Ciudad de México a 26 de agosto (SinEmbargo).– La Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJG) y el Tribunal Superior de Justicia, son culpables de la pérdida de evidencia fundamental para esclarecer los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, dijo Vidulfo Rosales Sierra, activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado del caso.

Rosales Sierra se refiere al extravío de unos videos provenientes de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, ubicado a la salida de la ciudad con rumbo a Chilpancingo, y que debieron grabar el momento exacto en donde fueron secuestrados de un autobús Estrella de Oro la mitad de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa).

“Ahí la policía de Iguala y Guerreros Unidos para a los estudiantes, las cámaras captaron todo, a cabalidad, porque es casi abajo del Palacio de Justicia. Toda la mecánica de los hechos”, dijo.

Los videos, explicó Vidulfo, fueron remitidos a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y de ahí desaparecieron.

“La Procuraduría de Justicia del Estado debió requerir al Tribunal esos videos y de oficio la presidencia del Tribunal debió poner a disposición la evidencia”, afirmó el abogado.

Para Vidulfo Rosales si los videos no aparecen, se perderá evidencia irreparable y también, la oportunidad de esclarecer los hechos.

En su último informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reveló la posible existencia de esos videos.

“El GIEI ve con preocupación la pérdida de pruebas en el caso. Específicamente ha informado a las autoridades competentes de la PGR, la existencia en su momento de una videograbación de la escena de la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas en el escenario de la salida de Iguala cerca del Palacio de Justicia. Según testimonios proporcionados al Grupo, dichos videos existieron y fueron enviados a la presidencia del tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR”, dijo el Grupo en el comunicado.

En su informe, el GIEI indicó que la PGR no informó a los familiares y sus abogados sobre el hallazgo de ropa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 27 de septiembre del año pasado.

Claudia Paz del GIEI informó que en junio el Grupo de Expertos se percató de que el hallazgo de 19 prendas, entre objetos y ropa, no se procesó, constituyendo un hecho “grave desde el punto de vista de la investigación”.

“Dicha situación no era conocida por los familiares ni sus representantes, y tampoco existía un registro específico ni procesamiento de la misma. En opinión del Grupo, este hecho es grave, tanto desde el punto de vista de la investigación como de la importancia que tiene para los familiares. El Grupo pidió ese mismo día a la PGR que se identificara el lugar donde se encontró la ropa y fuese examinada por peritos de la PGR y del EAFF para procesarla, fotografiarla y tomar las muestras genéticas correspondientes, y resguardarla de forma adecuada. Dicha diligencia se realizó los días 29 y 30 julio, y las muestras tomadas de forma conjunta por los peritos de ambas partes serán enviadas al laboratorio de Innsbruck para su análisis genético”, señaló el grupo de expertos.

Vidulfo Rosales indicó que la ropa no sólo se ocultó, sino que no se adjuntó al expediente de manera adecuada.

“Es una situación grave, porque esa ropa presenta manchas, no sabemos qué tipo de manchan son. Si se hubieran adjuntado en un inicio de la investigación, hubiera habido mayor facilidad para realizar los exámenes de genética e identificar de quiénes son esas ropas”, dijo.

Felipe de la Cruz , uno de los voceros de los padres, aseguró que no hay avances por parte de la PGR y que por contrario, se desaparece evidencia.

“Desaparecieron videos muy importantes de ahí de Iguala, del momento que desaparecen los muchachos. Además de las prendas que fueron encontradas ahora hace poco y que estaban llenas de moho. Por eso no creemos en las investigaciones de la PGR”, dijo.

“La Procuraduría la tenía guardada [la ropa] en una bodega. La recogió de los autobuses el día que desaparecieron los estudiantes. Para los compañeros padres de familia, son cosas que quedaron a la deriva, sin corroborar”, dijo Felipe de la Cruz.

En cuanto a la desaparición de unos videos, el vocero de los padres culpó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero.

“Esa fue responsabilidad del la Procuraduría del Estado. Señalamos y denunciamos que era evidencia muy importante”, planteó.

En cuanto al acceso al expediente, Rosales Sierra informó que hay un desfase entre lo que pueden ver los abogados de los papás de los normalistas y los hallazgos.

“En términos formales tenemos acceso a todo el expediente, como son varios tomos, cuando vamos nos prestan los tomos ya trabajados, los que no son novedad. Tenemos un desfase con lo nuevo que va saliendo. Hay tomos a los que no podemos acceder, porque no nos los prestan”, dijo.

El mes pasado Rosales Sierra advirtió que el 9 de julio pasado, los padres y los abogados sostuvieron una entrevista con Arely Gómez González, Procuradora de la República, quien se comprometió a que el expediente no se cerraría.

Sin embargo, las diligencias de la PGR están encaminadas a fortalecer la “verdad histórica” de la dependencia: que los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas en bolsas negras al río San Juan.

BÚSQUEDA QUE LLEVARÁ MÁS TIEMPO

Vidulfo Rosales indicó que la investigación por la desaparición de los normalistas llevará un tiempo indefinido, debido a que al expediente le hacen falta muchas pesquisas y aclarar varios puntos.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos  anunció que aunque su mandato concluye el próximo mes, solicitarían a la CIDH una ampliación de seis meses más para continuar con las pesquisas.

Algunos de los papás y mamás están cansados y enfermos, como el caso de Rafael López Catarino, padre de Julio César López, quien debe tomar medicamentos refrigerados durante el día, por lo que está impedido, dijo, a trasladarse de un lugar a otro en la lucha por justicia para su hijo desparecido.

