Ya pasaron dos meses.
El caso de los 43 desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos cobró la renuncia de un Gobernador, llevó a la Ciudad de México a protagonizar las movilizaciones más grandes de la última década, sacó a las calles a jóvenes, niños, hombres y mujeres; a la sociedad organizada y a quien por cuenta propia decidió marchar. Y derrumbó la imagen que la nueva administración proyectó a nivel internacional durante 2013 y en el primer semestre de 2014 con las reformas estructurales.
La desaparición de los normalistas evidenció a todos esos desaparecidos y asesinados que se cuentan por miles, dicen analistas, y “la administración de Enrique Peña Nieto entró en una crisis de legitimidad”. Antes de cumplirse un mes de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, Ángel Aguirre Rivero ya no era Gobernador de Guerrero; hoy, al cumplirse dos meses, los padres ya no se conforman y quieren la renuncia del Jefe del Ejecutivo que ahora ve un complot, un intento por “desestabilizar” su gobierno…
Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).– El 20 de noviembre, Luis Ángel García se abría paso entre la multitud para entregar unos volantes a los que marchaban sobre Avenida Paseo de la Reforma en el Distrito Federal en protesta por los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27.
Luis Ángel, un muchacho moreno de 21 años, mediana estatura y playera blanca, entregaba información impresa sobre sus compañeros de escuela: hijos de campesinos como él, pobres y sin un quinto en la bolsa y que hoy están desaparecidos.
–El gobierno nos ha dado un golpe muy bajo: nos quitó a 43 compañeros y aparte a tres que fueron balaceados –dice el estudiante de tercer grado de la Normal de Ayotzinapa–. Lo que importa es que esto no quede impune.
El normalista, a pesar de que hoy se cumplen dos meses de la desaparición de sus compañeros y que las versiones de las autoridades que investigan el caso apuntan a que fueron calcinados y sus cenizas arrojadas al río Cocula, mantiene la esperanza de que aparezcan vivos. No sabe cómo, pero sus compañeros debieron sobrevivir al secuestro. Hay personas en los pueblos de Guerrero que les dicen que están vivos. Él quiere creerlo.
–De nuestra parte los compañeros siguen vivos, […] quiero pensar que los vamos a encontrar bien –afirma.
El joven originario de Tixtla (el municipio donde está ubicada la Normal Raúl Isidro Burgos) recuerda que hace año y medio ingresó a esa escuela. Una institución para muchachos pobres, hijos de campesinos, que no pueden costearse estudios universitarios en otro lugar, dice.
Sus padres tienen temor por él. Con lo sucedido a los 43 desaparecidos, temen que su hijo corra con la misma suerte, pero Luis Ángel se mantiene en lo dicho: no darse por vencido fácilmente.
“Yo les digo que no, quiero seguir con mi sueño de ser un maestro rural, no me quiero dar por vencido tan rápidamente, les digo a mis papás. Lo que el gobierno intenta hacer aquí es una farsa, quiere terminar con el caso, cerrarlo, porque los pobres somos tierrita que le estorba en el zapato”, agrega.
Pero Luis Ángel continuará en la lucha. El 20 de noviembre viajó al Distrito Federal para marchar y apoyar a los padres de sus compañeros desaparecidos y lo volverá hacer cuantas veces sea necesario. Viajará desde Guerrero, movido por el deseo de justicia y para exigir que el caso no quede impune; porque ese es su principal temor, dice, la impunidad. Aún sobre la posibilidad de que sus compañeros estén muertos. La impunidad le preocupa. Que quede así.
“Como pasó con Ángel Aguirre [Rivero], que se fue con las manos limpias, en lugar de estar en la cárcel por lo que hizo. Nadie lo juzgó”, dice.
UNA ENFERMEDAD CRÓNICA
La impunidad es una enfermedad crónica, generalizada y apoyada sexenio tras sexenio, que se ha hecho más y más grave, explica Raúl Vera López, obispo de Saltillo, Coahuila.
