Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).– El pasado 26 de mayo, 12 personas desaparecieron de un bar de la Zona Rosa, en la Ciudad de México. Las autoridades del Distrito Federal optaron, primero, por minimizar los hechos; después, descalificaron el hecho: el Jefe de Gobierno prefirió llamara los jóvenes “ausentes”.

Ha pasado un mes desde este suceso. No hay rastro de los desaparecidos, aunque siete personas están en situación de arraigo.

Pero la señal más contundente de que el Gobierno de Miguel Mancera está perdido en el caso, es que se ha ofrecido –como lo hizo de manera fallida la administración de Felipe Calderón– una recompensa de 10 millones de pesos a quienes den información fidedigna y comprobable sobre su paradero. La recompensa no tiene rostro de culpables.

Ante esta situación especialistas coincidieron en que hace falta protocolos de investigación y búsqueda.

“No es una cuestión de un hombre, podrá quitar y poner procuradores y seguirá sin dar resultados. Lo que se requiere es inversión en antropólogos forenses, laboratorios de genética, capacitación de sus elementos y que tengan un protocolo funcional. En el caso del bar Heaven se cometieron muchas anomalías, faltó un protocolo de investigación y de búsqueda”, dijo Julio Hernández Barros, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UIA) y especialista en víctimas.

Lo cierto, aseguraron los analistas, es que al GDF carece de protocolos de seguridad y de comunicación política y la amenaza de Mancera a sus funcionarios, es un error más que cometió el Jefe de Gobierno.

“Este caso se les salió de las manos. Lo real es que esos jóvenes siguen desaparecidos y no veo en un corto plazo que lo puedan resolver, si la permanencia del procurador y del Secretario de Seguridad va a depender de los resultados, pues ya deberían renunciar, pero insisto, esa no es la solución”, destacó Hernández Barros.

El lunes, el Juzgado Penal del Reclusorio Oriente giró la orden de arraigo en contra de Armando Hernández Gómez, de 43 años de edad, alias “El Ostión Cayagua” y sus sobrinos, Fernando Gamboa Camarillo, de 21 años y José Luis Hernández, de 22, quienes presuntamente forman parte dirigente de La Unión, banda que controla la venta y distribución de droga al menudeo en bares de la Condesa, Roma y Tepito.

Hernández Gómez, es una de las cabezas del grupo delictivo y es, además, hermano de Francisco Hernández Gómez, alias “Pancho Cayagua”, considerado el presunto líder de venta de droga al menudeo.

Sin embargo, autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) descartaron que los tres detenidos el pasado viernes hayan participado en la desaparición de los 12 jóvenes, entre los que se encuentra Jerzy Ortiz, hijo de Jorge Ortiz alias “El Tanque”, capo de la droga en Tepito, actualmente preso en un penal de Hermosillo, Sonora.

En el Centro de Arraigos de la PGJDF, localizado en la colonia del Gas, delegación Azcapotzalco, se encuentran  Marcos Ledezma, uno de los dueños del Heaven, y su esposa, Brenda Angélica Casas Figueroa. También, Gabriel Carrasco Ilizaliturri, El Diablo, encargado de la seguridad del inmueble, y Andrés Estuart Henonet González, otro de los socios de este establecimiento.

Lo cierto es que a un mes de los hechos, los “ausentes” son sólo eso. Kas familias siguen en espera de sus desaparecidos, mientras que el Gobierno del Distrito Federal se ha enfrentado a uno de los peores momentos en su corta existencia.

Los analistas indican, sin embargo, que las autoridades capitalinas dan palos de ciego en un caso que le ha restado credibilidad.

RECOMPENSA  PARA DAR CON LOS “AUSENTES”

En las últimas semanas el Gobierno capitalino ha sido severamente criticado por el caso de la desaparición de 12 jóvenes tras acudir al bar Heaven en la Zona Rosa, pues hasta el momento se desconoce el paradero de esas personas –algunos menores de edad– originarios del Barrio de Tepito.

El propio mandatario capitalino ha sido motivo de críticas, por minimizar asuntos de alto impacto. Por ejemplo, luego de difundirse los primeros datos sobre este asunto dijo que los 12 jóvenes desaparecidos del Heaven  no estaban desaparecidos sino “ausentes”.

Además, a pesar de la sospecha que fueron privados de su libertad por un comando, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos, también contribuyó a las críticas al afirmar que en la capital del país no hay presencia de delincuencia organizada.

Después de la reunión del pasado viernes que sostuvo Ríos Garza con familiares de las víctimas para informarles los avances de la investigación, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia reiteró que el Gobierno del Distrito Federal ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quien o quienes den información fidedigna y comprobable sobre el paradero de los 12 jóvenes.

Luis Wertman Zaslav,  Presidente del Consejo, convocó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a apoyar y solidarizarse con los desaparecidos y sus familiares, para lo cual puso a disposición de la sociedad el teléfono 55 33 55 33, así como las oficinas del propio Consejo.

Enfatizó que tanto los datos como la identidad de quienes los proporcionen serán totalmente confidenciales y la información recabada será entregada a la PGJDF para cooperar en la investigación.

Autoridades capitalinas insistieron que la recompensa no es para quien ofrezca datos puntuales sobre los criminales, sino por datos que permitan encontrar a los “ausentes”.

LA INVESTIGACIÓN

Desde la desaparición, familiares de las víctimas han exigido a las autoridades capitalinas acelerar la indagatoria. Sin embargo, los resultados no se han dado a conocer datos concretos.

El jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio la orden para que encuentren “vivos” a los 12 jóvenes desaparecidos. También advirtió que “nadie tiene garantizada la permanencia” en su gobierno si no daban respuestas.

Una semana después del anuncio, el pasado 18 de junio, Carlos Trujillo Fuentes, titular del Centro de Atención para Personas Extraviadas y Ausentes (Capea), presentó su renuncia. Sin embargo, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Rodolfo Ríos Garza, aseguró que esa dependencia ha dado pasos importantes en la indagatoria para esclarecer los hechos.

Leticia Ponce, madre de Jerzy Ortiz, afirmó –tras una reunión con el Procurador– que se tiene plena confianza en las indagatorias que se están realizando y refirió que el Ríos Garza les dio a conocer avances importantes para esclarecer los hechos ocurridos en la Zona Rosa, pero por cuestión de secrecía no los puede dar a conocer a los medios de comunicación.

Entre estos avances está el que ya se tiene identificado al grupo de secuestró a los jóvenes, gracias a tres mujeres que tiene la autoridad en calidad de testigos protegidos.

Las mujeres permanecen bajo custodia de agentes del Grupo Especial de Reacción e Intervención (GERI), que es el cuerpo de élite de la Policía de Investigación.