Ciudad de México, 25 de agosto (Sin Embargo).- Luego de ir a las oficinas de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de República (PGR) en la Ciudad de México, Irma Garrido Ortigosa, ex candidata a Diputada federal en Tijuana, Baja California, acudió a las oficinas centrales del Partido Acción Nacional (PAN) con una demanda para su nuevo presidente Ricardo Anaya Cortés: que cese el espionaje ilegal en Baja California, entidad donde gobierna el panista Francisco Vega de Lamadrid.

Garrido Ortigosa explicó que en los últimos días tanto ella, como diversos periodistas en Baja California, han sido víctimas de acoso e intimidación por parte del gobierno estatal, tras haber denunciado la existencia de instalaciones desde donde se opera el “Sistema Galileo” para espiar redes telefónicas y computadoras.

Recalcó que este sistema de espionaje está dirigido por Antonio Valladolid, secretario de Finanzas y Planeación del gobierno estatal, quien pretende ser candidato a Alcalde de Tijuana en el 2016.

“¿Por qué decidimos denunciar? Porque se me hace completamente incorrecto, ilegal y que violenta nuestra libertad y derechos como ciudadanos que el gobierno estatal está espiándonos con Internet y con nuestro celular. ¿A razón de qué? ¿Qué busca? ¿O que pretende encontrar?”, dijo en entrevista para SinEmbargo.

Detalló que el equipo de espionaje adquirido a la empresa Hacking Team habría tenido un costo de 600 millones de pesos y se ubica en una casa privada ubicada en Tijuana, Baja California, conocido como el “bunker”, en donde se realizaría “el trabajo fino” de espiar y grabar a políticos, activistas y ciudadanos durante el proceso electoral del 2015.

“Me di cuenta de que el lugar a dónde me habían llevado no eran más que las instalaciones que Wikileaks había denunciado y que no encontraban ni los periodistas ni los investigadores, por una razón, porque yo intenté mandar un mensaje cuando estaba dentro y me dijeron que no podía mandar mensajes porque tenían un sistema de bloqueo satelital y de GPS”.

Irma Garrido, quien fuera candidata por el Distrito Sexto Federal bajo las siglas del Partido Humanista, detalló que por diversas presiones e intimidación declinó a favor de María Luisa Sánchez, la candidata “oficial” del Gobernador “Kiko” Vega y de su secretario de Finanzas Antonio Valladolid, seis días antes de los comicios del 7 de junio.

Explicó que tras negarse en varias ocasiones a declinar a favor de María Luisa Sánchez, fue intimidada incluso en las instalaciones de la congregación evangélica en donde asiste, por lo que accedió a concertar una cita con Víctor García y Óscar Sánchez, presuntos representantes de Antonio Valladolid, el 27 de julio de este año.

“Ellos me citan en este lugar llamado el ‘bunker’. Cuando yo llegué, parecía una constructora, sin embargo, el equipo que tenían adentro no era de una constructora. Yo pude observar un promedio de 30 terminales telefónicas con computadora, dos servidores grandes y uno pequeño”, explicó Irma Garrido.

“Cuando yo les pregunté a dónde me habían llevado, me dijeron que era una instalación privada del Gobernador y de su equipo, y que allí estaban haciendo el trabajo fino para el día de la elección [7 de junio de 2015]”, agregó.

GOBIERNO DE “KIKO” VEGA NIEGA ESPIONAJE

El Gobierno del panista Francisco “Kiko” Vega rechazó haber comprado un equipo de espionaje o haber instalado un centro para espiar a ciudadanos y políticos.

El pasado 14 de julio de 2015, SinEmbargo recibió respuesta del Gobierno de Baja California a una solicitud de información realizada a la Oficina del Titular de Ejecutivo en donde se informó que la dependencia no había realizado contrato alguno con la empresa Hacking Team, debido a que hacer compras no era parte de sus atribuciones.

La misma solicitud fue enviada a la Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Baja California, encargada de realizar las compras de los bienes que requiera la administración estatal y de contar con un padrón de proveedores nacionales e internacionales.

La respuesta llegó el 22 de julio.

“La Dirección de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado no tiene relación comercial con la empresa italiana Hacking Team. Asimismo se informa que no está inscrito en el padrón de proveedores.

Debido a lo antes expuesto no existe contrato alguno celebrado con dicha empresa”.

En la entidad, el pasado 29 de julio representantes de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Baja California citaron a conferencia de prensa para negar que la administración local tuviera relación con la empresa Hacking Team o mantuviera un Centro de Espionaje para vigilar conversaciones de políticos y activistas.

A todo esto, el contralor estatal Bladimiro Hernández se ha negado a realizar una investigación formal, lo cual pareciera lógico, aunque ilegal, ya que su colocado en ese puesto por el propio Gobernador “Kiko” Vega.

PAN MINIMIZA LA DENUNCIA

Irma Garrido acudió a las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ubicadas en la Colonia del Calle en la Ciudad de México. Su intención era entregar al nuevo presidente del PAN un escrito en donde le pide que inicie una investigación en Baja California.

Le demanda que se investigue el presunto derroche de recursos por parte de integrantes del gobierno del panista de Francisco Vega, a quienes acusa de ser “partícipes de casos de corrupción”.

“Yo quisiera que Ricardo Anaya tomara las riendas en el asunto, porque cuando tomó las riendas como presidente del PAN, dijo que iba a hacer que los gobiernos emanados del PAN fueran honestos, democráticos, incluyentes, con austeridad. Y en el Gobierno de Baja California evidentemente no hay honestidad, no hay austeridad ni hay claridad”, dijo la ex candidata en entrevista.

Irma Garrido sostuvo que en su búsqueda por mantener el control político en la entidad, los funcionarios de la administración de “Kiko” Vega generan “presión política y social contra periodistas y activistas”.

Específicamente sobre el secretario de Finanzas y Planeación explicó que utiliza dinero público en crear la plataforma que le permita ser candidato a Presidente Municipal de Tijuana en el 2016.

Como el evento público realizado el pasado 20 de agosto en donde la Diputada federal electa María Luisa Sánchez entregó cinco mil útiles escolares, de forma ilegal, pues ella todavía no tiene acceso a recursos públicos para apoyo legislativo, hasta que tome posesión el primero de septiembre.

Por lo que se presume que los útiles escolares y la organización del evento al que asistieron más de ocho mil personas fue financiado por la Secretaría de Finanzas de la entidad. Por cierto, al evento asistió el propio secretario de Finanzas Antonio Valladolid, según consta en notas periodísticas locales.

“Se utilizaron muchísimos recursos públicos, sobre todo de la Secretaría de Finanzas y Planeación [encabezada por Antonio Valladolid], le pide todo un operativo para regalar útiles escolares pagados por la Secretaría de Finanzas. Esto es ilegal, porque estás haciendo desvío de recursos públicos”, afirmó Irma Garrido.

Luego de que ningún funcionario de alto nivel aceptara recibir su escrito en las instalaciones del partido albiazul, éste fue entregado a un integrante del equipo de Comunicación Social del PAN y la ex candidata colocó copia del escrito afuera de las instalaciones panistas.