“Los partidos se ponen de acuerdo para que sus funcionarios no sean exhibidos, hay un pacto de impunidad política y estalló con Ayotzinapa. El Presidente Municipal [José Luis Abarca Velázquez] estaba acusado por uno de los sobrevivientes de cuando mataron a Arturo Hernández Cardona. Eso pasó a finales de marzo de 2013, y el 26 de septiembre el señor seguía ahí. Todavía el 22 de septiembre de este año, días antes de que pasara los de los muchachos, nosotros estábamos pidiendo garantías para el testigo, que andaba de un lugar a otro con todo y familia amenazado”, recuerda el sacerdote.
Vera López se refiere a Nicolás Mendoza Villa, quien declaró que cuando asesinaron al perredista Hernández Cardona, llegó el director de la Policía de Iguala y el Alcalde José Luis Abarca y le dijo ‘me voy a dar el gusto de matarte, que tanto me estás chingando con los fertilizantes’, según el testigo.
El mismo obispo de Saltillo leyó la declaración del testigo firmada ante notario público en la Plaza de Armas de Iguala, Guerrero. Pero nadie hizo nada. Ni las autoridades federales priistas, ni los dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al que pertenecía Abarca.
“Hay un pacto de impunidad entre los partidos. Los papás tienen razón de no aceptar que les den cenizas, mientras no identifiquen a sus desparecidos. Yo conozco el caso donde mandaron el cuerpo de una persona que fue asesinada y cuando abrieron la caja, eran piedras. A la gente no le pueden dar cualquier cosa”, dice.
El sacerdote lamenta las declaraciones del Presidente Enrique Peña Nieto en torno a que hay un intento de desestabilizar su proyecto de nación a través de las protestas por el caso Ayotzinapa.
Las movilizaciones multitudinarias en el Distrito Federal, la quema de sedes de los partidos en Guerrero, la destrucción de la Alcaldía de Iguala, la toma de casetas, el fuego que llegó hasta la biblioteca del Congreso de Guerrero y a Casa Guerrero. El incendio de la puerta de Palacio Nacional hace unos días. La protesta que cambió el tradicional desfile del 20 de noviembre, por cientos de miles pidiendo la renuncia de Peña Nieto y la presentación con vida de los 43 muchachos. Todas esas manifestaciones que ya cimbraron a Peña Nieto y que parecen haberle quitado esa máscara de primer mundo a México ante la comunidad internacional, según opina la prensa extranjera.
“Es muy grave la poca credibilidad que tiene el gobierno. Lo que es cierto es que le estorbamos al Presidente para su proyecto de nación. Le estorban los pobres, los que piden justicia, los que salimos a las calles, le estorbamos porque existimos, porque somos sujetos de derecho”, dice Vera López.
Miguel Rábago, investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (UIA), opina que Ayotzinapa hizo visibles los casos de violencia generalizada y desaparición forzada en México.
“Durante el sexenio de Felipe Calderón [Hinojosa] se negó que existiesen casos de desapariciones forzadas. Durante los primeros años como Presidente de Enrique Peña Nieto se realizó una labor de contabilizar desaparecidos, con base en denuncias penales. Sin embargo, hay muchas narrativas, muchas historias que no caben en el ámbito de la denuncia penal. Éstas dan cuenta de la magnitud de todas las desapariciones en México, que podrían ascender a mucho más de 20 mil”, explica.
El experto agrega: “Ayotzinapa visualiza las otras desapariciones en un primer momento, pues nos permite darnos cuenta del papel del Estado en el tema de desaparición forzada. Creo que sumó esas desapariciones que ya existían; no es que en Ayotzinapa se esté exigiendo la aparición de estas personas solamente, sino que en esta exigencia se encuentra la demanda por la aparición de todos los desaparecidos”.
Para Ivonne Acuña Murillo, especialista en temas de política nacional, género y sociología política, lo que ocurrió el 20 de noviembre, seis días antes de que se cumplieran dos meses de la desaparición de los muchachos, obligó a los gobernantes a observar atónito desde su trinchera en Campo Marte, como las calles se inundaban de miles y miles que no sólo exigieron justicia para Ayotzinapa, sino para todas las personas asesinadas y desaparecidas en los últimos años.
