Cuatro años de debate no fueron suficientes. Politólogos que aguardan la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción, el aparato más ambicioso por sus alcances en la historia del combate a la corrupción en México, vieron los nombramientos de Arely Gómez González en la Secretaría de la Función Pública y de Raúl Cervantes Andrade en la Procuraduría General de la República –instancias vitales del sistema- como un mensaje que desalienta. Su expectativa era perfiles con autonomía y dicen que de nuevo, los cargos fueron llenados con personajes cercanos al círculo del Presidente. Ahora, coinciden, las expectativas del combate a la corrupción son menores. 

Por Linaloe R. Flores y Alejandra Padilla

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).– Arely Gómez González, ex Procuradora General de la República, fue propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto ante el Senado de la República como Secretaria de la Función Pública, la dependencia que al principio del sexenio estaba planeada para desaparecer, que duró sin titular 26 meses antes del nombramiento de Virgilio Andrade Martínez y que ahora es el cerebro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En la misma propuesta, Raúl Cervantes Andrade –quien fue abogado de la campaña peñanietista en 2012 y a la postre, Senador de la República- fue nombrado para la Procuraduría General de la República.

La SFP y la PGR son las instancias clave del nuevo SNA, cuya instalación ahora se impulsa en el Congreso de la Unión. El diseño de este sistema tomó cuatro años, los mismos que cumple Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República. En un proceso sin precedentes, Gobierno y organizaciones civiles debatieron para conseguir el diseño de un sistema que agrupara y alineara a siete instancias gubernamentales en el combate a la corrupción bajo una sola política.

Su instalación se aletargó debido a lo extenso de su engranaje que se basa en siete leyes reglamentarias e involucra a la sociedad civil.

Después de la promulgación del marco normativo del SNA el pasado 18 de julio, la SFP y la PGR son instancias con mayores atribuciones y de cuyos despachos dependerá de ahora en adelante, el combate a la corrupción, un mal que le cuesta a México el 10 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), según cálculos del Consejo Coordinador Empresarial.

Ya no se trata sólo de abrir indagatorias o mencionar a presuntos funcionarios corruptos. El Sistema está diseñado para desmantelar redes de cómplices y castigar el peculado, el abuso de autoridad, los llamados “moches” y la colusión de intereses, entre otros delitos de daño a la Nación.

Pero al conocer la propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto, Enrique Toussaint, un politólogo con especialidad en la Rendición de Cuentas de la Universidad de Guadalajara, dice que ahora hay menos esperanzas. “Los nombres de Arely Gómez y Raúl Cervantes en el Sistema Nacional Anticorrupción lanzan el mensaje de que en el Ejecutivo hay poca voluntad para el combate a la corrupción. De nuevo, se trata de personajes políticos relacionados con el círculo cercano al Presidente. No son perfiles apartidistas, como marcaba la misma complejidad y aspiraciones del sistema. Y entonces, las expectativas de que el sistema funcione ahora son menos. Porque de nada sirve un sistema legalmente perfecto, con contrapesos, con dientes, si al final los políticos que lo van a ejecutar no son independientes”.

De ser ratificada por el Senado de la República –sesión programada para hoy jueves 27- Gómez González recibirá como responsabilidad prioritaria echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción en conjunto con autoridades de otras seis instancias como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Se trata de una cadena de actores larga que involucra también a la sociedad civil.

Y, una vez instalado el SNA, la Función Pública deberá vigilar la evolución de las fortunas de los funcionarios públicos, así como sus intereses en la plataforma Declaranet.

Abogada por la Universidad Anáhuac del Norte, Arely Gómez fue de 2003 a 2004, Secretaria particular adscrita a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura. De 2005 a 2006 trabajó como Secretaria general de la Presidencia y Oficial Mayor en la SCJN. El 26 de febrero de 2015 pidió licencia como Senadora para ocupar la PGR donde por veinte meses de trabajo completó un ingreso de 410 mil 244 pesos, según información del Portal de Obligaciones y Transparencia (POT).

Ahora, Arely Gómez percibiría al mes un total de percepciones brutas de 205 mil 122 pesos como Secretaria de la Función Pública.

En la cartera de pendientes de la Procuraduría se quedó la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, evento que afectó la aprobación de la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto al grado de ponerla en 20 por ciento, el registro más bajo en la Historia desde 1994, cuando se realizan encuestas de este tipo.

Como Procurador, Raúl Cervantes deberá impulsar la transformación de la PGR en una Fiscalía General Nacional y después, nombrar al Fiscal Anticorrupción, figura que resultará central en el SNA pues la posición implica llegar hasta el último grado de la corrupción con el desmantelamiento de redes.

Mientras la maquinaria se pone en marcha, dos abultadas historias de presunta corrupción transcurren en la escena de la política nacional. Hay indagatorias en contra de los ex Gobernadores Javier Duarte de Ochoa de Veracruz y Guillermo Padrés Elías de Sonora.

Uno y otro tienen paradero desconocido por la PGR en donde están fincadas las indagatorias en su contra. Duarte de Ochoa solicitó licencia al Congreso de su estado y ofreció no ausentarse del país para ser investigado. Padrés Elías no ha sido localizado después de que dejó su cargo el 13 de septiembre pasado y desde octubre, es buscado por la Policía Internacional (Interpol).

Raúl Cervantes, quien sería nuevo Procurador, ya había solicitado licencia a su cargo en el Senado porque aspiraba a un sitio en la Suprema Corte de Justicia en 2014, pero su proyecto fue detenido después de que algunas asociaciones civiles criticaron que su llegada al máximo tribunal del país tendría un tinte político. Se trata de un hombre que fue representante jurídico del PRI durante la campaña en 2012 a la Presidencia de Enrique Peña Nieto y que antes, se desempeñó como delegado en asambleas, consejero político, coordinador de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional y Secretario Adjunto del mismo comité.

El politólogo Enrique Toussaint expone que se trata de un perfil que desalienta. “El modelo de Fiscalía autónoma ha sido una demanda de la sociedad civil por décadas. La propuesta de un militante del PRI en la PGR brinda pocas esperanzas. Se trataba de un engranaje en el que se jugaba el futuro del país. Y al final, es un nombramiento de un amigo del Presidente”.

Para Eduardo Huchim, el largo proceso del SNA desemboca en “el mismo estilo que ha tenido el Presidente de nombramientos que más parecen dedazos, la vieja y anquilosada costumbre atribuida al PRI, que la voluntad de revolucionar en el combate a la corrupción, un tema que ya no puede esperar más”.