Por Luis Carlos Sáinz Martínez/Zeta

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo/Zeta).– Errores o complicidades de policías aprehensores, de agentes del Ministerio Público Federal y de jueces de Distrito, ocasionan constantes trastornos en los procesos penales en contra de miembros del crimen organizado, poniendo en riesgo los fines de la procuración y administración de justicia en México.

Cada vez es más frecuente tener conocimiento de que se modifican o revocan resoluciones judiciales, debido a estas pifias que se atribuyen en la mayoría de los casos a una imperfecta integración de averiguaciones previas por parte de agentes ministeriales, o a la errónea valoración de pruebas de los juzgadores.

Expedientes y procesos como los que pusieron en libertad a la francesa Florence Cassez y al narcotraficante Rafael Caro Quintero, asuntos que han revocado magistrados y ministros, como el del mismo capo sinaloense y las volteretas por “violaciones al debido proceso” o los derechos fundamentales en los procesos seguidos a Elba Esther Gordillo Morales, evidencian la incapacidad, falta de preparación y/o corrupción de muchísimos servidores públicos del sistema de justicia mexicano.

El fenómeno se reproduce en las entidades federativas, en asuntos del fuero común que también tienen la corrupción como uno de sus detonantes.

Las reposiciones de procedimiento, las revocaciones de órdenes de aprehensión o formal prisión; la devolución de los bienes asegurados a narcotraficantes y políticos a los que no se les probó delito; los procesos penales con duración de varias décadas, reducciones de condenas y las absoluciones de asesinos, entre otros, son resultado de esa combinación entre incapacidad y deshonestidad de funcionarios.

En septiembre de 2013, se conoció de la exoneración de uno de los sicarios que atentaron en contra del periodista Jesús Blancornelas, quien también participó en el asesinato del escolta Luis Valero Elizalde en 1997. El pistolero Marcos Arturo Quiñónez Sánchez “El Pato”, fue condenado a poco más de 12 años de prisión por el delito de delincuencia organizada, al acreditarse su pertenencia al Cártel Arellano Félix (CAF). Pese a ello, le absolvieron de la agresión contra el personal de Semanario ZETA.

En similares condiciones por cuestiones de formas, no así de fondo, entre julio de 2012 y agosto de 2013, quedaron libres de cargos Jorge Hank Rhon, dueño del Hipódromo Agua Caliente y ex Alcalde de Tijuana; así como sus ahijados Jorge Vera Ayala, ex jefe de escoltas, y Jerónimo Vera, dentro de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/117/2011. En ésta, varios testigos protegidos los implicaban como asociados del CAF, responsables de varios homicidios, transporte y almacenamiento de droga, entre otros ilícitos.

AMPARAN A MIEMBROS DEL CRIMEN ORGANIZADO

Los casos más recientes, son los del jefe de célula del Barrio Logan de San Diego, California, Melvin Gutiérrez Quiroz, al servicio del CAF y el del ex agente de la Policía Ministerial de Baja California, Rodrigo Bonillas Chávez “El Morro”, quien participaba en la comisión de delitos y brindaba protección a la misma organización criminal. Al primero le fue concedido un amparo que ahora es objeto de revisión, en tanto, al ex policía le fue reducida una condena de 30 años de prisión a tan solo la mitad.

Al mexicoamericano Melvin Gutiérrez Quiroz “El Camacho” o “El Marino”, le fue otorgado un amparo por la presunta violación de sus garantías fundamentales no solo de la fiscalía federal que inició las investigaciones tras su captura, sino también de las autoridades judiciales que omitieron brindarle el derecho a la asistencia consular, en su calidad de ciudadano norteamericano.

El Primer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, con residencia en Jalisco, ordenó en la resolución del juicio de amparo indirecto 45/2013, que se deje sin efecto la formal prisión dictada en contra del sicario, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas; asimismo, que se purguen los vicios detectados y se dicte un nuevo fallo.

El magistrado Fernando José López López advirtió que hubo una violación al derecho elemental de asistencia consular de Gutiérrez Quiroz, puesto que éste manifestó ser extranjero “y no le fueron proporcionados judicialmente los medios para saber de tal prerrogativa, y para que la representación diplomática de su país interviniera”.