“Se exigió al gobierno en todos sus niveles un alto a la violencia, venga de donde venga, del narco, de la delincuencia organizada o de los brazos armados del gobierno mismo”, detalla.
Acuña Murillo describe que lo que desestabiliza al país no son las manifestaciones pacíficas, ni la exigencia de justicia y paz, sino la falta de resultados, la ineficacia e indiferencia del gobierno, la falta de seguridad física, la pobreza, la desigualdad, la violencia en todas su formas.
“Un gobierno atrincherado que se niega a escuchar y ver lo que ocurre fuera de sus bien protegidas trincheras y que en el discurso niega las realidades que lo desbordan y fabrica un país que no existe, abona más a la desestabilización, que una sociedad movilizada”, dice.
DOS MESES SIN RESPUESTAS
En el lapso de dos meses, la desaparición de los 43 normalistas movilizó a todo el país y el enojo subió de tono paulatinamente ante la falta de resultados. Durante ese periodo, cayó un Gobernador y ahora, piden la renuncia de un Presidente de la República.
Hace un mes, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, decía que la desaparición de los 43 normalistas dejó ver la realidad en la que estaba sumido el estado de Guerrero y destapó “la podredumbre” en la que vivían sus habitantes.
“Lamentablemente esta tragedia vino a desenmascarar toda la podredumbre que hay en esta entidad con la colusión que existe entre crimen organizado y autoridades estatales y municipales, sobre todo cómo se han utilizado los aparatos policiacos para afianzar a los grupos del crimen organizado”, dijo el activista.
Manuel Martínez, vocero de los familiares de los jóvenes desaparecidos y tío de uno de ellos, aseguró que el estado de Guerrero era “una bomba que ya reventó”, mientras que los padres de los muchachos anunciaron que romperían el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR) y con su titular Jesús Murillo Karam, por considerar que no era un interlocutor serio y no creían en la información que les había dado.
Los padres exigieron que Peña Nieto los recibiera y el 29 de octubre los recibió en Los Pinos, ahí lo emplazaron y le dijeron que tenía que resolver el caso, de lo contrario realizarán una jornada nacional de movilizaciones.
“Que no se le olvide al gobierno federal que de Guerrero han salido grandes personajes importantes. Le pedimos a la población a mantener la ira hasta que nos entreguen a los 43 normalistas”, dijo Felipe de la Cruz, uno de los padres ese día.
Los familiares de la normal de Ayotzinapa aseguraron que no se volverían a reunir con el Presidente, hasta que presentara resultados y avances.
Los días sin respuesta pasaron y la manifestación de enojo subió de tono. El 5 de noviembre, los padres llegaron al Zócalo de la capital del país, arropados y alentados por la solidaridad de miles de universitarios, preparatorianos, maestros, trabajadores, campesinos, grupos de la sociedad civil organizada y ciudadanos espontáneos que invadieron la Avenida Reforma y el Centro Histórico de la Ciudad de México en la mayor movilización apartidista y sin intereses políticos que se haya visto en en el país durante la última década hasta ese momento.
Al tomar la palabra, en el mitin organizado ya en el Zócalo, los padres de los normalistas aseguraron que las autoridades preparaban un informe en el que se diría que los muchachos estaban muertos.
“Se va de gira el Presidente Peña Nieto con la cara de vergüenza porque no ha sabido gobernar a un pueblo de bien. Ya los mataron y los aventaron a las fosas, ya los mataron y los aventaron al basurero de Cocula, hoy,¿qué muerte les van a dar para que Peña Nieto diga en su gira que México es un país para inversionistas?, para nosotros están vivos nuestros hijos. Queremos decirles que no vamos aceptar que salga el Presidente, en una conferencia que está por anunciar, para decir que nuestros hijos están muertos”, dijo Felipe de la Cruz.
