Ciudad de México, 25 de agosto (SinEmbargo).- Open Democracy, una prestigiada red británica promotora de las libertades civiles en el mundo, dice hoy en un extenso análisis que México suele ser bien calificado en rankings de derechos humanos por gobiernos y organizaciones de peso como Freedom House, debido a que se le mide por sus leyes e iniciativas gubernamentales, pero no por la brutal realidad: que los políticos usan al crimen organizado para atacar a los periodistas y activistas críticos.
Dice que, por ejemplo, China es considerado como un represor de la libertad de expresión porque, por medio de sus leyes, encarcela a los críticos. Pero en México –y esto no lo toma en cuenta Freedom House y algunos gobiernos, dice–, las leyes son buenas cuando la realidad es terrible para comunicadores y defensores de los derechos humanos.
“En los países donde los políticos no tienen los medios formales para reprimir a los opositores políticos, se abre otra caja de herramientas de la represión: la ejecución de la represión en colaboración con la delincuencia organizada, mientras que los políticos federales se hacen de la vista gorda”, señala.
“Cualquier solución [al problema mexicano] debe separar la represión política en su forma más esencial, de las manifestaciones de la represión”, recomienda. “Definir la represión como una intolerancia fundamental a la oposición política, y estar abierto a las formas en que esta intolerancia puede manifestarse. Si utilizamos estas nuevas lentes, podríamos ser capaces de comprender mejor las formas de represión nuevas y más nebulosos [en México]”, señala.
El análisis se llama “Verdades mortales de México”. Es firmado por Jos Bartman, quien abre con esta afirmación: “El brutal asesinato de reportero gráfico Rubén Espinosa es el último de una larga serie de ejecuciones. Pero la comunidad internacional continúa malinterpretando las raíces de la violencia política de México”.
Cuenta cómo el 31 de julio pasado, Rubén Espinosa fue torturado y asesinado en una casa en la Ciudad de México. Sus cuatro compañeras, entre ellos una activista de Veracruz, fueron violadas, torturadas, y también las mataron. “Mientras Veracruz, la entidad en la que Espinosa trabajó, es conocida por tener un ambiente hostil para los comunicadores y activistas, esta es la primera vez que un periodista de Veracruz ha visto su seguridad comprometida en la capital. La masacre de Espinosa demuestra no sólo lo terrible de la situación para los periodistas en México, sino que además es un ejemplo de la forma en que los países formalmente democráticos como México tratan a sus rivales políticos”.
De acuerdo con Artículo 19, la organización internacional que promueve la libertad de prensa, Espinosa es el duodécimo periodista de Veracruz en ser asesinado desde 2010. “A la luz de ese número, Veracruz puede llamarse a sí mismo el estado más peligroso para los periodistas en México, y, según Reporteros Sin Fronteras, incluso uno de los lugares más peligrosos del mundo”.
“Mientras que el clientelismo, la corrupción y un clima de temor ya han dado como resultado el hecho de que sólo una cantidad limitada de periodistas puede escribir críticamente sobre el gobierno del estado, la mayoría de las personas que se involucran en el periodismo crítico esperan la misma suerte: hombres enmascarados tocan a la puerta, a menudo sigue la tortura, la violación y el asesinato y, finalmente, una declaración del fiscal general federal en el que se hace hincapié que el asesinato no tuvo un impulso político. En otras palabras, la víctima se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado”, agrega Jos Bartman.
Recientemente, un equipo de periodistas de investigación descubrió que la policía del estado de Veracruz había guardado un archivo secreto en 20 activistas considerados como “riesgos de seguridad”, señala. “Es una lista de nombres que comparte una similitud importante con la cadena de las víctimas en Veracruz: las personas que han criticado abiertamente al gobierno del estado, y se publicado acerca de la corrupción y la represión por parte de ese gobierno. Está claro que los recientes asesinatos, antes Espinosa, son impulsados políticamente. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y organizaciones de derechos civiles tales como Artículo 19 reconocen esto. Pero los responsables políticos y comentaristas de todo el mundo continúan malinterpretando la naturaleza de esta represión”.
