Ahora que el dinero destinado para la reconstrucción de la Ciudad de México estará en manos de la Secretaría de Finanzas capitalina, “la batalla importante, donde tenemos que poner el dedo en el renglón, es en la reasignación de esos recursos” a partir del Plan para la reconstrucción de la CDMX que entregó el Comité de Reconstrucción a mediados de enero de 2018, dijo Luis F. Fernández, director general de Nosotrxs, en entrevista con SinEmbargo.
Por eso, más allá de los mecanismos formales de transparencia y rendición de cuentas, las organizaciones de la sociedad civil y de damnificados deberán presionar, por todos los medios posibles, para garantizar que los recursos lleguen de manera efectiva a quienes en verdad lo necesitan.
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Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).- Luego de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) modificara diversas disposiciones legales de la Ciudad de México (CdMx), la Secretaría de Finanzas capitalina será la encargada de administrar y definir el destino del dinero para la reconstrucción de la ciudad –un monto de 8 mil 722 millones de pesos–, a más de cinco meses del sismo del 19 de septiembre de 2017.
La Secretaría de Finanzas de la CdMx tendrá que administrar el dinero sin los cuatro integrantes de la Comisión de Reconstrucción que renunciaron la semana pasada, lo que deja vacío al órgano encargado de observar, recomendar y establecer mecanismos para dar certidumbre sobre el manejo de los recursos de reconstrucción.
Además, deberá enfrentar las dudas que quedan en materia de transparencia y rendición de cuentas, luego de los señalamientos en contra de los legisladores que manejaban los fondos, por el presunto uso discrecional y electoral de los recursos.
A pesar de estos “obstáculos”, la labor de la Secretaría debe de limitarse a la reasignación de los recursos en estricto apego al plan presentado por la Comisión de Reconstrucción, refirió a SinEmbargo Luis F. Fernández, director general de Nosotrxs, iniciativa de exigencia colectiva a favor de la rendición de cuentas y la transparencia.
“La modificación normativa a la Ley de reconstrucción […] no echa para atrás el oficio de asignación de los recursos […]. Independientemente de los integrantes [de la Comisión de Reconstrucción], ya hay un diagnóstico, ya hay información y una priorización sobre cómo ejercer esos recursos. Si la Secretaría de Finanzas se apega a ese diagnóstico, será lo más importante porque es lo que puede asegurar que el ejercicio de los recursos llegue efectivamente a los damnificados que lo necesitan”, refirió en entrevista Luis F. Fernández.
De acuerdo con lo establecido por la Comisión en el Plan para la reconstrucción de la CDMX, el manejo del dinero debería de partir de un Fondo Único “desde el cual, todas las acciones y programas de la Reconstrucción estén ordenadas, jerarquizadas y alineadas […]. No hablamos de una sola cuenta, sino de poner en línea todas las cuentas en torno a un solo Fondo que responda al diagnóstico y las prioridades que el desastre plantea”.
Y los recursos financieros, refiere el Plan, sólo podrán destinarse a las actividades que tengan por objeto “implementar acciones que restituyan y garanticen los derechos de las personas residentes en la Ciudad de México, que directa o indirectamente fueron afectadas o corren el riesgo de ser afectadas por el fenómeno sísmico, en materia de alimentación, vivienda, salud, empleo, educación, seguridad jurídica, atención psicológica, servicios básicos, seguridad social y las demás que resulten necesarias”.
El dinero también deberá ser utilizado para “reconstruir, rehabilitar y demoler los inmuebles dañados [en la capital del país] por el fenómeno sísmico”.
En cuanto a las funciones se refiere, correspondería a la Secretaría de Finanzas identificar los recursos presupuestales que deben destinarse al Fondo, realizar las adecuaciones programático presupuestales en el presente ejercicio fiscal y las previsiones necesarias en los ejercicios fiscales posteriores.
El diagnóstico del Comité, asimismo, recalca que “los recursos del Fondo tendrían que sujetarse a los principios de eficacia, economía, control, evaluación, transparencia, máxima publicidad, buen gobierno, enfoque a resultados y rendición de cuentas”.
Hoy, la Secretaría de Finanzas anunció, por medio de un boletín de prensa que, con el objetivo de transparentar todos los recursos ejercidos por las dependencias que participan en el proceso de reconstrucción, el Gobierno capitalino diseñó una plataforma –o sitio- en donde la gente podrá ver a detalle el monto utilizado en cada actividad -como la remoción de cascajo, demolición de edificios, etcétera–.
Hasta ahora, el sitio cuenta con información correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2017, menciona el comunicado.
“Todas las dependencias van a poner sus contratos en línea que tienen que ver con la reconstrucción. Así va a ser para todo, hasta aquellas dependencias que tuvieron asignado el gasto para la reconstrucción. La divulgación va a ser completa”, dijo al respecto Édgar Abraham Amador Zamora, secretario de Finanzas capitalino, quien asimismo aseguró que los recursos de reconstrucción no serán asignados “de manera caprichosa”.
