Cumplidos los tres años de la desaparición forzada de los jóvenes en Iguala, Guerrero, representantes de la CIDH y familiares de los normalistas de Ayotzinapa señalaron que continúa la obstaculización por parte del Estado mexicano a la asistencia técnica internacional con acciones como el espionaje y el ocultamiento de información y evidencia al GIEI, así como las declaraciones de funcionarios reivindicando la “verdad histórica”, la cual, señalaron, carece de sustento científico.

Pese a que la CIDH y los familiares señalaron públicamente a Tomás Zerón de Lucío por cometer graves irregularidades en el caso, no obtuvo respuesta, Mientras que otros funcionarios son despedidos por realizar investigaciones por casos de corrupción que implican al Gobierno federal.

Montevideo/Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo/EFE).- Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa– desaparecidos en septiembre de 2014– y representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron la procuración de justicia en el país, pues “a Tomás Zerón se le premia sostener la ‘verdad histórica’ y a Santiago Nieto se le despide por [trama de corrupción de] Odebrecht”.

En la audiencia pública de revisión del Mecanismo de Seguimiento del Caso Ayotzinapa, en el contexto del 165 periodo de sesiones de la CIDH llevada a cabo en Montevideo, Uruguay, los representantes y familiares de los normalistas acusaron al Gobierno federal de no brindar nuevos datos que aporten indicios sobre dónde se encuentran los jóvenes.

Señalaron que continúa la obstaculización a la asistencia técnica internacional con acciones como el espionaje y el ocultamiento de información y evidencia al GIEI, así como las declaraciones de funcionarios reivindicando la “verdad histórica”, “carente de sustento científico”.

Los familiares cuestionaron el uso político y la falta de independencia de la Procuraduría General de la República (PGR), pues, refirieron, mientras a funcionarios como el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, se les premia, a otros, como el ex visitador general de la Procuraduría, César Alejandro Chávez, se les obliga a renunciar por encabezar investigaciones independientes; o el más reciente caso es el de Santiago Nieto, a quien despidieron de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por investigar la presunta participación de la empresa brasileña Odebrecht en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Recordaron que el ex titular de la AIC, tras “la visita del mes” en agosto de 2017, contradijo a la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño al reivindicar la teoría de caso construida durante su periodo. Pese a que la CIDH y los familiares señalaron públicamente a Zerón de Lucío por cometer graves irregularidades en el caso, no obtuvo respuesta, lamentaron.

“A tres años [del caso Iguala], no existe justificación para que [en el Gobierno] no sepan en realidad el paradero de nuestros hijos”, consideró Emiliano Navarrete, padre del desaparecido José Ángel Navarrete y quien denunció que los funcionarios del Estado mexicano “andan buscando la respuesta en el aire”.

Por su parte, a través de un comunicado, el Estado mexicano informó de que la delegación oficial que participó en esta audiencia pública comunicó los avances más recientes en torno a las medidas cautelares de la CIDH para el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.

“Por el Estado mexicano no obtuvimos más información adicional que nos de una pauta de dónde están los estudiantes o algunos avances […] lo que nos dieron es un conjunto de datos ya dados en audiencias anteriores”, dijo a Efe el abogado de la agrupación de familiares de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales.

Según explicó Rosales en conferencia de prensa, la CIDH creó en 2015 un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que acompañó la investigación del caso entre marzo de 2015 y abril de 2016, cuando el Gobierno mexicano decidió que no prosiguieran con su tarea, tras haber contradicho con sus pesquisas el relato oficial.

En lugar de ello, la CIDH decidió crear “un mecanismo especial de seguimiento” en el que se supervisa la investigación con visitas a México y con reuniones entre las partes en cada sesión de la Comisión fuera del país centroamericano.

“Todo el conjunto de datos que [el Gobierno] pone sobre la mesa hoy en día no ofrecen una perspectiva de dónde se encuentran los estudiantes, no hay el menor indicio”, subrayó Rosales.

Asimismo, el representante jurídico de los familiares señaló que desde la agrupación exigen que se investigue a la Policía del Municipio de Iguala, así como al Ejército mexicano que, según afirman, estuvo involucrado en la desaparición de los estudiantes.

“El posible motivo de la detención de los estudiantes habría sido el trasiego de droga que llevaba a cabo Guerreros Unidos (grupo criminal mexicano) con policías del municipio de Iguala”, agregó el abogado.

Además, Rosales consideró que el Estado quiere encubrir y darle impunidad a los responsables y acusó al presidente de México, Enrique Peña Nieto, de no querer avanzar en las investigaciones hasta las elecciones de 2018, para que no existan “costos políticos”.

“Lo sustantivo es que la Comisión siga dándole seguimiento al caso, que siga supervisando y acompañando para que los padres no se encuentren solos ante el Estado mexicano que se ha encargado de poner nubarrones a la situación”, añadió.

Por otra parte, Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, uno de los 43 jóvenes desaparecidos, estuvo presente en la conferencia y dijo que no entiende la postura de su Gobierno, ya que pareciera que para ellos “la vida de la gente no importa”.

“La CIDH sigue con nosotros apoyándonos hasta llegar a la verdad. Aquí hace falta mucha voluntad política de parte del Gobierno mexicano, no puede ser posible que a 37 meses no se tenga si quiera una pista de dónde pudieron estar nuestros hijos”, manifestó Navarrete.

“Como mexicanos estamos peleando con el propio Gobierno, que supuestamente te representa pero es el que te está desapareciendo y privando de la libertad”, añadió.

En tanto, Blanca Luz Nava, madre del desaparecido Jorge Álvarez Nava, dijo que vinieron a Uruguay para escuchar “nuevamente las mentiras” del Gobierno mexicano, ya que no hay “ni una pista” que los acerque a sus hijos.

“Nos da muchísima tristeza porque el gobierno está para apoyarnos y buscar a nuestros hijos no es justo que una madre esté sufriendo tanto por no encontrar a su hijo”, subrayó.

Además, afirmó que no descansará hasta encontrar a su hijo y sus 42 compañeros y lo que buscan es “verdad y justicia”.