México, 26 Sep. (Notimex).- Senadores del PRI, del PAN y del Partido Verde Ecologista de México, presentaron ante el pleno de esta cámara un paquete de reformas a la Constitución Política, para regular y acotar las manifestaciones en todo el país.

Durante la sesión ordinaria, la senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo, a nombre de legisladores de esas bancadas, dijo en tribuna que dicha reforma busca garantizar el derecho de tránsito de los ciudadanos y preserva el derecho a la libertad de expresión.

Plantea que los ciudadanos tengan un plazo de 10 días para notificar previamente a la autoridad local la realización de su marcha, manifestación, protesta o movilización, a fin de que esta pueda tomar las medidas para proteger los derechos humanos reconocidos en la constitución y las previsiones de seguridad y orden público de conformidad con la ley.

Se propone que el Congreso de la Unión expida a más tardar en 180 días una ley general que defina la distribución de competencias y las formas de coordinación entre las autoridades encargadas de resguardar la paz y el orden público de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como establecer los derechos y obligaciones de manifestantes y de terceros.

El proyecto de decreto de los legisladores Mariana Gómez del Campo Gurza, Laura Angélica Rojas Hernández y Jorge Luis Lavalle Maury, del PAN; Jesús Casillas Romero, del PRI; y Pablo Escudero Morales, del Partido Verde, prevé reformar y adicionar los artículos 6° y 9° constitucionales.

El artículo 6° establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.

La reforma plantea añadir el siguiente párrafo, “cuando la manifestación se realice colectivamente en lugares públicos, los ciudadanos avisarán previamente a la autoridad local a fin de que ésta pueda tomar las medidas para proteger los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y las previsiones de seguridad y orden público, de conformidad con la ley”.

También, prevén reformar y adicionar un párrafo al artículo 9º y que quedaría como sigue: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar”.

“No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee”.

“Se reconoce el derecho de realizar asambleas y reuniones en lugares públicos de conformidad con la ley, mismas que se regirán por las mismas disposiciones del derecho a la manifestación a que se refiere el artículo 6º de esta Constitución”.

Gómez del Campo, expuso que datos de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), en la capital del país se estima que una marcha de 1 a 2 horas de duración, genera pérdidas por 329 millones de pesos.

En tanto, que un bloqueo de 7 a 8 horas repercute en 957 millones de pesos que dejan de inyectarse a la economía.

Se estima que los costos de la manifestación del 1 de diciembre de 2012, durante la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, detonaron pérdidas en ventas por 950 millones de pesos en la zona Centro; 149 millones de pesos en la zona aledaña al Palacio Legislativo de San Lázaro; y 28 millones de pesos en daños a inmuebles.