SAN PEDRO, NL. Son las ocho de la mañana. Las “muchachas” empiezan a llegar a la Plaza Fátima. No traen el uniforme puesto, ni la cofia. El aspecto y su piel desvela su oficio. La pobreza tiene color. Y el módulo de credencialización del programa “De ti y por ti” fue colocado en este lugar de contratación diaria con el objetivo de fichar a las sirvientas del gueto.

Las patronas van llegando en sus camionetas Cadillac Escalade, Honda o Jeep. Se estacionan brevemente y el grupo de chicas se arremolina frente a las conductoras. La apariencia cuenta. La Señora hace la oferta laboral: “Necesito una muchacha ‘de quedada’. Le ofrezco mil pesos con comida y todo incluido. Salida el sábado a las cuatro de la tarde. Tengo tres niños pequeños y la entrada es el domingo a las seis de la tarde. ¿Quien está interesada?”. Media docena de manos alzadas. Se da el lujo de elegir. “¿Traes credencial de elector?”, pregunta a una muchacha con aspecto tímido que asiente con la cabeza. “De acuerdo. ¡Súbete!”. El grupo de criadas vuelve a la banca a esperar la próxima Señora.

A un lado, los empleados del ayuntamiento organizan el padrón de trabajadores domésticos que, además de las sirvientas, incluye jardineros, taxistas, mozos, albañiles, eléctricos, plomeros, lavacoches… y reparten panfletos: “¿Piensa usted contratar personal de servicio básico para su casa? Estos son los requisitos mínimos de contratación: solicitar documento de identidad, tomar fotografía, solicitar constancia de buena salud, tener un listado de amigos más frecuentes, novios o parejas; conocer qué lugares frecuenta en sus días de descanso; contar con nombre y dirección del esposo y de su trabajo; no proporcionar las llaves del domicilio y tan pronto se presente alguna anomalía hablar a la autoridad más cercana”.

La discriminación y el racismo que encierra esta medida impulsada por el alcalde del Partido Acción Nacional, Mauricio Fernández, no parece importar a las patronas que llevan a sus domésticas, jardineros y choferes a registrar. Por el contrario, Jean Genet, quien escribió “Las Criadas” en 1947 se sorprendería de la vigencia de su obra en la inversión de papeles en torno al bien y el mal, y en la defensa de ciertos valores sociales imperantes aún en el municipio más rico de México y América Latina.

De pronto, ante el módulo municipal cinco señoras “blancas”, bien vestidas, piden ser empadronadas como trabajadoras domésticas. Las empleadas del ayuntamiento sorprendidas, desconcertadas, no saben qué hacer y reconocen a una de ellas. Se trata de Tatiana Clouthier, hija del ex candidato a la Presidencia de la República Manuel J. Clouthier y líder de la asociación civil Evolución Mexicana: “Vengo a empadronarme. Yo también soy trabajadora doméstica. Todos los días después de llegar del trabajo cocino, lavo los platos, tiendo las camas, lavo la ropa… Y los domingos barro la banqueta”. Las empleadas con la mirada baja aceptan su solicitud para la credencial del apartehid sampetrino.

Tatiana creció en la colonia Del Valle junto a sus 10 hermanos. Conoce las calles y plazas de este municipio. Conoce los prejuicios, el racismo y la falsa moral de algunos; la generosidad y el compromiso social de otros. Quiso ser alcaldesa, pero Mauricio Fernández, el multimillonario copropietario del Grupo Alfa, le ganó las elecciones con base en un discurso lleno de miedo y con un lema de campaña que lo dice todo: “Blindemos San Pedro”.

Un discurso del miedo que ha seguido utilizando durante su administración: “El 60% de los robos en casa habitación los comete el personal doméstico”, dice para justificar su polémico padrón de sirvientas aprobado en sesión de cabildo.

