El 5 de junio de 2016, los ciudadanos de Puebla elegirán un nuevo Gobernador, quien tendrá una administración menor a dos años. El actual mandatario, el panista Rafael Moreno Valle, heredará una deuda que se desconoce a cuánto asciende, crisis de inseguridad y un mar de denuncias por espionaje y violaciones a derechos humanos.

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).– Los politólogos poblanos les llaman ya las “mini elecciones”, porque al Gobernador que se elija en 2016 durará sólo 22 meses, con el fin de homologar la elección gubernamental con la presidencial de 2018.

Hace unas semanas el Rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), Luis Ernesto Derbez Bautista, dijo a e-Consulta que el escenario electoral será intenso para el próximo año, pues por una parte el Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas intentará dar seguimiento a su gestión si consigue la victoria panista. Sin embargo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que lidera Manlio Fabio Beltrones Rivera, peleará la gubernatura para llevarse el carro completo.

Analistas opinan que las “mini elecciones” son una jugada de los gobernadores de Veracruz y Puebla para dejar en el cargo a un incondicional que “limpie el tiradero”.

El próximo 5 de junio de 2016, más de 4 millones de electores podrán acudir a las urnas para elegir a un nuevo Gobernador y a 217 presidentes municipales. A partir del 2 de abril iniciarán las campañas en Puebla para los candidatos a la minigubernatura, el cual durará 60 días para concluir el 1 de junio de ese año.

¿Y LA DEUDA?

Mario Marín Torres,”El Gober Precioso” terminó en 2011 su administración como Gobernador de Puebla con una deuda  de 9 mil 106.3 millones de pesos. En diciembre de 2014, la deuda bajó a 8 mil 754 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, el académico Eudoxio Morales Flores, investigador de del Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social de la Facultad de Economía la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), informó que la deuda de Moreno Valle asciende a más de 34 mil millones de pesos, considerando los más de 26 mil millones empeñados por el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS).

El pasado 26 de agosto, la organización Artículo 19 reveló que la transparencia fue vulnerada en el Gobierno de Puebla, con retrasos en las peticiones, candados, discriminación en el acceso de la información, cambios en la modalidad para responder a las solicitudes sin que exista una causa justificada, y la destrucción y ocultamiento de contratos.

En el informe “Transparencia, la deuda de Moreno Valle”, la organización menciona que la desaparición de documentación de datos administrativos, fiscales, legales o históricos es una falta muy grave que amerita sanciones.

Uno de los contratos que se extravió es el de 4 millones 106 mil 400 pesos suscrito en 2012 entre el Gobierno de Moreno Valle Rosas y la empresa Publicidad Virtual S.A. de C.V., compañía con la que el Gobierno poblano reconoció en 2013 mantener relaciones comerciales. Éste contrato comprendió la propaganda del Gobernador poblano en los estadios de futbol.

El otro caso que documenta Artículo 19 es el publicado por el portal Lado B en marzo de este año, en el que se informó cómo el Congreso del estado desapareció la información relacionada con la compra de publicidad en cines vía la empresa Make Pro. El reporte indica que el Poder Legislativo local exoneró a Moreno Valle a pesar de que el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) llegó a la conclusión de que había violado la ley en la promoción de su Primer Informe de labores.

Pasó lo mismo con el Tercer Informe de Gobierno, del que todavía no se tienen datos concretos, pero en un documento fechado el 10 de junio de 2014, el entonces apoderado legal y subsecretario jurídico del organismo Puebla Comunicaciones, Anuar Julián de los Santos, reconocía que el gobierno del estado tenía contratos con 10 empresas, todas ellas con posibilidad de transmitir contenido a través de la señal de televisión restringida, refiere el informe “Libertad de expresión en venta. Acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial” elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19.

“La ausencia de transparencia en Puebla es una mala noticia para la democracia en esa entidad y en el país. Mientras se reforman las leyes federales, podemos confirmar que hay prácticas de funcionarios de gobierno contrarias a promover y asegurar el derecho a la información pública. La opacidad parece ser la política pública de Moreno Valle”, dijo Darío Ramírez, director de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, para la presentación del informe “Transparencia, la deuda de Moreno Valle”, dice el informe de Artículo 19.

DESCOMPOSICIÓN DE PUEBLA

Empresarios, activistas y políticos alertaron que Puebla vive desde hace meses un estado de ingobernabilidad e inseguridad que se ha acrecentado, luego de que Facundo Rosas Rosas, ex Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, además de otros mandos policiacos, fuera señalado por su presunta participación en actos criminales, como el robo de combustible, violaciones a derechos humanos y espionaje.

Las denuncias de representantes sociales contra Rosas Rosas, quien el 1 de abril de 2013 fue designado para conducir la Secretaría de Seguridad Pública poblana, se cuentan por decenas. Sin embargo, a pesar del historial de acusaciones sobre el funcionario –incluso desde sus anteriores puestos en el Gobierno federal–, el Gobernador Rafael Moreno Valle no ha emprendido acciones para investigarlo. Apenas en agosto pasado, Rosas fue sustituido por Jesús Rodríguez Almeida, ex funcionario capitalino, también acusado de represor.

El activista Misraim Hernández Fernández aseguró que tras las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los hechos ocurridos en San Bernardino Chalchihuapan que dejaron un menor muerto, decenas de heridos y seis detenidos, el Gobernador debió destituir a Facundo Rosas Rosas –quien ordenó el operativo de desalojo–, pero no fue así porque lo “protegió”. Aquel episodio fue el principio y el final de la llamada “Ley bala”.