“El Melvin” fue detenido el 15 de marzo de 2013 por elementos del Ejército Mexicano, durante un operativo de inteligencia realizado en una residencia de Avenida Televisión, Fraccionamiento Juárez, en Tijuana. Se ocultaba desde un mes atrás en ese sitio. Los militares le aseguraron dos rifles de asalto calibre .223, y una pistola escuadra calibre 9 milímetros.

En las instalaciones tijuanenses de la Procuraduría General de la República, se inició la averiguación previa AP/PGR/BC/TIJ/613/13-M-II. Melvin Gutiérrez declaró haber nacido en Los Ángeles, California, el 12 de julio de 1972. El fiscal federal integrador levantó un acta en la que sostuvo que hizo del conocimiento del detenido, los derechos consagrados en la Constitución, sin embargo, el indiciado se negó a firmar dicha constancia.

De igual manera, se levantó un acuerdo que hace constar que el fiscal intentó comunicarse por teléfono al Consulado de los Estados Unidos de América, en Tijuana, marcando al número 664-977-2000, pero no fue posible entablar contacto porque contestó una grabadora. Por la premura de los tiempos, el 16 de marzo del mismo año, el asunto y el detenido fueron remitidos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México, donde se integró la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/090/2013.

En la agencia ministerial de la SEIDO existe constancia de un nuevo intento por comunicarse con la representación diplomática del vecino país. Presuntamente se marcó el número 50802000, de la Embajada estadounidense, pero el operador número nueve dijo que ya no era hora de atención y que podría optarse por el envío de un fax al diverso número 5080-2005, pero se tomarían en cuenta sus efectos hasta el día siguiente. Según otra constancia, el fax se envió.

Ese mismo día fue recibida la declaración ministerial del “Melvin”, haciéndole saber una serie de derechos fundamentales, pero no contó con la presencia del personal consular. El 18 de marzo fue consignado ante el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales de Jalisco, y trasladado al penal de máxima seguridad “Occidente”, en Puente Grande.

Al día siguiente, el juzgador recabó la declaración preparatoria del detenido y, aunque le hizo saber sus derechos, no contó con la asesoría consular que se ha señalado. Fue hasta el día 22, cuando el defensor particular de Gutiérrez Quiroz presentó su certificado de nacimiento norteamericano, y que el juez solicitó a la representación extranjera informar sobre la autenticidad del documento.

El 24 de marzo de 2013, previo a que se dictara formal prisión al inculpado por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, personal del Juzgado hizo un intento por enviar un fax al Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, pero la operadora argumentó no contar con ese medio y que además ya no era horario para recibir documentos. De acuerdo con la causa penal 68/2013, se justificaron otros telefonemas en la Embajada, sin éxito.

Ese mismo día se inició el proceso penal del presunto gatillero del Barrio Logan. En la apelación, el Tercer Tribunal Unitario confirmó el auto de formal prisión el 23 de agosto, en el toca penal 115/2013. El magistrado que conoció de la impugnación no se pronunció respecto al tema de la protección consular.

Por todos los hechos anteriores, el Primer Tribunal Unitario que resolvió el amparo interpuesto por la defensa del presunto narcotraficante, estimó que se trató de una cadena de omisiones en la que participaron diversas autoridades, y que “el quejoso no fue enterado eficientemente de su derecho a ser asistido a través de la representación consular de su país, no obstante que señaló ser estadounidense, ni le fue enterada inmediatamente tal situación a esa representación, previamente a la emisión de su declaración preparatoria”.

Al conceder el amparo y protección de la justicia federal a Melvin, el magistrado Fernando José López refirió que la omisión referida vulnera sus derechos fundamentales contenidos en la Constitución mexicana, en el Código Federal de Procedimientos Penales y en instrumentos internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, entre otros.

Se concedió el amparo para que quede sin efecto la confirmación de la formal prisión y se reponga el procedimiento de primera instancia hasta el término constitucional de las 72 horas. El juez de la causa deberá calificar de nueva cuenta la legalidad de la detención del indiciado, y en caso de que se insista que fue legal, avise a la representación diplomática correspondiente para que asista a Gutiérrez Quiroz en la recepción de su declaración preparatoria, previa explicación de todos sus derechos. Posteriormente se dictaría el nuevo veredicto.

