Por Tonantzin Beltrán
Tixtla (México), 26 mar (dpa) – Carmen tiene tres hijos. Uno de ellos, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, es uno de los 43 estudiantes desaparecidos en la ciudad de Iguala, en el sur de México, el 26 de septiembre. Desde esa fecha vive sumergida en la tristeza.
“Ya son seis meses y no veo a mi hijo. Tenemos mucha fe en que esto termine pronto”, afirma. “No quiero ver sus fotos todavía porque soy muy chillona, y pues luego me pongo a llorar”.
En los padres es evidente el dolor por la ausencia de sus hijos, a los que las autoridades ya consideran muertos. Este jueves volverán a salir a las calles en una nueva jornada global de protestas al cumplirse seis meses de la desaparición.
Ya han marchado cientos de kilómetros, encabezado miles de reuniones, tocado puertas, pero todavía ninguna que pueda abrir la esperanza de encontrar con vida a los estudiantes del magisterio de la escuela “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, detenidos por policías y entregados a un grupo criminal en el estado de Guerrero.
Hasta ahora sólo se ha podido identificar un fragmento óseo de uno de los jóvenes, Alexander Mora Venancio, con pruebas de ADN, pero los familiares siguen buscando a 43, un número que se ha convertido en símbolo.
En el centro de la cancha de la escuela hay un altar con flores alrededor, adornado con una figura de madera de Jesucristo. Las áreas que antes eran utilizadas para actividades complementarias donde los jóvenes aprendían oficios ahora están abandonadas.
También lo están las tierras de labor que antes sembraban, pese a que la temporada de lluvias ya se avecina y era costumbre que los jóvenes dedicaran su tiempo libre para sembrar hortalizas y flores características de la región. Las clases aún no han vuelto a la normalidad.
Aunque el arribo de personas solidarias a la lucha emprendida por las familias de los estudiantes ha disminuido de forma considerable, la Normal sigue siendo el hogar para muchos de los padres de los 43.
La lucha por la presentación con vida de sus hijos ha trascendido a planos internacionales con el fin de presionar al gobierno para que aplique nuevamente protocolos de búsqueda que permitan la localización de los jóvenes. En las últimas dos semanas, los padres han realizado protestas en Estados Unidos.
Para Carmen, la ausencia de su hijo, el mayor de todos, ha afectado su entorno familiar. “A veces me reclaman mis otros chamacos [niños] pero, ¿qué puedo hacer? Les digo que me ayuden, que tengo que encontrar a su hermano, que es mi prioridad”, sostuvo.
Todos los padres enfrentan historias similares, desde la desatención de sus hogares, sus trabajos y su salud. Incluso una madre, que pidió el anonimato, sufre de cáncer y diariamente enfrenta la enfermedad y la ausencia de su hijo.
“Las cosas después de Iguala ya no pueden ser las mismas, no lo serán para nadie. Ayotzinapa logró mover muchas conciencias. Vemos que el Estado mexicano tiene que responder con reformas constitucionales y verdaderos protocolos de búsqueda para garantizar la no repetición de hechos similares”, dijo a dpa Manuel Olivares, abogado de la Red Guerrerense de Derechos Humanos, quien es uno de los asesores jurídicos en el caso.
A seis meses de los hechos ocurridos en Iguala, donde además murieron seis personas -tres de ellos estudiantes de la Normal- las incógnitas continúan para los padres de los jóvenes.
Para la Procuraduría General de la República, no hay ninguna duda de que fueron asesinados y convertidos en cenizas por el cártel de los Guerreros Unidos. Para organismos internacionales, la búsqueda debe seguir.
“Todavía no tenemos una certeza de lo que ha pasado con el conjunto de los 43 normalistas”, dijo la semana pasada el español Carlos Beristáin, integrante de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga el caso. El grupo “exhorta a que las acciones de búsqueda continúen”.