Sergio Curro y Martínez, presidente del Consejo de Organismos Empresariales (COE), contó a SinEmbargo que la sociedad poblana, entre ella los inversionistas, vive en un estado de desconfianza e ingobernabilidad, y esto sólo puede mejorar si el Ejecutivo estatal Rafael Moreno Valle ordena las investigaciones correspondientes, castiga a los presuntos criminales y llega al fondo de las acusaciones que se han hecho en contra de servidores públicos del Gobierno local, entre ellos mandos policías y al Secretario de Seguridad Pública.

El horror en Puebla nuevamente se hizo presente la semana pasada. Cuando los encuestadores José Abraham Copado Molina y David Rey Copado Molina, fueron linchados y quemados en la comunidad de Ajalpan, Puebla.

Los familiares de los muchachos pidieron a Moreno Valle atender la inseguridad en Puebla, antes que aspirar a ser candidato Presidencial.

Sumado a ello, Fernando Maldonado, periodista poblano dio a conocer en SinEmbargo una red de espionaje de Moreno Valle, por medio de  “un clonador a través del programa ‘Hunter’ el cual tiene la particularidad no sólo de clonar el número telefónico con llamadas entrantes y salientes, sino de extraer información tanto del SIM como de la memoria interna”.

Moreno Valle Rosas contrató por un monto de 322 millones de pesos a la empresa italiana Hacking Team para el equipamiento del Complejo Metropolitano de Seguridad Púbica, cantidad que supera los 261 millones 160 mil pesos invertidos por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en software para espionaje, de acuerdo con información de WikiLeaks.

El Gobernador ha sido señalado por espiar a políticos de oposición e incluso pertenecientes al Partido Acción Nacional (PAN). Entre las víctimas del espionaje se encuentran la ex Primera Dama, Margarita Zavala Gómez del Campo; Gustavo Madero Muñoz, ex presidente nacional del PAN, y Ricardo Anaya Cortés, actual presidente de ese partido.

EL GOBIERNO REPRESOR

Encabezar protestas, oponerse a construcciones gubernamentales, exigir el esclarecimiento de procesos electorales, rechazar reformas como la “Ley Bala”, negarse a firmar la venta de sus tierras o pedir la restitución de servicios como el Registro Civil a sus comunidades, han provocado que 134 personas, entre amas de casa, dirigentes sociales, campesinos, ambientalistas, activistas, mototaxistas y hasta los propios defensores de derechos humanos, estén –o hayan pisado– la cárcel y sean considerados presos políticos del Gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

En marzo de este año, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social en Puebla presentó el listado de las personas que han sido encarceladas en lo que va de la administración del panista Rafael Moreno Valle. Algunos continúan su proceso judicial en libertad, pero los juicios, firmas y comparecencias no terminan.

Moreno Valle lleva cuatro años al frente del Gobierno poblano, mismo que asumió el 1 de febrero de 2011. Durante su mandato, medios de comunicación, organizaciones civiles, pobladores y partidos políticos lo han acusado de “represor”.

El Gobernador ha negado esos señalamientos en reiteradas ocasiones, y lo mismo han hecho los funcionarios que integran su administración.

Activistas aseguran que su Secretario de Seguridad Público, Jesús Rodríguez Almedia, fue convocado al gobierno morenovallista para ser el brazo duro.

Alan Jiménez, quien ha participado en el movimiento que exige justicia par San Bernardino Chalchihuapan y protector de los derechos de infantes, e Misraim Hernández Fernández, activista del Contingente Puebla, aseguraron que el nombramiento de Rodríguez Almeida es preocupante, sobre todo porque reafirma la intención de la administración actual de endurecer su línea y reprimir a la protesta social y a la crítica.

“Lo que viene hacer es continuar lo que ya se hacía. Porque el no viene a proteger, ni es una persona conciliadora, que vele por la población o con los conocimientos puntuales de derechos humanos”, contó Alan Jiménez.

Misraim Hernández Fernández consideró que el mensaje que está mandando el Gobernador de Puebla es que quien alce la voz será reprimido, con el objetivo que su administración no se manche y no se sepa lo que ocurre, dejando así un posible camino a la candidatura a la Presidencia en 2018.

“Tanto para Moreno Valle como para todo su partido es importante que la imagen del estado se buena en el exterior, que adentro haya silencio para preparar el camino a la Presidencia. Y este personaje se encargará de acallar esas voces. […] Rodriguez Almeida es especialista en persecución y espionaje, lo que es muy preocupante para nosotros los activistas y defensores de derechos humanos”, detalló Misraim Hernández.

El 5 de diciembre de 2014, Rodríguez Almeida presentó su renuncia a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF), en medio de señalamientos por uso desmedido de la fuerza y utilizar infiltrados que provocaron actos violentos en distintas marchas, entre ellas, las realizadas por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero.

Rodríguez Almeida vivió distintas crisis durante su gestión en el DF, desde el capítulo de los 13 jóvenes secuestrados en el bar Heaven, en mayo de 2014, que después aparecieron muertos en el Estado de México. Activistas y organizaciones civiles habían exigido su remoción en varias ocasiones, pero Mancera lo conservó siete meses más al frente de la SSPDF.