“Tome al Ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, Bert Koenders, por ejemplo, que elogió al gobierno mexicano por su promoción internacional de los derechos humanos después de su última visita diplomática. En un comunicado de prensa, señaló que los Países Bajos y México son cada vez más parecidos en sus ambiciones políticas. Koenders hizo hincapié en que México quiere tomar más responsabilidad en promover la paz y la seguridad en el mundo mediante el apoyo a las misiones de paz de la ONU. Describió los esfuerzos del gobierno mexicano para frenar los problemas de drogas internacionales como ‘admirable’. Esto, mientras numerosos periodistas que han investigado los vínculos entre los políticos y los cárteles de la droga han sido asesinados brutalmente. Declaración Koenders son características de la forma en que los políticos sólo se refieren a la posición oficial de un país cuando se trata de derechos humanos, para dejar de lado la posición empírica”, señala el reporte de Open Democracy.
Las organizaciones de derechos humanos y derechos civiles, agrega, “son menos positivas sobre el Gobierno mexicano, y tales organizaciones han intentado varias veces ejercer presión sobre para poner fin a las ejecuciones extrajudiciales de periodistas y activistas. Esto es difícil dado que la represión estatal de los disidentes en México se ejerce de manera descentralizada. Pero parte de la culpa por la mala interpretación de la represión también debe dirigirse a las propias organizaciones no gubernamentales. Uno de los perros guardianes más influyentes de la democracia, Freedom House, evalúa a México como un actor promedio cuando se trata de la situación de los derechos civiles y la libertad política”, agrega.
“Esto contrasta con países como China, que sale mal en esas calificaciones. La razón por la que Freedom House es relativamente generosa con México es la misma razón por qué el ministro holandés de Relaciones Exteriores es tan positivo acerca de las ambiciones políticas del gobierno mexicano: ambos hablan acerca de las políticas gubernamentales, [pero] no de la práctica en la realidad”, insiste.
“El tipo de informes utilizado por Freedom House se dirige principalmente a las libertades jurídicas que disfrutan las personas en un país, tales como el derecho a participar libremente en las elecciones, o el derecho de realizar periodismo sin obstáculos. En México, estas libertades están razonablemente bien protegidas por la ley con respecto a China. Pero estas medidas no dicen mucho sobre cómo los países cumplen con las normas legales. La consecuencia de esto es que países como China, donde los opositores políticos son procesados a través de la legislación nacional, tienen calificaciones peores que los países donde los opositores políticos son torturados y asesinados en sus propias casas”, establece.
NO ERAN CRIMINALES
El pasado 31 de julio el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, la activista Nadia Vera Pérez, Yesenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés y la ciudadana colombiana Mile Virginia Martínez fueron brutalmente asesinados en un departamento de la colonia Narvarte en la Ciudad de México. Ruben y Nadia habían salido del estado de Veracruz por amenazas hacia su persona. Es por ello que organizaciones, artistas e intelectuales de todo el mundo han exigido a las autoridades mexicanas resolver de manera inmediata el caso sin descartar la labor de Vera y Espinosa. También han pedido atender con la misma importancia los otros tres feminicidios. El espeluznante descubrimiento de los cadáveres de las cuatro mujeres y un hombre en un apartamento de un tranquilo barrio de la ciudad de México podría haber pasado como otro crimen violento más en un país inmerso en una prolongada “guerra contra las drogas”. Pero estas muertes tienen un matiz más siniestro, escribe Carlos K. Zazueta, investigador de Amnistía Internacional. Por considerarse de alto interés para sus lectores, gracias a la alianza que SinEmbargo tiene con periódico digital ElDiario.es, se pone a consideración el siguiente artículo…
Por Carlos K. Zazueta, investigador de Amnistía Internacional
El espeluznante descubrimiento este mes de los cadáveres de cuatro mujeres y un hombre en un apartamento de la colonia Narvarte de la Ciudad de México podría haber pasado como otro crimen violento más en un país inmerso en una prolongada “guerra contra las drogas”. Pero estas muertes tienen un matiz más siniestro.
