Los activistas enfatizaron que es necesario una reforma a la Ley General de Trata de Personas para que se deje de confundir el trabajo sexual consensuado con la trata. También se pronunciaron para que las autoridades utilicen el Protocolo de Parlemo, para identificar a las víctimas reales de trata.

Las sexoservidoras no somos criminales, exclamó Merida, “vivimos en un mundo hipócrita: mientras la trata hace de las suyas, las autoridades afectan a las que estamos en esto por necesidad. La trata debe de ser castigada más no el trabajo sexual”.

Ciudad de México, 26 de abril (SinEmbargo).- Integrantes de la organización internacional Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW, por sus siglas en ingles), el colectivo Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” y sexoservidoras, denunciaron que las autoridades usan la Ley contra la trata de personas como premisa criminalizar el trabajo sexual consentido y cometer injusticias contra los que laboran en la industria sexual por su propia voluntad.

Chas Ávalrez, representante de GAATW; Francisco Lagunes, antropólogo presidente de Casa de los Amigos; Elvira Madrid Romero, presidenta de Brigada Callejera, y Patricia Merida, sexoservidora de la Merced, presentaron hoy el “Informe México 2018”, correspondiente a la investigación internacional de la GAATW sobre el trabajo sexual y trata de personas.

El estudio documenta el impacto negativo que ha tenido el marco de lucha contra la trata de personas en la vida de quienes ejercen el trabajo sexual y las condiciones de esa industria.

El proyecto fue realizado en seis países con la participación de “Empower Foundation” de Tailadia, “New Zealand Prostitutes Collective” (NZPC) de Nueva Zelanda, “The Veshya Anyay Mukti Parishad” (VAMP) de la India, “Stella” de Canadá, “SWEAT / Sisonke” de Sudáfrica, “Hetaira” de España y “Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez ” de México.

La Brigada Callejera insiste en que hay diferencia crucial entre el consentimiento de las transacciones sexuales de adultos y la trata de personas. Foto: Sugery Gándara

Los resultados de la investigación arrojaron que en la Ley General contra la Trata de Personas, así como en leyes similares promulgadas en México, se combina la trata de personas y el trabajo sexual, lo que ha provocado el uso de estas leyes para criminalizar y perseguir a trabajadores sexuales.

“Es una ley con muchas ambigüedades que no identifica realmente quien es víctima de trata o un trabajador sexual. Se hacen leyes para criminalizar el trabajo sexual y no para combatir la trata”, explicó en rueda de prensa Elvira Madrid.

Chas Álvarez de GAATW sostuvo que es preocupante que se genere esta confusión y no se identifiquen directamente a las víctimas de trata porque invisibiliza la trata en otros sectores laborales y sobre todo porque no visibiliza los abusos que sufren las personas que están dentro de la industria del sector sexual.

“Poner tanto el foco en la trata sexual genera indirectamente que pasen por alto otras cosas que están sufriendo y enfrentando, además afecta a ambas víctimas porque las politices no son adecuadas para ninguno de los dos casos”, agregó.

“Al igual que en otros países, la presión para mostrar persecuciones y condenas derivadas del Informe Anual sobre la trata de personas de los Estados Unidos y un sistema legal ineficaz y corrupto, ha dado lugar a una serie de irregularidades, acusaciones falsas y condenas erróneas por trata de personas, principalmente contra las trabajadoras sexuales y los migrantes”, revela el estudio.

Otro de los aspectos que destaca, es el uso de pruebas objetables o irregulares en las acusaciones de trata imputadas a sexoservidores o personas inocentes, tal es el caso de que las policías y fiscalías ha tomado los condones de los sexoservidores como evidencia de presunto delito de trata.

“Cuando llegan los operativos a hoteles, a bares y departamentos, donde se ocupan las compañeras, y si [los agentes] ven o encuentran condones automáticamente dicen que ahí se ejerce prostitución y que todas son víctimas de trata”, detalló Elvira Madrid.

La Brigada Callejera afirmó que en los estados de Guadalajara, Chiapas, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México han utilizado condones como prueba para fincar cargos de trata de personas.

El antropólogo Francisco Lagunes, realizador del estudio en México, explicó que debido a la ambigüedad en la Ley no se pueden dar prestaciones a los sexoservidores porque se considera que cualquier persona que recibe dinero o algún beneficio de al menos tres trabajadores sexuales se puede deliberar como delito de trata de personas, aunque no haya medios comitivos.

Ejemplificó: “antes algunos hoteles daban de comer a sexoservidores para que no se fueran de esos inmuebles a la hora de tener clientes, era una especie de prestación que daban como una estrategia comercial; pero como las beneficiadas son trabajadores sexuales lo toman como trata. Los hoteles dejaron de hacer esto por miedo, porque los policías dicen que si les dan de comer ahí es porque hay trata. Ahora resulta hasta unos tacos pueden ser considerados evidencia de trata”.