Mauricio camina por la plaza del casco viejo de San Pedro, frente a la presidencia municipal donde despacha. Asiste a un evento de policías para entregar nuevos vehículos. Va vestido con una guayabera de lino blanco. Su estomago prominente destaca igual que sus zapatos estentóreos. Lleva el pelo engominado y en su discurso sobre seguridad habla sin rodeos de “las fronteras de San Pedro” como si gobernara otro país: “El año pasado vinieron a tirarnos aquí un cuerpo en las fronteras. Los delincuentes lo hacen por fastidiar a San Pedro, no son gente de aquí y nosotros no tenemos problemas de eso ni están operando aquí. Claro que sigue siendo el más seguro, nomás hay que checar las estadísticas. Los problemas que tenemos son en las fronteras y allí estamos trabajando con operativos especiales”.

Efectivamente, a la altura de Santa Engracia, en los linderos de Monterrey, todos los días varias patrullas montan un retén anticonstitucional para verificar la entrada y salida de vehículos. ¿A quién detienen? …. El modelo del vehículo importa. El aspecto y el color de la piel también.

 

Un padrón de morenas

La división de San Pedro con los otros municipios está hecha a base de montañas. Al cruzar el túnel de la Loma Larga se llega a Monterrey. Es domingo y la Alameda está llena. Es el lugar elegido por las trabajadoras domésticas como punto de reunión. Pasean por las altas arboledas bajo el cantar de los cotorros; ríen, comen y cultivan sus afectos. Son de San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Estado de México, Oaxaca, Chiapas… Hablan náhuatl, mazahua, otomí, mixteco, tenek… Los sonidos dulces y cadenciosos de sus distintos idiomas se escuchan por los andadores y cerca de las bancas. Hasta ahora el ayuntamiento no les ha preguntado su opinión sobre el padrón de domésticas: “Es algo muy feo. Nos ven como delincuentes”, dice Flor, originaria de la huasteca potosina. Tiene el pelo largo y liso, negro azabache. Va vestida con camiseta y pantalón de mezclilla. Sus cuatro hermanas, quienes también trabajan en San Pedro, ríen tímidamente al escuchar las preguntas. Ella es la mayor y contesta: “Quieren saber todo de nosotras, quiénes son tus amigos, tu novio, dónde te juntas. Yo no voy a ir. Lo malo es que al rato van a venir a perseguirnos hasta en la Alameda”.

Al cruzar la calle en una plaza comercial hay una boutique de ropa de mujeres que las Señoras conocen muy bien. Allí funciona una agencia de contratación de trabajadoras domésticas un tanto clandestina. La dueña dice hacer un “servicio social” a favor de estas mujeres. A las Señoras les cobra mil 600 pesos por conseguirles “muchacha”. Y dice que ellas tienen mejores condiciones de vida con sueldos que van desde los 850 a mil 500 pesos: “Ellas son despreciadas en sus pueblos. Allí valen menos que nada. Son mujeres. Son tratadas peor que animales. Por eso vienen. Yo hago lo que puedo. Les hago un favor. Por lo menos les consigo casa, comida y un sueldo”.

Algunas empiezan a trabajar a los 15 años. Llegan con el miedo en el cuerpo, como María, que está sentada en un rincón. Aún con la tristeza en su rostro por haber dejado su pueblo y su gente, dice tener esperanza de encontrar casa, aunque reconoce estar nerviosa: “Claro que hay abusos. A veces las violan, las explotan como esclavas, las golpean. El otro día fui y rescaté a una. Llevaba dos días sin comer. Nomás lavando, planchando y barriendo. Sólo la dejaban tomar agua y comer galletas de animalitos. Son bárbaros. Está bien que sí, pero no”.

La mayoría de las trabajadores domésticas son empleadas sin las prestaciones que marca la Ley Federal del Trabajo. La francesa Séverine Durin, afincada en la ciudad de Monterrey, ha estudiado el fenómeno de explotación laboral de las indígenas. Es investigadora del Programa Noreste del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y publicó el trabajo “En Monterrey hay trabajo para Mujeres. Procesos de inserción de las mujeres indígenas en el Área Metropolitana de Monterrey”. “El servicio doméstico ‘de quedada’ implica un trabajo de entre 10 y 12 horas diarias, desde el lunes y hasta el sábado después de la comida. En éste se percibe un salario de entre mil y mil 200 pesos a la semana.