La resolución del amparo no dejó conforme a la defensa del indiciado, que probablemente esperaba que su detención se calificara de ilegal, pero solo obtuvo una reposición que podría terminar con un nuevo auto de formal prisión, por lo que ya interpuso el recurso de revisión, y el asunto será conocido por un Tribunal Colegiado en Materia Penal.

CIRCUNSTANCIAS DE UN EX MINISTERIAL

Otro beneficiado por la justicia, es el ex agente ministerial de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) de Baja California, adscrito a Mexicali, Rodrigo Bonillas Chávez “El Morro”, quien se encontraba sentenciado a 30 años de prisión por el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, como responsable de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. La condena fue confirmada en segunda instancia por un Tribunal Unitario del Estado de México.

Sin embargo, un amparo directo otorgado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Toluca, resolvió que debía reponerse el procedimiento por violaciones constitucionales al quejoso y dictar una nueva sentencia, pero sin tomar en cuenta la acusación de delitos contra la salud, por no encontrarse acreditado ese delito.

Así, el Primer Tribunal Unitario dio cumplimiento a lo ordenado por el superior y dictó nueva resolución definitiva. Impuso solo 15 años de prisión a “El Morro” por su probada responsabilidad criminal en el delito de delincuencia organizada agravada. Le absolvió por delitos contra la salud en la variante de fomento al narcotráfico, le impuso una multa de 375 días de salario, equivalente a 18 mil 963 pesos, y la destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos por el mismo tiempo de la pena privativa de libertad impuesta.

El amparo fue concedido a Bonillas Chávez porque los magistrados consideraron que, si bien se probó que el ex policía militó en la organización de los hermanos Arellano Félix desde julio de 2005 hasta el 1 de febrero de 2007, aprovechando su cargo para brindarles seguridad y protección, y tolerar conductas ilícitas de los miembros del CAF como el cobro de “derecho de piso”, el Ministerio Público Federal no pudo probar los hechos de la acusación de delitos contra la salud.

El tribunal protector agregó que la condena por narcotráfico vulnera las garantías del quejoso, ya que se resolvió “con datos insuficientes para establecer las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión de ejecución, requeridas para el dictado de la sentencia condenatoria, porque en modo alguno, se constata la materialización específica de un acto concreto para con ello estar en aptitud de establecer respecto a qué modalidad el quejoso colaboró; menos se aprecian datos objetivos que permitan ubicar la época en que tuvo verificativo el hecho punible (…)”.

Rodrigo Bonillas Chávez continuará preso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se encuentra desde que fue detenido en febrero de 2007, esperándole solamente nueve años más de privación de la libertad, y no la cantidad inicialmente impuesta.

Casos como los antes descritos, avanzan unos pasos hacia adelante, y otros muchos para atrás. Por cuestiones de forma, debido a los malos oficios de los aprehensores e investigadores, los juzgadores deciden no llegar a juzgar el fondo, en una “justicia” que da concesiones al delincuente organizado y al poderoso, y al pobre le mantiene preso con todo el rigor.

“EL CABALLO” DE TROYA EN EL CAF

Protegido por los Estados Unidos, declaró en contra de la organización Arellano Félix desde hace más de seis años. Hoy, Manuel Aguirre Galindo “El Caballo”, preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México, promueve amparos contra la formal prisión y su ficha signalética.

Aguirre Galindo, uno de los fundadores y cerebro financiero del Cártel Arellano Félix (CAF), batalla legalmente en México por recuperar su libertad. Antes negoció con Estados Unidos y declaró en contra de miembros de su organización a cambio de inmunidad.

Ya no era perseguido por el gobierno estadounidense, como se anunció insistentemente en los últimos años; por eso, días después de que se conoció su captura, el 19 de octubre de 2013 en la Ciudad de México, el gobierno del país vecino comunicó que “El Caballo” había dejado de ser prioridad en la lucha antidrogas.

En su momento, Laura Duffy, encargada de la Procuraduría Federal de los Estados Unidos de América para la región de San Diego, California, aseguró que “Estados Unidos enfrenta retos que las evidencias y testigos disponibles no podrían aclarar en torno al caso”.

