México, 25 Jul. (Notimex).- Los senadores panistas Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Javier Lozano Alarcón pidieron al Ejecutivo federal privilegiar en los programas de política migratoria el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes.
En un punto de acuerdo, los legisladores también solicitaron que se informe a la Comisión Permanente del Congreso sobre las acciones que se implementarán para desalentar, entre los migrantes, la práctica de viajar en el tren denominado “La Bestia”.
Asimismo, sobre las posibles consecuencias que esto tendría entre la población migrante y en los nacionales de las comunidades por las que transita ese medio de transporte.
Los legisladores conminaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) a que informe la función que tendrá la recién creada Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.
Asimismo, si ese esquema evitará duplicidad de funciones con la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos; el Instituto Nacional de Migración y la Unidad de Política Migratoria.
Exhortaron a la Procuraduría General de la República, a la Segob y a las procuradurías y secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas a establecer operativos conjuntos que permitan detectar, reprimir y castigar aquellas actividades ilícitas que realizan grupos organizados en contra de los migrantes.
El pasado 15 de julio el presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, como órgano administrativo desconcentrado de Gobernación, que tendrá la función de coordinar a los servidores públicos del Poder Ejecutivo federal en materia migratoria en esa zona.
En su punto de acuerdo, los senadores consideraron que no se ha aclarado del todo la tarea de esa nueva Coordinación, ya que “es de observarse que el gobierno federal cuenta hoy en día con dos entes responsables de política migratoria y dos entes para ejecutarla u operarla.
“Ellos son: la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos y la Unidad de Política Migratoria, así como el Instituto Nacional de Migración, en conjunto con la recién Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur”.
Gómez del Campo Gurza, Lavalle Maury y Lozano Alarcón refirieron que el anuncio de “poner orden” en el traslado de migrantes “es una decisión del Estado mexicano no seguir permitiendo que migrantes de Centroamérica, y también mexicanos, corran riesgo en sus vidas arriba de este tren de carga y no de pasajeros”.
Sin embargo, advirtieron, resulta predecible que los flujos migratorios buscarán vías alternas a utilizar para llegar a Estados Unidos, sin que hasta ahora se explique cuáles son las proyecciones que ha vislumbrado el Estado para no poner en mayor riesgo a las personas migrantes.
En su opinión, las acciones se orientan más a blindar la frontera sur, “privilegiando la seguridad nacional por encima de los derechos humanos”.
Pidieron instrumentar alguna política o acción encaminada a la desarticulación de los grupos de delincuencia organizada que trasgreden los derechos humanos de las personas migrantes; así como para desalentar y erradicar la corrupción por parte de algunos servidores públicos que abusan o extorsionan a los migrantes.
“Así resulta de vital importancia que este Poder Legislativo esté atento y vigilante de las políticas públicas que realice el Estado para poder erradicar los problemas de inseguridad que enfrentan las personas migrantes en su tránsito por nuestro país, y que se privilegie en todo momento el respeto a sus derechos humanos”, concluyeron.
El punto de acuerdo de los senadores de Acción Nacional se turnó a la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso, para su análisis y dictaminación.
