La organización Artículo 19, involucrada en la defensa legal de la periodista Sanjuana Martínez en el juicio interpuesto por el Senador del PRD, Jesús Ortega, por supuesta difamación, exigió al Juez Octavo de Distrito y al Poder Judicial de la Federación que cese al hostigamiento en contra de “profesionales del derecho que dedican sus esfuerzos a defender el principio de la libertad de expresión”.
Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).- La organización Artículo 19 acusó al juez que lleva el caso de la demanda del Senador Jesús Ortega contra la periodista Sanjuana Martínez, de intimidación en contra de defensores legales de comunicadores acusados de difamación.
El Juez Octavo de Distrito en materia civil y del Quinto Tribunal de Circuito llamó a declarar a la directora regional de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas Serna, y al oficial del Programa de Protección y Defensa, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogados involucrados en el juicio presentado por el Senador perredista contra Sanjuana Martínez. Sin embargo, en la defensa de la periodista están otras cinco personas que no fueron citadas a comparecer.
“Consideramos que el citatorio específico contra estas personas y no a otros integrantes de la defensa significa un acto contra la organización”, acusó Artículo 19 en un comunicado.
El Consejo Directivo de la asociación condenó estos requerimientos judiciales “por ser irregular que un juez solicite la prueba testimonial de abogados en una causa, pues genera un desequilibrio procesal, e interpretamos la decisión como un intento de intimidación a la labor de defensa jurídica que realiza esta organización en apoyo a periodistas”.
La organización se incorporó a la defensa de Sanjuana Martínez para apoyar en el juicio de amparo luego de que el fallo inicial, en tribunales de la Ciudad de México, fuera adverso. El juicio de amparo se promovió ante el Juez Octavo de Distrito en materia Civil y su revisión en el Quinto Tribunal de Circuito.
Artículo 19 refiere que “asume con responsabilidad el fallo judicial contra Sanjuana Martínez, pero considera un acto de hostigamiento por parte de estos tribunales federales que, a petición de Jesús Ortega, se requiera a abogados de esta organización para una comparecencia en la que podrían ser obligados a violar el secreto profesional”.
Además, recuerda que al tratarse de un caso que involucra a un destacado militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que actualmente gobierna la Ciudad de México es inevitable sospechar que se trata de un acto de presión por parte de las autoridades de la capital del país, convalidado por el Poder Judicial Federal.
La denuncia del político del PRD, partido que gobierna la ciudad donde se llevó a cabo el juicio, es por una columna y un reportaje publicados en SinEmbargo en 2013, donde se le relaciona como presunto cliente de una mujer víctima de explotación sexual:
- “Consumidores de sexo comercial” (LA COLUMNA)
- “Infierno en el Cadillac: sexo, poder y lágrimas” (EL REPORTAJE).
La periodista dio a conocer en esas dos entregas una red de trata de mujeres con fines de explotación sexual en lugares ahora clausurados pero que eran frecuentados por políticos mexicanos, de acuerdo con las propias mujeres afectadas. En una grabación judicial, una de las víctimas de explotación sexual –cuya identidad se reservó la periodista para salvaguardar su seguridad– identifica plenamente a Jesús Ortega como cliente.Esas grabaciones fueron publicadas en su momento por SinEmbargo.
En abril pasado, Sanjuana Martínez se enteró a través de diversos medios nacionales que Martha Roselia Garibay Pérez, Juez Sexagésimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal, le había dictado una sentencia sin siquiera permitirle acceso a la justicia.
La sentencia había sido emitida, sin notificar a la periodista, desde febrero pasado, por lo que Sanjuana no pudo acceder siquiera al derecho de la apelación.
