El Juez resolvió prohibir la importación de papa fresca proveniente de los Estados Unidos, argumentando que se pone en riesgo la soberanía y seguridad nacional, además del derecho a la alimentación de los mexicanos.
También destacó las posición que el Gobierno de Estados Unidos ha tomado en los últimos meses, diciendo que se trata de “políticas hostiles”.
Ciudad de México, 25 de junio (SinEmbargo).-José Francisco Pérez Mier, Juez titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Sinaloa, emitió una sentencia con la que se prohíbe la importación de papas frescas de Estados Unidos a México.
La resolución del Juez federal ordenó negar el ingreso de este producto a territorio mexicano, además de solicitar medidas fitosanitarias para mitigar el riesgo de importación del tubérculo.
El letrado argumentó que permitir la importación de papa fresca proveniente de Estados Unidos pondría en riesgo la soberanía nacional, así como el derecho a la alimentación de los mexicanos.
El juez analizó las repercusiones que tendría la dispersión de plagas cuarentenarias provenientes del extranjero, mismas que podrían generar un impacto tan significativo como la desaparición del sector mexicano dedicado a la producción de papa.
El titular del Juzgado Séptimo de distrito, dijo en relación a las medidas arancelarias interpuestas por el Gobierno de Trump, que se trata de una “Potencia que en épocas recientes ha institucionalizado políticas hostiles hacia México y que en la hipótesis de obtener dominio sobre el mercado nacional, sería la única proveedora de dicho tubérculo, a la par de la desaparición de un sector productivo estratégico para nuestro país”.
La sentencia responde a una demanda de amparo (545/2014). El juez declaró que son inconstitucionales diversos artículos (54, 55, apartado A, fracciones XX a XXI, y noveno transitorio) del Reglamento de la ley Federal de Sanidad Vegetal.
El Juez ponderó la posición ventajosa de los productores de papa en la Unión America, que cuentan con amplios apoyos gubernamentales, por lo que abrir la frontera, sin controles, bajo la bandera del libre comercio, sería un riesgo.
La sentencia se sustenta en la normatividad nacional e internacional vigente, donde se incluye el derecho a la alimentación, la soberanía y la seguridad nacional.
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