La realidad es otra. Manuel Aguirre Galindo se convirtió, por lo menos seis años atrás, en colaborador de las agencias oficiales antidrogas estadounidenses, negociando de esa forma su libertad. En cambio, declaró en contra de integrantes del CAF y su testimonio fue importante para que Benjamín Arellano Félix fuese extraditado.

Por lo menos desde 2007, “El Caballo” buscó el cobijo de las autoridades extranjeras, y ese mismo año, declaró contra sus ex correligionarios ante la Fiscalía del Distrito Sur de California en San Diego. Pese a ello, Estados Unidos no anunció el retiro de la recompensa de 5 millones de dólares por la captura de Manuel Aguirre Galindo. Su declaración jurada fue incluida en el juicio de extradición seguido en contra de Benjamín Arellano Félix, donde fue calificado como uno de los “cómplices menores que participaron en el tráfico de drogas y lavado de dinero imputados al reclamado”.

Ese pasaje quedó en el pasado y, como anécdota para “El Caballo”, después de que los Estados Unidos, a través de la fiscal Duffy, señalaran que él ya no interesa a ese gobierno. Sus delitos habían ocurrido de 15 años hacia atrás. Ahora lo que le preocupa al detenido es su seguridad personal, por lo que podría ser considerado como una traición a su grupo.

La defensa de Aguirre está enfocada en combatir el proceso que ahora enfrenta en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, donde se encuentra a disposición de un juez. Los cargos que se le imputan, son delitos contra la salud y otros, por su participación en el aterrizaje de un avión cargado con diez toneladas de cocaína en los llanos de Baturi, Baja California Sur.

En los últimos días, “El Caballo” ha promovido dos juicios de amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en el Estado de México, ambos contra el mismo asunto.

En el juicio de derechos fundamentales 1373/2013, el indiciado demanda violaciones de autoridades, al cumplimentarse la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez Decimoquinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. Se señaló el 12 de diciembre de 2013 para la celebración de la audiencia en la que podría dictarse el fallo del amparo.

Mientras que el juicio de garantías 1385/2013 se inconformó contra el auto de formal prisión dictado vía exhorto por un juez federal mexiquense, y en contra de la orden de identificación de su persona en el sistema administrativo de control de presuntos criminales. En este caso, el juez de amparo se declaró incompetente, en razón de territorio en favor de un juez de la misma materia en el Distrito Federal. Luis Carlos Sáinz Martínez

AMPARO A MAMÁ DE SILLAS

La justicia le dio la razón, por el momento, a la señora Taidé Rocha Gaxiola. Los juzgadores consideraron que el Ministerio Público de la Federación no realizó los razonamientos jurídicos necesarios al asegurar dos inmuebles propiedad de la mujer en Playas de Rosarito a finales de 2011, los cuales, conforme al criterio de la Procuraduría General de la República, pertenecen a su hijo, Juan Francisco Sillas “El Ruedas”, jefe de células del Cártel Arellano Félix, que presuntamente habría cambiado de grupo al Cártel del Pacífico en la etapa inmediata anterior a la de su detención.

El juez ordenó a la fiscalía replantear sus acciones.

A principio de 2010, Taidé Rocha se había desvinculado públicamente de los hechos delincuenciales de su marido Juan Sillas Piña y de su hijo “El Ruedas”. Sin embargo, cuando fue detenido su vástago, en noviembre de 2011, las autoridades ministeriales adscritas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) incautaron sus bienes inmuebles.

Todo inició el 5 de noviembre del citado año, cuando el fiscal federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, con residencia en la Ciudad de México, inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/487/2011, con motivo de la captura de Juan Francisco Sillas y algunos de sus sicarios.

El 9 de noviembre de 2011, el Juez Segundo Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, con competencia en toda la República y residencia en el Distrito Federal, giró orden de cateo para allanar las fincas de la madre del “Ruedas”.

Seis días después, el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la SEIDO, ordenó el aseguramiento de los inmuebles propiedad de la quejosa, justificando que los detenidos, entre ellos su hijo, formaban parte de la delincuencia organizada, “sin que en ningún momento acreditaran el nexo entre los sujetos y las fincas”, consideró el juzgador.