“…si tres sexoservidores están rentado un departamento, el arrendador ya podría ser considerado como trata porque recibe un beneficio monetario. Si quieres contratar un contador o alguien que cuide al puerta o para limpiar, a esa personas la pueden acusar de trata, aunque no controle a los chicas, aunque sea su empleado, se puede presentar como trata solo porque recibe un beneficio de ellos. La ley está hecha para confundir el trabajo sexual con trata”.

Chas Álvarez comentó que esta criminalización no ocurre en México sino en varios países donde los sexoservidores no pueden acceder a derechos laborales por estas políticas restrictivas.

“Otro efecto de la prohibición indebida de los contratos sexuales, incluida en la ley contra la trata de personas, es que constituye un obstáculo para que las trabajadoras sexuales garanticen su derecho a establecer relaciones laborales formales con los empleadores, contraviniendo el espíritu del Convenio 102 de la OIT”, especifica el informe.

La Brigada Callejera insiste en que hay diferencia crucial entre el consentimiento de las transacciones sexuales de adultos y la trata de personas.

“Las medidas prohibicionistas, con su intención de erradicar la industria del sexo, tienen el efecto de reducir las opciones de las trabajadoras sexuales para obtener un ingreso. En un entorno prohibicionista, los cárteles podrían representar la única oportunidad de las trabajadoras sexuales para ganarse la vida, exponiéndolos así a las peores condiciones posibles de explotación, abuso y peli gro para sus vidas e integridad, incluso sometiéndoles a la trata de personas”, agrega el informe,

ESTIGMATIZACIÓN

“Ser trabajadora sexual no es fácil. Nos enfrentamos al desprecio, la discriminación, el rechazo de la gente que pasa por la calle y nos lanza huevos, nos gritan: ‘sucias’, `putas’, ‘abre las piernas’”. Nosotras trabajamos en esto por necesidad pero vivimos en un mundo muy hipócrita” señala Patricia Mérida, trabajadora sexual de la Merced.

“Merida”, como le llaman sus amigas, señaló que es injusto y patriarcal que las autoridades consideren como una falta administrativa y penalicen a las trabajadores sexuales por vender su cuerpo. Consideró que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, incluso si ellas deciden lucrar con el “¿O sea que el gobierno va a decidir por mi cuerpo, van a controlar nuestro cuerpo, nuestros gastos?” agregó.

No hay un padrón exacto sobre las trabajadoras sexuales en México debido al estigma, el estado oculto y a la semi criminalización de su trabajo; sin embargo, la Brigada Callejera estima que en el país hay alrededor de 800 trabajadores sexuales, indicaron los activistas de la Brigada Callejera. Alrededor de 600 mil trabajadoras sexuales adultos y cerca de 200 mil menores de 18 años de edad.

Del total, al menos una cuarta parte son extorsionadas y sufren de alguno tipo de abuso laboral, expresaron en rueda de prensa.

La mayoría de las trabajadoras sexuales son nacidas como mujeres, un número menor son hombres y mujeres transgénero.

Las que son migrantes de Colombia, Venezuela, Argentina y Cuba trabajan principalmente en burdeles, agencias de acompañantes y cabarets donde el table dance es uno de sus atractivos.

“Además, durante más de una década, las mujeres de Europa del Este han venido cada vez más a México para trabajar en los niveles más altos de la industria. Según Brigada, algunas de estas trabajadoras extranjeras fueron traídos a México por redes del crimen organizado, pero muchas de ellas llegaron de manera independiente. La mayoría son indocumentadas y, por lo tanto, vulnerables al abuso”, detalla el informe.

En relación a la prevalencia del VIH, establece que entre las trabajadoras sexuales es del 0.67 por ciento al 0. 23 por ciento de la población general.

Los activistas enfatizaron que es necesario una reforma a la Ley General de Trata de Personas para que se deje de confundir el trabajo sexual consensuado con la trata. También se  pronunciaron para que las autoridades utilicen el Protocolo de Parlemo, para identificar a las víctimas reales de trata.

Las sexoservidores no somos criminales, insistió Merida, “vivimos en un mundo hipócrita: mientras la trata hace de las suyas, las autoridades afectan a las que estamos en esto por necesidad. La trata debe de ser castiga más no el trabajo sexual”.

La Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW) es una alianza de más de 80 organizaciones no gubernamentales organizaciones de todas las regiones del mundo que promueven y defienden el los derechos humanos de todos los migrantes y sus familias.