Las víctimas no eran capos de la droga armados con pistolas. Hasta ahora, las únicas víctimas identificadas por las autoridades son el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, de 31 años, y la activista pro derechos humanos Nadia Dominique Vera Pérez, de 32. Ambos habían huido del estado de Veracruz debido al acoso continuo que sufrían por su trabajo y a las críticas de las autoridades.
Sus muertes son sólo las últimas de una larga sucesión de asesinatos similares encaminados a silenciar a los periodistas y otras personas críticas. Veracruz destaca por su historia reciente de violencia sin precedentes contra los periodistas.Desde 2011, 14 periodistas han sido víctimas de homicidio en ese estado, tres de ellos sólo este año. Todos los casos están sin resolver. Las investigaciones están plagadas de insuficiencias, incluida la reticencia a reconocer siquiera que las víctimas eran periodistas y que su muerte violenta podría estar relacionada de algún modo con su trabajo.
Rodolfo Fernando Ríos Garza, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, confirmó a varias emisoras de radio que Rubén Espinosa, Nadia Vera y las otras víctimas recibieron disparos a quemarropa en la cabeza. En lo que los programas de crímenes de la televisión llaman “estilo ejecución”. Hasta el momento, hay un sospechoso detenido, pendiente de más investigaciones.
Las autoridades deben investigar si alguna de estas cinco personas fueron abatidas a tiros para silenciar su trabajo periodístico o de defensa de los derechos humanos, e informar a la sociedad mexicana de sus conclusiones.
Pero con independencia de si tenía como fin restringir la libertad de expresión o el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos, este crimen violento no puede quedar impune.
Este tipo de crímenes son endémicos en México. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en los últimos 15 años han muerto violentamente un centenar de periodistas. Mientras tanto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos informó de 245 atentados, 22 homicidios entre ellos, contra defensores de los derechos humanos entre 2006 y 2012.
Pese a la gravedad de esta crisis, las autoridades mexicanas siguen sin adoptar medidas concretas y eficaces para proteger a personas como Rubén Espinosa y Nadia Vera. En 2012, el Congreso mexicano aprobó por unanimidad la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que creó un mecanismo federal destinado a dicha protección. Aún así, la mayoría de quienes están en situación de mayor riesgo desconfía de este mecanismo porque ha resultado poco eficaz. Más de tres años después, el gobierno todavía no ha demostrado su voluntad de garantizar que se implementa efectivamente la ley.
Un mecanismo de protección no es la solución, pero es un comienzo. El Estado también debe contar con una política para prevenir y mitigar riesgos y con un plan claro para garantizar que la sociedad en general entiende y aprecia el trabajo, vital y legítimo, de periodistas y defensores de derechos humanos.
Del mismo modo, todos estos casos, incluido el de Rubén y Nadia, deben ser debidamente investigados por las autoridades civiles. La forma más eficaz de impedir que vuelvan a cometerse ataques similares es castigar a quienes sean declarados responsables y transmitir el claro mensaje de que no se tolerarán estos ataques.
Antes de su muerte, tanto Rubén Espinosa como Nadia Vera habían expresado públicamente su temor por lo que podría sucederles. En una entrevista con un medio online publicada unos días antes de su muerte, Rubén dijo que lo que lo había impulsado a trasladarse a la Ciudad de México había sido la violencia contra los periodistas en Veracruz.
Tras la muerte de Nadia Vera, su madre —la poeta Mirtha Luz Pérez— le dedicó este poema:
No me dejes sin tus ojos
Ciega
No me dejes sin tu voz
Silente
No me dejes sin tu luz
A oscuras
Los mexicanos quieren ser libres para expresarse, para cuestionar, para ser creativos. Pero esto se vuelve imposible si se permite que cualquier discrepancia sea eliminada con la violencia. Matarlos o amedrentarlos para que callen sólo puede desembocar en un entorno sin periodistas independientes fiables ni defensores de los derechos humanos que informen a la sociedad e inciten al debate.
Este tipo de crimen nos entristece profundamente, pero, lo que es peor, siembra el miedo. Como ciudadanos mexicanos corrientes, nos merecemos algo mejor. Nos merecemos ver que se hace justicia. No nos van a dejar ciegos, silentes y a oscuras.