Como justificación de los aseguramientos, la fiscalía manifestó que los detenidos “conjuntamente con otros integrantes a la fecha pendientes de ser identificados, forman parte de un grupo delictivo de carácter trasnacional integrado por personas dedicadas primordialmente a introducir al país, principalmente desde Centro América, diferentes estupefacientes”. Sin embargo, no hablan del CAF, sino de los hermanos Beltrán Leyva, cártel al que, aseguran, Sillas se integró antes de ser capturado.

BENEFICIO DE LEY

Luego de abundar en la parte dogmática de los delitos y sus elementos, la división del trabajo criminal que desarrollan los indiciados y su probable responsabilidad en la comisión de conductas sancionadas por el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el fiscal determinó decretar el aseguramiento provisional de los inmuebles de Taidé Rocha, dando por un hecho que son propiedad de Juan Francisco Sillas.

Luego de más de un año de llevar su caso por tribunales federales, el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la mujer, para que el fiscal del caso deje sin efecto el aseguramiento de las propiedades ubicadas en las siguientes direcciones:

* Circuito Imperia número 1645, Fraccionamiento San Marino, municipio de Playas de Rosarito.

* Circuito Imperia número 1606, Fraccionamiento San Marino, Playas de Rosarito.

En la resolución, el juez de amparo ordena al agente del Ministerio Público Federal, dictar una nueva determinación en la que resuelva la procedencia legal o no del aseguramiento decretado respecto a ambos inmuebles, de los que la quejosa acreditó ser la dueña.

La PGR interpuso el recurso de revisión y el expediente del amparo fue remitido a un Tribunal Colegiado en la ciudad de Mexicali para que confirme, revoque o modifique el fallo de la protección otorgada a Taidé Rocha, a resolverse en próximas semanas. Luis Carlos Sáinz Martínez

GUTIÉRREZ Y BONILLAS

En enero de 2009, Melvin Gutiérrez “El Melvin”, “El Marino” o “El Camacho”, apareció en un afiche de Los Más Buscados, emitido por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Lo reportaban como líder de célula del Cártel Arellano Félix, renovado y encabezado por el sobrino Fernando Sánchez Arellano.

Conforme a datos de inteligencia del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California, desde finales de los años noventa, el CAF ha reclutado criminales procedentes del Barrio Logan en San Diego, California, liderados por Benjamín (extraditado) y Ramón (asesinado) Arellano.

A principio de la década del año 2000, ubicaron al “Melvin” como parte de la célula delictiva encabezada por Gustavo Rivera. Pero fue durante la pugna interna del CAF, que se desarrolló entre 2006 y 2011 en Baja California, que armó un grupo de sicarios mexicoamericanos, quienes recibieron la instrucción de combatir la entrada del Cártel de Sinaloa.

Su nombre fue mencionado en secuestros, homicidios y extorsiones desarrolladas en Baja California, además de señalarlo como uno de los autores de la amenaza mortal en contra de los editores de ZETA, perpetrada en febrero de 2011. Sin embargo, la Procuraduría local no solicitó ni obtuvo orden de aprehensión.

Pese al cartel de la DEA, en Estados Unidos los cargos en contra de Gutiérrez son calificados como menores. Destaca una violación de libertad condicional.

En México, el Gobierno Federal inició una averiguación previa por delincuencia organizada en 2009, en la cual se identificaba a Fernando Sánchez Arellano como jefe del grupo criminal, y a Melvin Gutiérrez como lugarteniente. La indagatoria también incluía a los detenidos Juan Francisco Sillas Rocha, Julio César Salas Quiñonez, Jesús Gerardo Visaiz Castañeda, Adelaido Reyes Fuentes y Armando Gabriel Pérez Borjón.

A Rodrigo Bonillas Chávez, agente ministerial del Estado, la Procuraduría bajacaliforniana –que lo tuvo en sus filas– lo tenía identificado como uno de los sospechosos del asesinato del ex procurador de Justicia, Eduardo Villalobos (funcionario señalado por como presunto protector de Joaquín “El Chapo” Guzmán), acribillado en mayo de 2005, cuando se desempeñaba como director de un CERESO en Mexicali. Pero la acusación formal en su contra no prosperó.

En febrero de 2006, un juez federal dictó orden de aprehensión en contra de Bonillas, acusándolo de formar parte de la célula encabezada por Edgar Adrián Gutiérrez Elenes “El Cachorro”, y de brindar protección a los miembros del CAF en sus actividades delictivas. Fue capturado un año después.