Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).– Representantes de organizaciones sociales del estado de Puebla denunciaron que desde antes de la publicación de la llamada “Ley Bala” se sabía que dicha legislación era para “sentar la base legal y legitimar el uso de la fuerza pública” contra las protestas sociales; y que como resultado, además de tener a víctimas mortales, también habría presos políticos y luchadores sociales que son hostigados, perseguidos y amenazados de muerte.
En conferencia de prensa en la Cámara de Senadores, Jesús Gutiérrez Valencia, representante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA MN), dijo que han manifestado su preocupación “por la conflictividad social que se ha generado en el estado de Puebla a raíz del aumento de la criminalización y judicialización de la lucha social por el hostigamiento, la persecución, el linchamiento y asesinato de luchadores sociales”.
Aseguró que las organizaciones “aspiramos a vivir en paz a un desarrollo justo y equitativo y en razón de esta naturaleza nuestra como organización condenamos la actitud autoritaria del Gobernador Rafael Moreno Valle porque consideramos que no ha tenido la más mínima voluntad política ni sensibilidad social para atender y resolver la gran impunidad social que se vive en el estado de Puebla”.
Dijo que el país requiere de gobernabilidad para generar condiciones de desarrollo, pero “diferimos en el método que el gobierno del estado de Puebla ha aplicado para generar la gobernabilidad”.
“El gobierno del estado de Puebla viene aplicando ‘la política del garrote’ para generar gobernabilidad. Nosotros pensamos y sostenemos que es posible llegar a la gobernabilidad a través del diálogo y del acuerdo en donde las demandas de las comunidades indígenas y campesinas sean atendidas y resueltas”, dijo.
Antes de la aprobación de la “Ley Bala”, el pasado 19 de mayo, “manifestamos nuestra inconformidad porque entendíamos el alcance de la misma que era prácticamente sentar la base legal para legitimar el uso de la fuerza pública. Hoy, con los resultados de la aplicación de esta ley, hay 31 luchadores sociales presos y que tiene que ver con proceso de organización de resistencia. Hay además compañeros que están siendo hostigados, perseguidos y con amenazas de muerte”, denunció.
“La campaña de difamación que hay contra las organizaciones, que nos estamos oponiendo a ‘la política del garrote’, no es más que para sentar las mismas condiciones de incrementar la represión”, advirtió el activista.
ESPIONAJE
Esta semana, un medio nacional publicó una llamada de la Diputada federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roxana Luna Porquillo, quien ha denunciado constantemente el caso de San Bernardino Chalchihuapan, al respecto, la legisladora aseguró que presentará una denuncia por espionaje.
En entrevista para SinEmbargo, dijo que esa publicación “confirma que en Puebla hay espionaje telefónico”. Aseguró que esa acción “es una posición clara del gobierno para todos los dirigentes. Es una táctica que hoy está ocupando para denostar, confundir la actividad política que yo he venido realizando desde hace muchos años en el estado de Puebla”.
Luego de darse a conocer el caso, se filtró información de una reunión que tuvo el Gobernador de Puebla con diferentes medios de comunicación del estado, en el encuentro presentaron pruebas de fotos y videos donde se criminaliza a los pobladores del conflicto en San Bernardino Chalchihupan. Al día siguiente diversos periódicos publicaron la información de la reunión.
Al respecto, la Diputada dijo que “se exhibe al Gobernador en querer demostrar que todo se resuelve mediante el dinero, esa no es la vía”.
“El Gobernador debe reconocer que se ha equivocado y escuchar a los poblanos que lo eligieron. El Gobernador debe reconocer que hay movimientos sociales en el estado que están enojados. El Gobernador debe de entender que las decisiones que ha tomado en el Estado no son las correctas y que por ello ha venido creciendo el descontento social”, dijo.
Aseguró que esta campaña sólo quiere “distorsionar lo que pasó en Chalchihuapan” y “puede salirle contraproducente porque no hay elementos reales que pueda determinar a pesar de que editen videos. La gente tiene la capacidad de distinguir entre una y otra cosa. No es la mejor opción que está asumiendo pensando en que comprando y saliendo en la prensa distorsionando la información sea la mejor. Yo llamaría al gobierno para que sea mediante el diálogo y asumir la responsabilidad e quienes no han tenido la capacidad en su gobierno para parar estos problemas”.
En otra participación, Isaías Cruz Hernández, dirigente del Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano y Popular (Miocup) dijo que recurrieron al Senado porque “seguir confrontando en el estado de Puebla, implica seguir exponiendo a compañeros a que sigan cayendo presos a que sigamos teniendo asesinados”.
“Estamos sumamente preocupados porque aun cuando hemos buscado los canales de diálogo en el estado de Puebla, siempre ha habido una política de puertas cerradas. El problema que nosotros vemos es que la política de agresión del estado en contra de las asociaciones y en contra de las comunidades va cada día más en aumento”, afirmó.
“En un principio nada más eran oídos sordos, después empezaron los compañeros detenidos y luego nos agredió con el asesinato de Antonio Esteban Cruz, que fue asesinado por ser opositor a uno de los proyectos hidroeléctricos más importante en la sierra”, dijo.
“El pueblo lo único que hace es defenderse en contra de una política adversa. Si el pueblo está viendo que lo están despojando de sus derechos es muy normal que se organice para exigir que se conserven sus derechos”, comentó.
Finalmente hizo “un llamado a la población en general de que tenemos que parar esta ola de agresiones porque de lo contrario lo único que va a suceder es que el pueblo seguirá organizándose y no deseamos que haya más confrontaciones”.
JUICIO POLÍTICO
En el mismo evento, el Senador Luis Sánchez Jiménez anunció que legisladores de la Cámara de Diputados y de Senadores promoverán un juicio político en contra del Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por la violación sistemática a los derechos humanos tras los hechos del pasado 9 de julio en la Junta Auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan que conllevó a la muerte de un menor de 13 años por un artefacto que dispararon elementos de la Policía Estatal.
Dijo que legisladores de ambas cámaras están trabajando para “recibir las quejas directamente de los ciudadano, las quejas por violación a los derechos humanos, sobre todo para buscar encausar un juicio político en contra del Gobernador”.
También aseguró que se pedirá la renuncia, “en primer lugar, del Secretario de Gobierno, Luis Maldonado Venegas; el Secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas; del Procurador General de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourge”, porque tanto pobladores, familiares de las víctimas y los mismos heridos han sido presionados, amenazados “les ofrecen dinero, les ofrecen cualquier cosa, para que no denuncien”.
