Cuando el reloj está a punto de detenerse, autoridades informaron que hay quince imputados y se realizó el aseguramiento de 398 cuentas bancarias, pertenecientes a 18 personas ligadas al caso de presunto lavado de dinero en la compra de la nave industrial ubicada en Querétaro, en el que estaría involucrado Ricardo Anaya Cortés. 

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República (PGR) mostró avances ya: hay quince imputados y se realizó el aseguramiento de 398 cuentas bancarias, pertenecientes a 18 personas ligadas al caso contra el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, el empresario Manuel Barreiro y otros, por presunto lavado de dinero en la compra de la nave industrial ubicada en Querétaro.

Los nombres de los imputados quedaron bajo reserva, por lo cual no se sabe si Ricardo Anaya figura entre ellos. La PGR indicó que la carpeta se encuentra en la etapa inicial, la cual concluye cuando alguno de los imputados es presentado ante un juez.

“Entre los diversos imputados, hasta la fecha, cuatro cuentan con un suspensión decretada por un juez de amparo, que prohíbe a esta Fiscalía de la Federación ejercer acción penal contra ellos . Es decir, solicitar órdenes de aprehensión, orden de comparecencia o citatorio para que se celebre, ante un juez de control, la audiencia inicial”, señaló la PGR.

Hasta el momento, sólo se ha ejercido acción penal contra el chofer del empresario Barreiro.

El 13 de junio, la Comisión Permanente, impulsada por integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM), aprobó de urgente y obvia resolución un acuerdo para que la PGR mostrara avances de las indagatorias en contra de Manuel Barreiro y Ricardo Anaya Cortés.

Además, se demandó que se llevarán con mayor velocidad las denuncias presentadas por el posible enriquecimiento ilícito y operaciones inmobiliarias ilícitas.

Fracciones opositoras demandaron que también se informe sobre investigaciones a los candidatos José Antonio Meade, por los casos de Odebrecht y la Estafa Maestra, y a Andrés Manuel López Obrador por el presunto financiamiento ilegal a su campaña.

“Solicitar a la PGR a presentar, dentro de los próximos 10 días, un informe sobre el estado que guardan los avances de las indagatorias en contra de Manuel Barreiro, Ricardo Anaya y otros, lo anterior con pleno respeto a los principios de estricta reserva y secrecía de la investigación que consagran la Constitución y demás leyes de la materia”, dice el documento avalado por la mayoría.

“Exhortar a la Procuraduría a dar celeridad a las denuncias que vinculan a Manuel Barreiro, Ricardo Anaya y otros con operaciones inmobiliarias al margen de la ley y enriquecimiento ilícito, con objeto de deslindar responsabilidades penales que conforme a derecho proceda”, detalla.

Héctor Larios, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que se manipula a la justicia y se utilizan a instituciones para golpear a Anaya Cortés.

Un día antes, el 12 de junio, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) atrajo una investigación contra Ricardo Anaya Cortés por el delito de lavado de dinero.

El Senador panista Ernesto Cordero, hoy aliado del candidato del PRI José Antonio Meade Kuribreña, lo informó, a unas horas de que iniciara el tercer debate presidencial.

Además, los mismos anónimos que publicaron un video en el que se involucra a Anaya Cortés con supuesto lavado de dinero para él y para su campaña, liberaron una entrega más, a las 20:45 horas, justo minutos antes de que iniciara el último debate presidencial y cuando el panista y Meade Kuribreña se han cerrado en las encuestas, en busca de un segundo lugar.

En la página CasoAnaya.com y en la cuenta en Youtube con el mismo nombre, se reveló una versión más larga del encuentro del hermano de Manuel Barreiro con una presunta empresaria argentina, con la que habla libremente sobre operaciones sospechosas.

Antes se ha dado a conocer la atracción del caso. La Seido, que forma parte de la Procuraduría General de la República (PGR), turnó el caso a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de la Moneda, después de que Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva del Senado por Partido Acción Nacional (PAN), presentara la denuncia.

No es la primera vez que Anaya es ligado a presuntos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, al menos en lo legal, ha librado todos los señalamientos que pesan sobre él.

Desde el año pasado, la noticia persigue al panista queretano: entre 2014 y 2016, compró y vendió un terreno en su estado natal. Lo adquirió por poco más de 10 millones de pesos y a los dos años de la compra, construyó siete mil metros cuadrados de una nave industrial que vendió en 54 millones de pesos.

Hoy, le es cuestionada la cantidad de dinero que genera y que no esclarece -a cabalidad- de dónde sale; también su presunta liga y “amistad” con Manuel Barreiro Castañeda, empresario investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por lavar dinero a través de empresas fantasma, quien junto con Anaya habría hecho tejes y manejes para enriquecerse a partir de “inflar avalúos”, señala el testimonio de personas ligadas al caso.

El coordinador de la campaña de Anaya, Jorge Castañeda, ha atribuido en varias ocasiones que el escándalo del supuesto lavado de dinero fue lo que frenó el ascenso del candidato panista en la contienda presidencial.

En reiteradas ocasiones, Anaya y su equipo han dicho que el tema ya quedó aclarado, que él no está implicado en el supuesto delito y que la PGR no lo ha citado a declarar por caso.