México atraviesa una crisis de violencia que repercute, especialmente, en las mujeres. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, organizaciones civiles cuestionan el papel que han jugado las autoridades en el país, en especial los gobiernos de los estados, para erradicar este fenómeno.

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo). — Los gobernadores del país callan ante las altas tasas de feminicidios que se registran en México, acusan activistas. Organizaciones civiles explican que en los últimos años la estrategia generalizada por parte de las entidades para erradicar la violencia que sufren las mujeres ha sido el silencio.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) especificó, con base a datos del 203 y 2014, que cada día siete mujeres son asesinadas en el país.

“En México tenemos una avance legislativo que protege a las mujeres de una vida libre de violencia, el problema cuál es, que de nada sirve, si no se implementa a través de políticas públicas”, dijo Rodolfo Domínguez Márquez, director de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, que pertenece al Observatorio Nacional contra el Feminicidio.

El año pasado, un informe del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género estableció que en el 2012 el mayor número de feminicidios se dio en el Estado de México con 388, seguido de Chihuahua con 269 y Guerrero con 237. De estos tres estados, sólo en el Edomex se activó la laerta de género.

Esto concuerda con las cifras del Inegi, las que señalan que en Chihuahua y el Estado de México la exposición a actos de violencia afecta al 80 y 78 por ciento de las mujeres, respectivamente.

A finales de julio, el Gobernador priista del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, terminó por declarar la Alerta de Género en 11 municipios, después de más de cinco años de exigencia de parte de la ciudadanía.

A pesar de que a la fecha sólo el Estado de México y Morelos han implementado la alerta. Los resultados de este mecanismo aún son cuestionados.

“Eruviel Ávila sólo dio un golpe de mano a lo inminente que era una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declarara la alerta de violencia de género en 11 y no en 125 municipios donde la violencia es exacerbada. Las autoridades sólo se han dedicado a entregar los pocos cuerpos que han encontrado”, dijo David Mancera Figueroa, presidente de Solidaridad por las Familias.

Consultados por separado, los expertos que trabajan en este tema coinciden en que la impunidad que existe en el país hace que los feminicidios no disminuyan. El Inegi envió una misiva, en la que recoge la perspectiva de la antropóloga Marcela Lagarde que indica: “el feminicidio se diferencia del homicidio común cuando se trata de circunstancias específicas, que además se perpetran con saña, pero sobre todoen condiciones donde el estado y sus agentes no lo castigan, sino por el contrario existe impunidad ante estos hechos”.

Paola Fernández Lozano, representante del Centro Las Libres en Guanajuato, expuso que la solicitud y declaración de Alerta de Género conlleva avances, pero no han servido para cambiar la impunidad en torno a los crímenes de los que las mujeres son objeto. “Son más de 80 muertas las que lleva la entidad en lo que va del año”, dijo.

FALTA DE RECONOCIMIENTO

Fernández Lozano explicó que en términos políticos los gobernadores como Miguel Márquez Márquez, de Guanajuato, han preferido callar ante la problemática. Una práctica que otros mandatarios estatales realizan constantemente.

“Lo que nosotras entendemos es que hay un cierto temor a reconocer que hay un problema en Guanajuato, como en el resto del país, sobre violencia contra las mujeres, porque pareciera que está primero la imagen del estado”, dijo la representante de Las Libres.

De acuerdo con el Inegi, las entidades con mayor incidencia de violencia son Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y el Estado de México.

“Los Gobernadores han estado politizando la alerta de género, un recurso que debería ser para salvar la integridad de las mujeres, porque se considera como una mala nota o mala prensa. Sin embargo, la Alerta sólo muestra que la situación preocupa”, dijo Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Este fue el caso del Gobernador Roberto Borge Angulo que rechazó una Alerta de Género, minimizó las muertes y pidió que no fueran “politizadas” para “no afectar” la derrama económica en ese destino turístico. A pesar de que Quintana Roo cerrará con casi veinte asesinatos, siete de los cuales ocurrieron en noviembre.

Será un número que se añada a la montaña de cadáveres que figuradamente tiene la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Quintana Roo en sus archivos. En 2012 se documentaron 15, un año después 20 y durante 2014, se contabilizaron 12.

De acuerdo con las organizaciones, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha exacerbado las condiciones de violencia a la mujer, que iniciaron dentro con la declaración de la guerra al narcotráfico del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa en el 2006.

Desde el primer semestre de Gobierno de Peña Nieto, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) tiene el encargo de instalar el mecanismo de Alerta de Género en una demarcación cuando alguna Organización no Gubernamental o el mismo gobierno lo solicite.

Pero de ocho millones de pesos etiquetados para ese fin, este año sólo ha gastado 179 mil 949.71 pesos, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información en el folio 0000400156615 del Infomex. El gasto fue para viáticos y pasajes de los expertos que hicieron trabajo en terreno.

“Las mujeres quedaron en situaciones de mayor vulnerabilidad ante la explosión de la violencia y es cuando empezamos a ver toda el problema de los feminicidios. Yo creo que un error que están cometiendo las autoridades es haber realizado diagnósticos claros sobre la violencia”, dijo Rodolfo Domínguez Márquez.

ADOLESCENTES: LAS MÁS VULNERABLES

El Inegi estableció que el 32 por ciento de las mujeres ha padecido violencia sexual por parte de agresores, esto incluye actos de intimidación, acoso o abuso sexual.

El informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México “La Infancia cuenta en México” reitera que al 2013 los estados con mayor número de embarazos adolescentes fueron: Guerrero con 27.37 por ciento del total; Chiapas con 26.29; Coahuila con 25.64; Nayarit 24.81; Durango con 23.71; Campeche 21.74, y Chihuahua con 21.

La Red ha dicho que los embarazos prematuros también son una forma de violencia y el tema sigue sin será atendido. México es líder dentro de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) con cerca de 500 mil embarazos no deseados al año.

Pérez García dijo que de las personas desaparecidas –que suman alrededor de 23 mil casos–, son 6 mil 700 las personas menores de 18 años. En el segmento Entre las edades de 15 y 17 años, siete de cada 10 son mujeres adolescentes.

“Y la mayor parte está sucediendo en Tamaulipas y en Estado de México, que acumula 393 denuncias por desaparición de mujeres adolescentes. Esto coincide con muchas denuncias de familiares de víctimas y que dan cuenta de que el Estado mexicano no hace nada para prevenir”, detalló.

Si bien estos estados presentan las tasas más altas también el director de la Redim destacó recientemente el incremento de casos en Quintana Roo.

El director de Redim expuso que los estados fallan recurrentemente al artículo cuatro constitucional que establece que los intereses de la niñez por encima de cualquier otra decisión en todas las actuaciones que realizan.

“Se puede ver claramente en la discusión de la Ley de personas desaparecidas, en la Cámara de Diputados está atrasado este tema, y el Ejecutivo no ha recuperado la inclusión de un protocolo especial para la búsqueda de niños. Es ahí donde nuevamente se observa quienes tienen una visión de Estado y quienes de protección del delito”, destacó Pérez.