer” correos electrónicos con información de suma importancia para EPC. Después, las llamadas se interrumpían y dos trabajadoras de comunicación fueron despojadas de sus computadoras en un lapso de tiempo de apenas dos semanas.

“Hace un par de años, en un periodo de apenas algunos días, dos compañeras fueron víctimas del robo de sus computadoras: a una le abrieron la cajuela para extraerla y a otra, mientras conducía, le quebraron el vidrio de su automóvil para hacer lo mismo”, narró.

Aunado a ello, recordó que en reiteradas ocasiones, a través de redes sociales e incluso con la publicación de un par de columnas de opinión en periódicos de circulación nacional, se ha buscado desprestigiarlo.

A raíz del espionaje, el activista toma algunas precauciones como la utilización de aplicaciones recomendadas por SocialTIC, organización especializada en tecnología digital, así como una bolsa con características específicas que impiden la vigilancia ilegal.

“Creemos que los tenemos [los teléfonos] limpios [del malware “Pegasus”], pero no se sabe si continúan interviniendo las llamadas”, dijo.

A pesar de las adversidades con las que se ha enfrentado a lo largo de su lucha, Calvillo Unna no tiene miedo y continúa trabajando por defender el derecho a la salud de los mexicanos.

“Vives con la conciencia de que estás pisando intereses y eso aumenta tu sensación de inseguridad, pero es la labor que nos tocó hacer, es lo que elegimos hacer y no nos podemos autocensurar… no está permitido. En el momento en que nos empezamos a autocensurar, como lo hacen muchos medios de comunicación, estamos colaborando con un sistema de corrupción y con los delincuentes que están fuera y dentro del Gobierno”, afirmó.