“Yo no puedo ir a las marchas a México, pero fue mi hija. Yo debo tener mi medicina en un refri, pero aquí me muevo cuando hay marchas. Mi esposa se cayó de las escaleras y la estoy llevando a la clínica. Estamos en la lucha todavía, son nuestros hijos, y pues, no hemos perdido la fe de que aparezcan vivos”, indicó en entrevista con SinEmbargo el padre de Julio César.

Aunque Rafael desea que la búsqueda termine ya, porque son 11 meses, está consiente de que podría extenderse más meses.

“Quisiera que esto ya se acabara, pero no sabemos hasta cuándo. Ya son 11 meses y nosotros, toda la familia extrañamos a nuestro hijos”, dijo.

El padre de Julio César agregó que además los padres de los normalistas se enfrentan a una escasa información sobre el caso, de parte de las autoridades.

El mes pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió diversas fallas y omisiones en la investigación ministerial por parte de la PGR y de la Fiscalía General de Guerrero.

El titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Larrieta, acompañado del Ombusdman nacional, Luis Raúl Pérez González, recomendó a la autoridades mexicanas explorar nuevas líneas de investigación.

Una de ellas es que el ataque a los estudiantes pudo darse en Pueblo Viejo y el paraje La Parota (parajes de las inmediaciones de Iguala) “pues existen referencias de un individuo perfectamente identificado quien podría aportar información relativa a la vinculación o no de los hechos de la desaparición de los estudiantes con los hechos”. Además de que hay alusiones a otros sujetos de los que también sólo se conoce su apelativo, a quienes tampoco se les ha investigado.

Otra de las recomendaciones que hizo el organismo defensor de los derechos humanos es recabar y ampliar declaraciones de algunos elementos de las policías, Estatal, Ministerial del Estado y Federal y de cinco elementos militares, así como solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) información sobre quiénes de los 43 desaparecidos en los hechos de Iguala pertenecen o han pertenecido al Ejército, como se ha dado a conocer en algunos medios de comunicación.

Sugirió que la dependencia encabezada por Arely Gómez solicite apoyo de investigadores que permitan determinar si las condiciones climatológicas hubieran permitido la quema de cuerpos en el basurero de Cocula, para lo que propone que sean expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de EU (NASA, por sus siglas en inglés).

Sumado a estudios de materia de química forense que permitan corroborar que las bolsas con cenizas que se presume corresponden a los normalistas y sacadas del río San Juan, fueron realmente recogidas del mencionado basurero.

La dependencia recomendó obtener el lugar, hora y fecha en que fueron utilizados los teléfonos celulares desde los cuales algunos de los jóvenes normalistas enviaron mensajes e hicieron llamadas los días 26 y 27 de septiembre, a fin de orientar las acciones de búsqueda de los estudiantes.

La CNDF encontró que hasta el video musicalizado que presentó Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República, sobre la reconstrucción de los hechos está mal hecho y no es preciso.

“Nosotros hemos pedido que se abra una línea de investigación hacia la participación del Ejército, pero en ese sentido, no se mueve el expediente, sólo se mueve para consolidar la tesis que ellos tienen”, dijo Vidulfo Rosales.

IMPIDEN ENTREVISTAS CARA A CARA CON EJÉRCITO

Sobre la solicitud de entrevistar a los 26 miembros del 27 Batallón del Infantería del Ejército, el grupo de expertos de la CIDH recibió como respuesta que enviaran un cuestionario, propuesta que rechazaron.

Familiares de las víctimas han sostenido que los militares pueden estar vinculados con lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, pero el Estado informó a los expertos de la CIDH que la solicitud debe ser atendida en el marco del proceso penal.

El grupo interdisciplinario aceptó en un primer momento, siempre que pudieran acompañar y sugerir preguntas durante la declaración, pero el 16 de agosto recibieron una respuesta definitiva donde se les obligaba a formular las preguntas por escrito y a no participar en la comparecencia, lo que ellos rechazaron.

“No vamos a entregarles el cuestionario, no tendremos control de cómo ni qué responden”, dijo el experto chileno Francisco Cox, en una rueda de prensa en el marco de la quinta visita del grupo interdisciplinario a México por el caso Iguala.

En junio pasado, el Grupo de Expertos denunció el retraso del Estado mexicano para facilitar las entrevistas a elementos del 27 Batallón de Iguala, Guerrero.

“Más de tres meses después de haber realizado la petición a las autoridades de entrevistar directamente a los militares del 27 batallón, incluyendo aquellos cuyos testimonios no han sido tomados, el GIEI señala con preocupación el retraso en esta decisión. Hay que tener en cuenta que han pasado 9 meses desde los hechos y la urgencia que dichas acciones tienen para los familiares de las víctimas, así como el tiempo restringido de seis meses que el GIEI tiene para llevar a cabo su mandato. En opinión del Grupo esta demora limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y las nuevas acciones y perspectivas en la búsqueda de los desaparecidos”, informó el GIEI en un comunicado.

Rafael López Catarino reveló en enero que de acuerdo con el GPS del celular de su hijo, el último lugar donde estuvo, fue en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería de Iguala.

“Estamos enfocados a los militares. El celular de mi hijo, su GPS dice que estuvo en el cuartel militar de Iguala. Por eso ellos participaron, ellos saben dónde están los muchachos”, dijo.

López Catarino indicó que unos conocidos suyos de la Procuraduría General de Justicia del Estado le ayudaron a investigar la trayectoria que siguió el celular de su hijo gracias al GPS.

“Yo sigo pagando el celular de mi hijo, tengo su chip, me dicen que no lo use que porque las investigaciones, pero de qué sirve, nomás nos han engañado y tenemos que buscarle con nuestros propios recursos”, afirmó.