Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- La organización internacional del medio ambiente Greenpeace aseveró que el informe de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en el que se basó la decisión del Juzgado Décimo Segundo de Materia Civil para dar luz verde al maíz transgénico en México, hasta antes de la apelación de organizaciones civiles, tenía información que fue omitida y que evidenciaba la necesidad de considerar otros estudios.

“El mismo informe de la Profepa también reportaba un caso de contaminación científica, eso ya es información suficiente para que se investigue más, o se ponga atención a los demás informes tanto oficiales como investigaciones que vienen de la ciencia, o de organizaciones civiles que hemos documentado precisamente como sí ha habido una contaminación por la siembra de transgénicos en maíces nativos, y como se ha probado una imposible coexistencia entre las semillas originarias y las transgénicas”, dijo en entrevista con SinEmbargo, Sandra Laso Jácome, vocera de Greenpeace.

Previamente, la Colectividad del Maíz denunció que la decisión del Juez, Francisco Peñaloza Heras, de quitar la suspensión sobre los permisos para sembrar maíz transgénico privilegió dicho trabajo de Profepa, por encima de otros estudios del Gobierno que ampliaban evidencia de la presencia de maíz genéticamente modificado en México.

“Se le pidieron a la Profepa y ésta concluyó que no tenía evidencia de que hubiera contaminación de maíces [salvo un caso, que no fue puesto en las conclusiones]. En cambio, desecharon un estudio que nosotros presentamos en el juicio hecho por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc)”, dijo René Sánchez Galindo, abogado de la Colectividad, entrevistado por este medio tras presentar la apelación.

La Colectividad del Maíz dijo que este caso que comprobó la Profepa corresponde a uno de las 152 permisos, otorgados entre el 2009 y 2013, para la siembra piloto de semillas genéticamente modificadas que habría salido momentáneamente de control.

“Ese caso de contaminación no fue puesto en las conclusiones del trabajo [de Profepa], porque supuestamente se había logrado mitigar su presencia en esa zona”, agregó Galindo.

Por otro lado, el estudio del Inecc documentó 89, en seis estados del país, explicó el abobado René Galindo. El trabajo, publicado en diciembre del año pasado y presentado en el juicio por parte de la Colectividad del Maíz en abril de 2015, abarca datos recopilados del 2004 al 2012, explicó Sánchez Galindo.

IMPACTOS MÚLTIPLES

Dada la coyuntura, Greenpeace pidió a los tribunales que decidirán sobre la entrega de permisos de maíz transgénico en México, considerar todas las pruebas científicas presentadas durante el juicio que se lleva a cabo. La evidencia, de acuerdo con la organización, apunta que la siembra de semillas genéticamente modificadas causaría un impacto en la salud, economía campesina y biodiversidad de maíces nativos del país.

Este llamado al Poder Judicial se hace luego de que la lucha legal por frenar la siembra de maíz modificado pasara recientemente a una instancia mayor. El miércoles pasado el Juzgado Duodécimo en Materia Civil rechazó la suspensión del maíz transgénico, y poco después, las organizaciones civiles agrupadas en la Colectividad del Maíz lograron devolver la suspensión al apelar la decisión del Juez, Francisco Peñaloza Heras.

“Esta cuestión tiene muchos niveles de impacto, uno de ellos, muy importante, es que las semillas serían controladas por un pequeño grupo de empresas como Monsanto, Syngenta y Dow Agrosciences, lo que estarían favoreciendo sus intereses económicos, más allá de buscar un interés en el bienestar de la gente”, dijo Sandra Laso Jácome, vocera de Greenpeace.

Conforme a lo dicho por la Colectividad del Maíz, la alta polinización del maíz transgénico contaminaría las siembras campesinas orgánicas, y al tener estas empresas el monopolio de patentes, los agricultores se verían obligados a pagar  a la empresa por derechos de uso de las semillas contaminadas.

En cuanto a la salud, Greenpeace advirtió: “Hemos publicado distintos documentos donde hablamos y comprobamos que el uso de estas semillas [transgénicas] no aumenta la producción de la siembra, tampoco genera una disminución en el uso de agrotóxicos. El más utilizado es el Glifosato, éste ha sido reclasificado como un probable cancerígeno, y sería el principal herbicida en este tipo de semillas”.

La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC, en inglés) perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS) colocó desde marzo a este herbicida, propiedad de la empresa Monsanto, en la lista de sustancias químicas “probablemente cancerígenas para humanos”, lo que desató un escándalo en varios países europeos, de los cuales Francia anunció que retiraría su uso.

Datos de Greenpeace sostienen que en México, por cada mil hectáreas se utilizan 3 mil 307 toneladas de plaguicidas y el glifosato sería uno de los más aplicados.

“Estamos hablando de impactos económicos, ambientales, de las personas, que no están siendo considerados por los jueces, y por eso es que pedimos desde Greenpeace que se tomen en cuenta todos los elementos que se han presentado”, dijo Laso.

Por ahora la apelación por parte de la Colectividad del Maíz mantiene en pie la suspensión de la siembra y será una instancia mayor la que determine, en los próximos tres meses, si convierte esta suspensión temporal en definitiva o quita las barreras para el libre otorgamiento de permisos de semillas transgénicas.