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Jorge Javier Romero Vadillo

26/01/2017 - 12:00 am

México contra la pared

Ha tomado posesión el demagogo fascistoide en los Estados Unidos y su encono contra México comienza a materializarse. Sus decretos contra la migración y su decisión de construir una muralla que proteja a su feudo de la amenaza de los bandidos bárbaros del territorio vecino, con una lógica medioeval, son la punta de lanza de […]

Sus decretos contra la migración y su decisión de construir una muralla que proteja a su feudo de la amenaza de los bandidos bárbaros del territorio vecino. Foto: AP

Ha tomado posesión el demagogo fascistoide en los Estados Unidos y su encono contra México comienza a materializarse. Sus decretos contra la migración y su decisión de construir una muralla que proteja a su feudo de la amenaza de los bandidos bárbaros del territorio vecino, con una lógica medioeval, son la punta de lanza de una ofensiva que pretende, sobre todo, cerrarle el paso a la producción mexicana orientada al mercado del norte.

Desde una perspectiva de racionalidad económica, como la que quisieran que imperara los creyentes del modelo neoclásico, las medidas contra México en las que se ha empeñado Trump resultan difíciles de entender, pues resulta contradictorio el objetivo de frenar la migración con el de asfixiar la producción industrial de México. Con el retiro de proyectos de inversión y el cierre de plantas, el desempleo de este lado de la frontera se traducirá en una mayor presión migratoria, que difícilmente el amurallamiento va a lograr contener, además de que un deterioro en las condiciones económicas mexicanas tarde o temprano va a afectar negativamente a los Estados Unidos. Sin embargo, en el corto plazo los efectos del empecinamiento antimexicano del nuevo Presidente van a resultar catastrófico para nuestro país.

La andanada trumpiana contra México está mostrando en toda su crudeza la tremenda debilidad del modelo económico construido a partir de la década de 1990, que reemplazó a la agotada estrategia de crecimiento basada en la industrialización para el mercado interno, en la que se había basado la prosperidad de la época clásica del régimen de PRI. El agotamiento del patrón de desarrollo basado en la protección a la industria nacional contra la competencia del exterior se debió, fundamentalmente, a que el salario real de los trabajadores no creció lo suficiente como para que se convirtieran en consumidores del mercado que se pretendía desarrollar. Los bajos salarios de los obreros industriales y los ingresos de miseria de los campesinos se convirtieron en obstáculo para el crecimiento económico.

El cambio de proyecto económico, promovido por la tecnocracia liderada por Carlos Salinas de Gortari, quiso convertir el gran defecto del modelo periclitado –los bajos salarios– en la principal ventaja competitiva de México en el marco de la economía abierta que se abría paso a ritmo acelerado en el mundo desde la década de 1980. El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá buscó aprovechar el diferencial salarial y la larga frontera con el principal mercado del mundo para atraer inversión productiva que fomentara una nueva etapa de crecimiento.

Los resultados del cambio de modelo han sido, cuando mucho, mediocres, pues no se generaron tasas de crecimiento equiparables a las alcanzadas durante la época de auge del modelo orientado al desarrollo del mercado interno; de hecho, el crecimiento económico de los últimos 25 años apenas si ha estado por encima del crecimiento poblacional y si se le suma a este período la década previa de recesión, en realidad México ha vivido al borde del estancamiento, sin avances sustanciales en la renta per cápita ni mejoras en la terrible distribución de la riqueza nacional.

El Tratado de Libre Comercio no resultó la panacea que pretendió Salinas; sin embargo, toda la estrategia económica nacional de los últimos cinco lustros ha girado en torno suyo. Las mediocres tasas de crecimiento conseguidas han sido atribuidas, una y otra vez, a la falta de “reformas estructurales” (fundamentalmente, la liquidación del monopolio estatal sobre el petróleo) que potenciaran la inversión. Ahora se ha mostrado claramente que se trataba de un subterfugio y que la reforma imprescindible del Estado mexicano está en otro lado: en la construcción de un orden jurídico que deje de ser una ficción aceptada, en la limitación de la capacidad depredadora de los políticos, en la creación de un servicio público profesional, no clientelista, en el desarrollo de derechos de propiedad con certidumbre y, sobre todo, en la eliminación de los obstáculos para el acceso a la organización económica, social y política.

A pesar de sus resultados mediocres para el desarrollo económico y social de México, el comercio libre con los Estados Unidos ha sido casi el único elemento que ha permitido cierto crecimiento y ha permitido generar empleos, sobre todo una vez agotada la riqueza petrolera, de cuyas rentas vivió el Estado mexicano durante las últimas cuatro décadas. Con las esperanzas puestas en la expansión del mercado vecino, los sucesivos gobiernos renunciaron a impulsar estrategias de desarrollo que promovieran el crecimiento del mercado interno, pero tampoco hicieron nada para promover industrias con ventajas competitivas distintas a los bajos salarios. La catastrófica situación del sistema educativo nacional y el miserable gasto público en ciencia y tecnología han contribuido sustancialmente a que el casi único atractivo para la inversión sea la posibilidad de pagar diez veces menos que en los Estados Unidos por la fuerza de trabajo.

El portazo que está dando Trump a México muestra descarnadamente la tremenda dependencia de México respecto a su casi único mercado exterior y la incapacidad de la economía nacional para subsanar las tremendas pérdidas que el amurallamiento económico y material impulsado por el nuevo gobierno estadounidense va a provocar. Sin TLC, o con un TLC renegociado para peor, México se las va a ver muy crudas, en un momento en el que la capacidad del Estado para reducir la violencia y garantizar la seguridad se encuentra seriamente mermada por la descomposición de los mecanismos de control clientelista del viejo régimen y por el despropósito de enfrentar la crisis de seguridad con una estrategia militar, en lugar de desarrollar capacidades estatales basadas en las competencias técnicas de los cuerpos de seguridad y en el fortalecimiento de un orden jurídico que brinde certidumbres generales.

El decadente Estado mexicano, con sus altas dosis de corrupción e ineficiencia, va a resultar muy endeble frente a la crisis que se avecina. Y lo peor es que no se vislumbra en el corto plazo el surgimiento de un liderazgo colectivo capaz de encabezar el proceso de renovación institucional necesario para hacerle frente a la catástrofe.

Jorge Javier Romero Vadillo
Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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