La infraestructura construida en el país es insuficiente en materia de educación superior. Entre 2013 y 2014, 600 mil aspirantes no lograron entrar a alguna universidad pública del país. De acuerdo con la ASF, existen también algunas universidades públicas que malgastan los recursos y hacen aún más complicado el reto de dar cabida a todos los jóvenes en sus aulas.
Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).– La cobertura de la educación superior en México es una de las peores entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De acuerdo con la revisión a la cuenta pública federal de 2014, sólo tres de cada diez jóvenes en edad de acceder a ese nivel educativo están matriculados, lo que, advierte la Auditoría Superior de la Federación (ASF), coloca a México en el lugar 33 de las 34 naciones que conforman el bloque.
La infraestructura construida en el país no es suficiente. De acuerdo con la ASF, entre 2013 y 2014 quedaron fuera más de 600 mil aspirantes a un lugar; es decir, un 42 por ciento de quienes buscaban un lugar en este nivel educativo.
Para mejorar esta cobertura, agrega el informe, el Gobierno federal destinó en 2014 un presupuesto de mil 176.1 millones de pesos, específicamente en la construcción de edificios y equipamiento en institutos y universidades tecnológicas. El manejo de estos recursos, sin embargo, no fue el adecuado. Según la ASF llegaron a sólo 134 instituciones, o un 30 por ciento del total que hay en el país, y de éstas, dice la revisión, sólo 10 concluyeron sus planes.
“En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, aun cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuyó los subsidios del programa para apoyar los proyectos de infraestructura y equipamiento de las instituciones beneficiarias, no acreditó contar con un diagnóstico sobre sus necesidades y su capacidad instalada que permitiera determinar la dimensión del problema público que pretende atender, ni el seguimiento de los proyectos y metas del programa, por lo que se desconoce en qué medida los proyectos apoyados contribuyeron a atender la demanda de servicios de educación superior”, dice el dictamen de la revisión al “Programa de Expansión de la Oferta educativa en educación media superior y superior: Educación tecnológica”.
Lo mismo ocurrió con otro fondo, de mil 10.8 millones de pesos, repartido entre otras 57 instituciones de educación superior que, de la misma forma, los subutilizaron debido a que sólo 12 de las escuelas beneficiadas concluyeron los proyectos para los que recibieron el dinero.
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La situación en el manejo de los recursos destinados a la educación se agrava cuando la ASF revisa dos instituciones en particular: la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a las cuales vinculó desde la revisión de 2013 con el desvío de fondos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a particulares que, encontró la ASF entonces y se difundió en los medios, no cumplieron con los contratos.
En 2014, encontró la Auditoría, ocurrió lo mismo, y con la misma empresa. “Resalta el hecho de que en los tres primeros convenios analizados en el presente informe, la universidad suscribió con la Sedesol un monto que suma 425,423.9 miles de pesos, y contrató los servicios con cuatro supuestos proveedores por un total de 399,608.3 miles de pesos, de los cuales transfirieron a la empresa Esger, Servicios y Construcciones, S.A. de C.V., que es una empresa ajena a los servicios solicitados, un total de 350,254.1 miles de pesos, que representó el 82.3 por ciento de los recursos que recibió de la Sedesol en estos tres convenios”, dice el dictamen.
“Cabe señalar que a esta misma empresa Esger, Servicios y Construcciones, en la revisión de la Cuenta Pública 2013, los proveedores contratados por la ‘UAEMOR’ para otorgar los servicios convenidos con la Sedesol también le transfirieron recursos por un total de 416,221.9 miles de pesos. Estos esquemas le permitieron simular los servicios y las adquisiciones; contratar proveedores sin el perfil ni la capacidad técnica, material y humana, y se dio el caso de empresas no localizadas y presuntamente vinculadas con actos irregulares; aunado a que la universidad no acreditó fehacientemente la realización de los trabajos”, agrega.
A la Universidad Autónoma del Estado de México, por su parte, la ASF le encontró un manejo irregular o injustificado en hasta 354.8 millones de pesos asignados por diversas dependencias de la administración pública federal, de los cuales 240.2 millones, agrega, “fueron transferidos a empresas y personas físicas que no presentaron evidencias de la realización de los trabajos solicitados”.
Para la ASF, que auxilia a la Cámara de Diputados en la revisión del gasto del Gobierno federal, no hay duda: estas deficiencias “son propiciadas por la carencia de mecanismos de control interno que inhiban actos de corrupción, y por los actos y omisiones de los servidores públicos que en su gestión no supervisaron, verificaron ni validaron la ejecución de los trabajos convenidos, lo que provocó un daño al erario”.
