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Los litigios por la Línea 12 del Metro vulneran aún más la situación de ICA

26/05/2016 - 8:00 pm

De acuerdo con el reporte anual que la constructora envió a la Comisión de Valores de Estados Unidos, actualmente existen una serie de demandas y contrademandas entre el Gobierno de la Ciudad de México e ICA.

el consorcio conformado por ICA, Carso y Alstom iniciaron una demanda civil contra el Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal y Proyecto Metro. Foto: Cuartoscuro
El consorcio conformado por ICA, Carso y Alstom iniciaron una demanda civil contra el Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal y Proyecto Metro. Foto: Cuartoscuro

Por Gabriela Jiménez

Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo/EconomíaHoy).– La Línea 12 del Metro de la Ciudad de México continúa siendo un dolor de cabeza tanto para el Gobierno capitalino como para la constructora ICA, que junto con Alstom y Carso, participaron en su construcción.

De acuerdo con el reporte anual que la constructora envió a la Comisión de Valores de Estados Unidos, actualmente existen una serie de demandas y contrademandas entre el Gobierno de la Ciudad de México e ICA, en el centro de las cuales se encuentran el cobro de por lo menos 3 mil 293 millones de pesos que la firma no ha podido efectuar, y las responsabilidades por los defectos en la construcción de la Línea, siendo esto último, un pleito que podría empeorar la ya de por sí delicada situación de la constructora, que ya prepara un concurso mercantil para reestructurar su deuda por 51,147 millones de pesos.

ADEUDOS DE LA L12

Según el documento, en diciembre de 2012, el consorcio conformado por ICA, Carso y Alstom iniciaron una demanda civil contra el Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal y Proyecto Metro “con motivo del cobro de trabajos adicionales y extraordinarios fuera del alcance del Contrato de Obra a Precio Alzado (…) para la ejecución del Proyecto Línea 12 del Metro de la Ciudad de México”.

Desde entonces, ambas partes han interpelado en los tribunales una variedad de recursos legales en favor, en caso de ICA, de hacer efectivo el cobro, y en contra de ello, por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

No obstante, “La administración (de ICA) considera que a la fecha en que se presenta este informe, tiene elementos sólidos para recuperar los importes reclamados y estima que dicha recuperación tardará más de 12 meses”, dice el documento, por lo que se entiende que el pleito legal va para largo.

Adicionalmente, la constructora señala que el Consorcio presentó otras dos demandas y hay otras dos demandas pendientes de presentar, mediante las cuales “está reclamendo al GDF el pago de diversos conceptos que no fueron objeto del duictamen parcial”, por la cantidad de 575,736 millones de pesos. Sobre estos procedimientos, la compañía asegura que cuenta “con altas probabilidades de recuperación del adeudo”.

Independientemente de los litigios por la cobranza, ICA está involucrada en litigios relacionados con los presuntos defectos en la construcción de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Sobre este pleito legal, la constructora asegura que “en caso de que se determine que somos responsables, es posible que no estemos cubiertos por un seguro o, si lo estamos, es posible que el monto en dólares de estas responsabilidades supere la cobertura de nuestra póliza”, señala el reporte.

Además, incluso si la constructora estuviera cubierta por un seguro, tendría que pagar un deducible que, de ser muy alto, “podría dar como resultado una pérdida considerable para nosotros, lo que podría reducir nuestras utilidades y el efectivo del que disponemos para llevar a cabo operaciones”.

El Gobierno de la Ciudad de México no es el único que tiene pagos pendientes con la firma. De acuerdo con el documento, a la constructora, la Comisión Estatal de Agua de Querétaro le adeuda el pago de 474 millones de pesos por el Acueducto II ; el Gobierno de Puebla le debe 450 millones de pesos, por el Distribuidor Vial; y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le debe 372 millones por indemnización por la expropiación de un terreno en Querétaro. Todos estos pagos pendientes están tamién en proceso de litigio en los tribunales.

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