México, 26 mar (EFE).- Organizaciones civiles hicieron hoy un llamado a la Cámara de Diputados de México para que modifique el proyecto del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), por considerar que deja abierta la puerta a la tortura.
En un comunicado, diversas organizaciones, entre ellas Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI), denunciaron que el texto “viola la prohibición constitucional de obtener pruebas mediante violaciones de los derechos fundamentales como la tortura”.
Recordaron que si bien el artículo 20 de la Constitución mexicana recoge que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, el nuevo proyecto de CFPP contempla tres excepciones a esta regla.
“Según su artículo 291, no se considerará violatoria de derechos humanos información que, aun y cuando haya resultado de una prueba ilícita, habría sido obtenida por otros medios, o cuyo vínculo a los actos violatorios de derechos humanos sea atenuado, un término altamente ambiguo”, afirmaron.
De acuerdo con la iniciativa, también “sería admisible una prueba impugnada siempre y cuando la misma se obtenga de alguna fuente independiente de los abusos cometidos”.
Las organizaciones no gubernamentales denunciaron que en el contexto actual de México, “donde la tortura sigue siendo una práctica arraigada”, esta reforma abre la puerta a que “fuerzas federales sigan cometiendo detenciones arbitrarias y coaccionando declaraciones”.
Asimismo, resaltaron que el uso de este tipo de pruebas promueve la impunidad para los responsables, las condenas falsas contra inocentes y la violación de derechos fundamentales para las personas, lo que pone en riesgo la integridad física y libertad de los ciudadanos.
En este sentido, recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dejó claro en el caso de los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, a quienes México deberá resarcir por los daños causados durante su detención por el Ejército en 1999, que la regla constitucional de exclusión de pruebas coaccionadas ostenta un carácter “absoluto e inderogable”.
A juicio de las organizaciones firmantes, la única manera de construir un sistema penal moderno, capaz de distinguir entre inocentes y culpables y de garantizar los derechos fundamentales de todas las partes es excluyendo toda prueba derivada de violaciones a derechos humanos.
Por ello, exigieron a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que suprima del proyecto de CFPP las excepciones a la regla constitucional de exclusión de pruebas ilícitas.
El código penal establece las normas que deben seguirse en la investigación, imputación, acusación, juicios orales e imposición de las sanciones de los delitos que son competencia de los jueces y los tribunales federales.
Según el Gobierno, la reforma presentada ante la Cámara baja en septiembre pasado pretende adoptar un nuevo modelo procesal que transforme el actual sistema de justicia penal en uno completamente oral acusatorio, de igualdad entre las partes y respetuoso de los derechos humanos.
Asimismo, busca dar cabida a instituciones que protejan y garanticen la vigencia de los derechos de la víctima durante todo el procedimiento y aseguren la reparación del daño, unas de las principales demandas de las ONG en México, donde la violencia de los cárteles ha provocado más de 47.500 muertes desde fines de 2006. EFE
