Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).– La Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla “agoniza” como consecuencia de la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo. El deceso del niño de 13 años fue la razón para que el Gobernador Rafael Moreno Valle decidiera enviar un proyecto para abrogar su “Ley Bala”, que desde los primeros días de su aprobación fue criticada por representar un retroceso en materia de derechos humanos.
Sin embargo, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso poblano, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, explicó que una vez turnada la iniciativa para abrogar la Ley, el proceso legislativo podría tardar entre ocho y 10 semanas.
Aún así, Moreno Valle cedió ante la controvertida ley por las protestas que originó el fallecimiento de José Luis que, de acuerdo con los pobladores de San Bernardino Chalchihualpan, sucedió a causa de una bala de goma que disparó la Policía de Puebla para dispersar una protesta en la autopista de Atlixco el pasado 9 de julio.
El gobierno de Moreno Valle se empecinó desde un primer momento a negarlo. El Secretario de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, negó el uso de balas de goma y afirmó que “el comportamiento del grupo de manifestantes, no corresponde al perfil ciudadano de una protesta”. El titular de Seguridad Pública del estado, Facundo Rosas Rosas, también lo negó. Dijo en una conferencia de prensa: “En conclusión, se confirma que la policía del estado de Puebla no cuenta con balas de goma, y por lo tanto, en lo que va de esta administración, nunca se han utilizado balas de goma en un operativo”.
También el Procurador Víctor Antonio Carrancá Bourge aseguró que una bala de goma no hubiera provocado en el menor ese tipo de lesión, “sus características, implican la contusión con un objeto de carácter explosivo, es el único objeto que podría provocar una lesión de esa naturaleza”.
En contraparte, organizaciones civiles presentaron a la prensa el 21 de julio las balas de goma que, a decir de ellos, dispararon los agentes policiacos. “[El gobierno del estado de Puebla] se ha empeñado en decir que no se utilizaron balas de goma, pero aquí está la prueba de que sí hay balas de goma. Ese mismo día, Moreno Valle envió una iniciativa para abrogar, es decir, eliminar la “Ley Bala”. Sin embargo, Moreno Valle defendió en su carta de motivos, a la Ley que, afirmó, es “congruente y apegada a lo dispuesto por los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano”.
Sin embargo, ayer, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) confirmó que el gobierno Moreno Valle usó en agosto de 2011, unos meses después de que tomó posesión del cargo, balas de goma, petardos y gas lacrimógeno para desalojar manifestantes en la localidad de Ciénega Larga, del municipio de Chignahuapan.
En la recomendación emitida este viernes, CDH-Puebla indica que tras las declaraciones de los afectados, “se llega a la certeza de que al haber uniformidad en las mismas, los hechos que refieren son ciertos, al constituir un testimonio, al efecto, sirve de apoyo e ilustración el criterio jurisprudencial”.
El 19 de septiembre de 2011, el entonces Secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, Ardelio Vargas Fosado, también negó categóricamente los hechos que motivaron la queja. Dijo que la Policía Estatal Preventiva estuvo ajustada al marco constitucional, habiéndose regulado el uso de la fuerza que ejerció el cuerpo de Seguridad Pública Estatal.