En el trabajo les proporcionan alimentación y vivienda, pero carecen de otras prestaciones como los servicios de salud o el pago de aguinaldo o vacaciones, que cuando se proporcionan quedan a discreción del empleador”.

No hay un control ni supervisión en términos laborales. Hay una movilidad intensa de trabajadoras, afirma: “En uno de los casos, el constante cambio de trabajo es explicado por el maltrato perpetrado por patronas muy exigentes que tampoco dan suficientemente de comer a la empleada, tal como lo refiere Teresa: ‘no me sentía bien con la familia, el problema era la comida, me cerraban la alacena y no podía cenar, sólo comía, desayunaba cualquier cosa, una café y unas galletas’”.

La mayoría de las trabajadoras domésticas pierden su trabajo cuando se embarazan. Las llamadas empleadas “de entrada por salida” tienen otras dificultades, como menos sueldo. Obtienen entre 150 o 200 pesos al día, pero a cambio se sienten compensadas porque pueden sostener relaciones de pareja y la convivencia con sus hijos: “Es importante subrayar cuan difícil puede llegar a ser para estas mujeres que trabajan ‘de quedada’ el hacer su vida y lograr tener una vida de familia propia”. Otro ejemplo que cita es el de Consuelo, quien al separarse, encontró en el empleo doméstico ‘de quedada’ una estrategia para mantener a su hija, pero sin poder convivir con ella hasta sus 10 años de edad. Nábila, por su parte, nunca se casó, y a sus 49 años es soltera y trabajaba ‘de quedada’ desde hace 32 años para la misma familia.

 

Críticos, “estúpidos” y “malandros”

El padrón de trabajadores domésticos no contempla beneficios laborales para los trabajadores de ese sector. El alcalde Mauricio Fernández Garza anunció hace dos meses, con bombo y platillo, que los empleados que obtengan su nueva credencial tendrán como beneficios la entrada gratuita a biblioteca municipal, exposiciones, conferencias, conciertos, centros cibérneticos y deportivos: “Es un proyecto muy noble, de gran beneficio para el empleado doméstico”, dijo.

No piensa igual Alejandra Vela Garza, directora de Alternativas Pacíficas, asociación en defensa de las mujeres, quien ha exigido que se detengan los trámites del padrón iniciado hace dos meses. Los defensores de derechos humanos y las asociaciones de apoyo a la población indígena se unieron para exigir la suspensión del padrón.

Carmen Farías Campero lleva años defendiendo los derechos de los indígenas y dirige la asociación Zihuame Mochilla, quien encabeza la oposición a esta medida junto a otras 19 organizaciones civiles que presentaron una denuncia ante el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja hizo el pasado 4 de mayo un exhortó al edil de San Pedro para la suspensión del padrón.

También enviaron una denuncia a Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, porque consideran la medida discriminatoria, anticonstitucional y transgresora de los derechos humanos y laborales de los trabajadores domésticos: “Basar la solicitud de empadronamiento en el supuesto de que los robos a casas habitación son cometidos por los y las trabajadoras del hogar, es una generalización que criminaliza a priori a esta población, violando el principio de presunción de inocencia y potenciando el que se cometan abusos de autoridad”.

Además enviaron otra carta al propio alcalde: “El sesgo clasista de su tentativa contribuye penosamente a enfatizar la brecha social cuando divide de antemano a la propia sociedad que compone su municipio en presuntos culpables (a unos) y (a otros) en víctimas potenciales: actitud paranoica y maniquea que linda con principios fascistas y polariza a su ciudadanía en extremos desiguales”.

