Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).– El gobierno mexicano está empeñado en negar la realidad que vive México y que rodea a un crimen de Estado, de lesa humanidad: la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos, concluyen activistas a 7 meses del caso Iguala, en Guerrero.

Se trata de un gobierno insensible al dolor de los padres de los normalistas y, a la exigencia de la sociedad mexicana que clama justicia dijo José Manuel Olivares Hernández, secretario técnico de la Red Guerrerense de Organizaciones de Derechos humanos.

“Es difícil para todos hablar de siete meses de espera, en el sentido de que el gobierno se decida a dar una respuesta a los padres de familia sobre dónde están los hijos. Es lamentable que el gobierno mexicano se mantenga en una postura de cerrazón y de insensibilidad respecto al dolor de los padres”, dijo en entrevista con SinEmbargo.

El activista que encabeza una red de cinco organizaciones guerrerenses –donde se incluye el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, cuyos abogados representan a los familiares de los estudiantes– expuso que si bien el caso de los 43 visibilizó la crisis de derechos humanos que vive en el país, no se ha logrado aún que se reclasifique el caso como desaparición forzada.

Los elementos de la policía municipal de Iguala que están consignados, son juzgados por secuestro y no por un delito de lesa humanidad. Es decir, sin reconocer esa culpabilidad del Estado que los padres alegan desde un principio.

“El problema es nacional. El caso de los 43 puso al descubierto al narco gobierno. No sólo esperamos cambios en Guerrero, al final y al cabo son más de 30 mil desaparecidos en el país, pero no hay voluntad política ni sensibilidad de planear cambios. Es un desplante de fuerza ante la desaparición forzada, donde pretenden seguir negando una realidad que es inocultable”, subrayó Olivares Hernández.

Para Andrés González Parral, tío de Dorian y Abel González Parral desaparecidos en Iguala, los padres de los normalistas siguen con el mismo dolor que los embarga desde hace siete meses.

También están llenos de esperanza de encontrarlos, pues la tesis de la Procuraduría General de la República (PGR) que indica que fueron cremados en el basurero de Cocula y arrojados en cenizas al río San Juan, no los convence.

“Los papás están en las mismas, con la esperanza de encontrarlos. A siete meses el gobierno piensa que se nos va a olvidar, pero la ira, el coraje han ido aumentado porque no es posible que a más de año y medio, no podamos tener la certeza de su ubicación”, planteó.

Andrés reconoció que el desgaste de los familiares aumenta conforme pasan los meses: “Sí hay cansancio, pero es comprensible, todos lo sentimos, pero no es motivo para decir que vamos a olvidar las actividades y dejar la lucha. No será motivo de resignación, seguiremos luchando hasta que aparezcan nuestros familiares”, detalló.

Andrés consideró que el Estado mexicano cometió crímenes de lesa humanidad en el pasado, que nunca quiso reconocer.

“La matanza de Aguas Blancas, ese es un crimen de Estado que nunca reconoció como tal. La lucha se ha extendido a los organismos internacionales para que se castigue al gobierno mexicano y que se reconozca que hubo crimen de Estado”, dijo.

La madre de los jóvenes Hermanos Dorian y Abel, explicó Andrés, es una de las más reservadas y afectadas de los familiares: perdió a sus dos hijos esa noche en Iguala.

“El dolor la tiene agobiada. No quiere hablar con los medios cuando la han buscado para entrevistas. Ella ya dejó de creer, no cree en nadie, pero sobre todo, no cree en el gobierno”, destacó.

Hace un mes, al cumplirse medio año de la desaparición, la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF), que mantiene un equipo de trabajo en Ayotzinapa, lugar que los padres hicieron su base de operaciones, dijo a SinEmbargo que los familiares presentan cuadros de ansiedad y depresión que pueden prolongarse el tiempo que sus hijos duren desaparecidos.

“El Duelo es una de las cosas más frecuentes, afecciones psicosomáticas – toda enfermedad que corresponde a un proceso psíquico que tiene su influencia en el cuerpo. Es una dolencia física real, que tiene su origen en conflictos emocionales y psicológicos inconscientes sin resolver – en las que todo el dolor y la impotencia se va hacia el cuerpo, una de las cosas más relevantes”, explicó Ivonne Zabala Paternina, responsable de la misión de MSF en Ayotzinapa.

Rafael López Catarino, padre de Julio César desaparecido en Iguala, aceptó que estaban enfermando y que la situación con cada mes que pasa, se volvía más desesperante.

“Pero pues nosotros vamos a seguir en la lucha, no nos queda de otra. Vamos hasta las últimas consecuencias porque un hijo no es un animal, nuestros hijos son gentes. Yo soy campesino y me tocó esto a mi. No vamos a descansar hasta que se esclarezca”, dijo.

En esa ocasión, los padres de los jóvenes reconocieron que no sólo ellos están desgastados. El movimiento que surgió a partir de la desaparición y que se gestó en Guerrero durante las primeras semanas, también lo estaba.

Un mes después, a los siete meses, Manuel Olivares reconoció que la movilización social va a la baja, pero que la organización de los padres y de los grupos que ayudan en el caso desde su inicio, se ha consolidado.