Como medidas de transparencia y rendición de cuentas tras las reformas legales, las Unidades Responsables del Gasto del fondo de reconstrucción capitalino deberán informar a la ALDF sobre las acciones a realizar. Y cuando la Comisión de Reconstrucción recobre funciones, deberá rendir un informe mensual, por escrito, acerca de los avances en la aplicación de programas y acciones para reparar los daños del sismo.
Por lo demás, habrá un órgano de control en el que participan miembros de la sociedad civil, académicos y damnificados con la finalidad de garantizar el adecuado manejo del dinero.
Luis F. Fernández comentó al respecto que los mecanismos de rendición de cuentas “son los mismos con los que dispone normalmente la ciudadanía para vigilar este tipo de insumos, que es el acceso a la información pública, el acceso a las auditorías”, entre otros. Más allá, queda esperar que la Secretaría de Finanzas se apegue al Plan del Comité y que la sociedad civil ejerza presión para exigir sus derechos.
“Lo primero es la presión directa con la Secretaría de Finanzas y con las dependencias para que la reasignación de los recursos se dé con base en el planteamiento hecho por la Comisión de Reconstrucción […]. Luego está seguir vigilando, por medio de las organizaciones de damnificados, que los recursos efectivamente lleguen a ellos, en un momento complejo del contexto electoral del país, donde lo último que tiene que suceder es que [el dinero] se utilice con fines político electorales”, explicó Fernández.
Convencido de que la primera batalla ya fue ganada por decenas de organizaciones de la sociedad civil y miles de ciudadanos que presionaron para que se le quitaran atribuciones a los diputados señalados por desviar fondos, el director de Nosotrxs confió en que podremos seguir exigiendo siempre y cuando tengamos la información y la organización adecuadas para poder presionar a las autoridades competentes.
Como señala en el Plan Katia D´Artigues Beauregard, ex integrante del Comité de Reconstrucción, “no hay cómo darle vuelta: la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre debe ser pensada con una perspectiva social y de derechos humanos. Una reconstrucción incluyente. Debe mejorar, incluso, las condiciones existentes antes de la tragedia. Nos debemos eso”.
CONTROVERSIA Y MODIFICACIONES A LA LEY
El 18 de febrero de este año, María Elena Pérez Jaén, ex comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), presentó un desplegado en el que refiere que los tres diputados capitalinos encargados de decidir el destino de los recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, incurrieron en el presunto desvío de dichos recursos.
Los legisladores señalados fueron los perredistas Leonel Luna Estrada y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, además del panista Jorge Romero Herrera.
Por considerar que estos tres diputados autorizaron el uso de casi ocho mil millones de pesos sin la adecuada justificación, el titular y tres integrantes de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México renunciaron a sus respectivos cargos. Ellos son Ricardo Becerra, Katia D’Artigues, Mauricio Merino y Fernando Tudela.
Como consecuencia de esta controversia, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, mandó una iniciativa para modificar la Ley vigente. Esta semana la ALDF aprobó las medidas previstas.
Los legisladores promovieron una enmienda al artículo 71 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, que antes de la reforma, ya establecía que los recursos que le sobren al gobierno capitalino de los ejercicios fiscales anteriores servirán para balancear sus finanzas. De la cantidad total de dichas sobras, el 30 por ciento tendría que ser destinado a un fondo para la atención de “contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales”.
Con la modificación, la ALDF aprobó que la Secretaría de Finanzas capitalina, con previa autorización del Jefe de Gobierno, se encargue de “prever” o disponer de los recursos del fondo para desastres y emergencias. En la coyuntura actual, esto significa el ejercicio de recursos para reparar y reconstruir las viviendas afectadas de aquellas personas “que se encuentren al corriente en el pago del impuesto predial de la Ciudad de México” (sic).
Las adiciones a los artículos 13 y 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2018, asimismo incluyeron a la Secretaría de Finanzas capitalina en el manejo de las erogaciones del presupuesto “para acciones de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México” y le da facultades para aprobar el uso de los fondos para el “Fortalecimiento de Acciones en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones, Entidades y Órganos Autónomos y de Gobierno” –que alcanza los 7 mil 028 millones de pesos–.
En el caso del artículo 13, la enmienda implicó que la presidencia y a la secretaría de la Comisión de Gobierno de la ALDF [a cargo de Leonel Luna Estrada y de su segundo de abordo, Jorge Romero Herrera], así como la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la ALDF [a cargo de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez], perdieran la capacidad de aprobar la erogación de recursos del fondo para la reconstrucción de la capital del país.
Y en el caso del artículo 14, los diputados modificaron el último párrafo para quitarle, a estos tres funcionarios, la facultad de autorizar, supervisar y vigilar el ejercicio de dichas erogaciones –tareas ahora a cargo de la Secretaría de Finanzas–.
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