La reacción del alcalde ante las críticas y oposición a su padrón no ha sido buena. Ha llamado “estúpidos” y “malandros” a sus críticos y ha advertido que el programa de credencialización continuará, ya que no tiene porque “pedir permiso a nadie”. Farías Campera lamenta la poca disposición al diálogo: “El señor tiene su mentalidad que no compartimos, pero de eso a llamarnos estúpidos y malandros no se vale. Tampoco se vale que los trabajadores domésticos tengan que usar un salvoconducto, un derecho de paso para laborar en San Pedro. ¿Dónde está el derecho al libre tránsito? Lo que más molesta es que la discriminación sea por la apariencia. ¿Qué quiere decir este padrón: que cualquier persona morena o de aspecto pobre es posible delincuente? Tampoco eso es cierto. Tampoco se vale. Es como un apartheid”.

En algunas colonias, la credencialización de jardineros o lavacoches ya existe. El documento de identidad a veces tiene una vigencia de tres meses y renovarla tiene un costo. Tatiana Clouthier se empadronó, pero aún no recibe la credencial que la acredita como trabajadora doméstica: “Creemos que este padrón no va a prosperar porque es discriminatorio, violatorio a los derechos humanos y fascista”.

La medida de credencialización fue presentada por Fernández Garza desde el inicio de su administración, pero Clouthier presentó una denuncia ante Minerva Martínez Garza, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien hizo una serie de recomendaciones sin exigir la suspensión definitiva de la medida.

La primera vez que el alcalde habló ante los regidores del ayuntamiento  sobre su polémica medida fue el 10 de noviembre de 2009. En ese momento ya exhibía sus intenciones: “Es muy importante que primero que todo el servicio doméstico sepa que va a estar vigilado, y que vamos a tener información de él, yo creo nada más por la parte psicológica que esto ayudaría muchísimo a que le piensen dos veces si alguien quiere actuar mal y si actúa mal, pues que sepan que se les va a poner un foco rojo y va a estar difícil que vuelva a conseguir empleo aquí en San Pedro”.

 

Ser diferente

Arturo Martínez camina por las calles de la colonia Mirasierra. Es plomero y este día tiene que atender un desperfecto en la casa de una Señora a la que desde hace años ofrece sus servicios: “Los policías me detienen. Siento bien gacho. Lo tratan a uno como criminal. Me preguntan a dónde voy, me siguen hasta la casa, llaman a la Señora para confirmar y luego se van. Al rato, van a pedir pasaporte para poder entrar a San Pedro”.

No es el único molestado. Le sucede lo mismo a lavacoches, taxistas, electricistas, mozos, albañiles… Peor aún, el alcalde ha advertido que no permitirá que estos trabajadores usen teléfonos celulares por motivos de seguridad: “No lo pueden usar, y si lo tienen cuando estén realizando su función, pues les quitamos el permiso y van pa’fuera… Yo voy a parar el halconeo. Si les cae bien, pues qué bueno; si no, pues que se vayan a trabajar a otro lado. Si van a traer celular, pues no pueden trabajar en San Pedro”.

La convocatoria para acudir a empadronarse no ha dado los resultados deseados. Al módulo ubicado en los bajos del palacio municipal son pocos los que han acudido, por eso el ayuntamiento ha organizado cuadrillas de trabajadores que casa por casa van entregando solicitud de empadronamiento, o bien llevan los módulos de credencialización a las colonias del municipio. En la colonia San Patricio, por ejemplo, se registraron 57 trabajadores estimulados por sus patrones.

Tatiana Clouthier advierte sobre los riesgos de dar información personal bajo pretexto de un padrón: “Puede ser utilizada con fines electorales. Es muy delicado dar información sin saber a manos de quién va ir a caer; incluso puede ser utilizada para extorsionar. Y se puede revertir. Además, hay dolor por parte de las empleadas que llevan tantos años trabajando aquí. Al final de cuentas son ellas quienes educan y supervisan a los hijos. Y hay que ser agradecidos. Ojalá la gente lo reconsidere”.