“Pareciera que está bajando la participación, la solidaridad, la movilización. Eso se ve por un lado, pero por otro, hay esfuerzo de mayor organización y estructura. Ahora existe una Asamblea Nacional Popular y una Convención Nacional Popular. El esfera de los padres de los estudiantes es un precedente organizativo”, explicó.

“ES UN CASO DE DESAPARICIÓN FORZADA”: CIDH

El Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –que se encuentran en México desde el primero de marzo–, insistieron en su segundo informe que el caso de los 43 normalistas es desaparición forzada.

Una semana antes de cumplirse los siete meses de los hechos de Iguala, los expertos se refirieron a un caso de lesa humanidad.

“Nosotros reiteramos que estamos ante un caso de 43 desapariciones forzadas”, dijo Francisco Cox, uno de los cinco expertos que analizan el expediente y las pesquisas alrededor del caso de Iguala, Guerrero.

Hace un mes, en su primer informe, los expertos recomendaron: “Respetando la independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales, con base a los estándares internacionales y en la doctrina del control de constitucionalidad respaldada por la Suprema Corte de Justicia, exhortamos a los jueces a que la investigación de los hechos de Ayotzinapa sea realizada bajo la modalidad de desaparición forzada”.

Pero las autoridades mexicanas se han negado a reclasificar el caso. Al menos no hay una respuesta oficial y pública a la solicitud de los expertos de la CIDH.

El 22 de marzo el diario La Jornada publicó que la PGR, a cargo de la nueva Procuradora General de la República Arely Gómez González, descartó en respuesta a una solicitud de información, que el crimen pueda ser tipificado de esa forma, debido a que los hechos “por más aberrantes que resulten”, no pueden ser delitos de lesa humanidad, publicó el rotativo.

El diario indicó que la PGR expuso que en la desaparición de los normalistas no “se advierte que se pudiera tratar de ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil, sino que fueron hechos que si bien son muy delicados, sensibles y relevantes, constituyen acontecimientos aislados”.

Melitón Ortega, padre de Mauricio Ortega, desaparecido en Iguala y vocero de los familiares, dijo que la exigencia de la reclasificación del caso de los jóvenes como un crimen de lesa humanidad, es prioridad para los papás.

“Sigue siendo una de las principales exigencias lo de la desaparición forzada, esto no nos queda duda. Además de nuestras demandas de la presentación con vida de los estudiantes, el esclarecimiento de los hechos y que se habrán nuevas líneas de investigación”, dijo.

El grupo de expertos añadió en su segundo informe que recomendó a la PGR abrir nuevas líneas de investigación y realizar búsquedas en dos nuevos sitios, con tecnología láser para identificar las perturbaciones en los lugares cercanos a los parajes La Parota, Pueblo Viejo y sus alrededores.

“El grupo solicitó abrir nuevas líneas de investigación, ampliar las ya existentes, tomar declaraciones, analizar pruebas fotográficas y documentales de video”dijo Carlos Beristain.

Aunque los expertos omitieron dar detalles sobre las líneas de investigación, argumentando que podría afectar al proceso de investigación; Melitón Ortega dijo que los padres de los normalistas insisten en que se investigue la participación de las fuerzas castrenses en los hechos de Iguala.

“Está el asunto de los militares y otra línea: queremos que se investigue al ex Gobernador Ángel Aguirre Rivero, porque él tiene responsabilidades”, exigió Ortega.

Los expertos propusieron a las autoridades mexicanas realizar nuevas búsquedas con la participación de los padres, utilizar los recursos técnicos apropiados y contar con personal calificado; asegurar los lugares hasta tener las garantías legales para su allanamiento y brindar información a los padres de los jóvenes.

En cuanto a las fotografías satelitales que el grupo solicitó el mes pasado, indicó que requiere imágenes de mejor calidad.

En el informe se aclara que la PGR entregó un mapa de fosas, por lo que el grupo de expertos solicitó a la PGR un análisis para evaluar la relación de algunas fosas donde se sospecha hubo intervención de agentes de la policía municipal, con un patrón similar al de los hechos del 26 de septiembre.

El grupo informó además que realizaron 16 entrevistas con detenidos por el caso en el penal de alta seguridad de Nayarit, sin detallar las conclusiones sobre esas visitas.

También hicieron una visita a Iguala donde realizaron una reconstrucción de los hechos ocurridos entre el 26 y 27 de septiembre, con la ayuda de normalistas sobrevivientes.

“Dicha reconstrucción fue muy importante para tener una referencia concreta sobre los hechos, modus operandi y los escenarios en que se dieron”, dice el informe de prensa.

En cuanto a las víctimas, Carlos Beristain indicó que identificaron formas de victimización secundaria y coacción hacia los familiares, que obedecen a intereses personas y hasta políticos.

Los expertos indicaron que a la fecha se analizó 30 por ciento del expediente, pero que aún no cuentan con evidencias para conocer con exactitud lo ocurrido el 26 de septiembre del año pasado con los normalistas.

Aseguraron que la “verdad histórica” de la PGR es una probabilidad y que será hasta septiembre, tentativamente, cuando ofrezcan una opinión definitiva.

“Queremos tener una versión de esa historia lo más clara posible. Sí les puedo decir que tenemos una versión mucho más clara de lo que pasó. Sí hemos avanzado en tener más datos de la primera parte de lo que pasó esa noche, aunque no tengamos las pruebas de lo que pasó después”, dijo Beristain.