Dos días después, el 7 de noviembre, Jesús Murillo Karam dijo que los detenidos Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”, Juan Osorio Gómez, alias “El Jona” y Agustín García Reyes, alias “El Chereje”, confesaron haber asesinado a la mayoría de los 43 normalistas secuestrados por policías de Iguala.
Los detenidos, miembros del Cártel Guerreros Unidos, los mataron y luego los quemaron; algunos de ellos aún estaban vivos [inconscientes], dijo Murillo Karam desde Chilpancingo.
Hay restos quemados, pero también hay otros que fueron encontrados en bolsas. El fuego lo alimentaron a través de piedras, llantas, diesel y gasolina directo a los cadáveres. Alrededor de 15 murieron de asfixia antes de llegar al basurero de Cocula. Los dientes de los restos, dijo Murillo Karam, están en un estado de calcinación tan alto que sólo con tocarlos se deshacen.
El Procurador insistió en que la evidencia indicaba que los normalistas están muertos, pero que, hasta que no concluyan los trabajos de identificación –que podrían ser en Austria– están desaparecidos. Y hasta no tener estos resultados, subrayó el Procurador, los normalistas siguen en calidad de desaparecidos.
Después, Peña Nieto se fue de gira, tal y como lo anunciaron los papás el 5 de noviembre en el Zócalo. Para el 20 de noviembre, los padres de los 43 desaparecidos ya no se conformaron con exigir la resolución del caso. Pidieron la renuncia de Peña Nieto y su gabinete.
“Han tocado a los estudiantes, un punto de la sociedad donde nunca debieron meterse. Queremos que todos caigan, no sólo el Presidente, sino todos los culpables”, dijo un estudiante de la Normal de Ayotzinapa.
Felipe de la Cruz acusó que a más de 50 días sin sus hijos, el gobierno federal sólo simuló y no realizó una investigación seria.
“No estamos cansados, estamos enojados. No ha hecho otra cosa que engañar a los padres de familia, denunciamos que este gobierno en lugar de investigar ha amenazado a los padres de familia”, dijo otro de los padres proveniente de la caravana Julio César Nava.
Felipe de la Cruz aseguró que los papás de los estudiantes de Ayotzinapa, no descansarán hasta tener a sus hijos con ellos.
“No vamos a descansar hasta encontrar a los muchachos o hasta que nos los entreguen. Estamos seguros que saben dónde están. Tenemos la esperanza e ilusión de verlos”, sentenció.
Uno de los papás de los muchachos dijo a través del megáfono mientras la marcha continuaba su curso hace seis días: “venimos a decirles que vamos a seguir aquí y no vamos a descansar. Vamos a seguir hasta que se vaya Peña Nieto, porque no ha hecho nada, nada más nos están engañando, no es cierto que los están buscando. Le exigimos a ese corrupto de [Miguel Ángel] Osorio Chong que ya no mienta, que diga la verdad y que actúe. Ya basta, nada más nos usan, estamos hartos de que nos digan siempre lo mismo. Si Peña no puede que se vaya, no lo queremos, que se vayan todas las autoridades y que deje el puesto a otras personas que sí puedan”.
Para activistas y expertos el viaje de Peña Nieto a China y Australia fue un desatino y abonó al enojo de los padres y la población cansada del clima de corrupción e impunidad que se vive en el país.
Jorge González de León, activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), mencionó que la gira de Peña Nieto, además de enmarcarse en un momento álgido por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, coincidió con un descontento social generalizado y el escándalo de la casa de su esposa Ángelica Rivera Hurtado en Lomas de Chapultepec valuada en 86 millones de pesos.
“Hay una crisis de legitimidad de Peña y tuvo que ir a china a rendir cuentas porque les canceló un contrato. La declaración sobre el destino de los estudiantes fue apresurara para permitirle a Peña cierto margen para irse de gira, decir allá que ya cumplió y que agarraron a los culpables”, explicó.
Javier Urbano Reyes, coordinador del Programa de Asuntos Migratorios (Prami) de la Universidad Iberoamericana, coincidió con González de León.
“Que Peña se haya ido a China no viene al caso y es inoportuna. Él se va de gira porque quiere hacer negocios, pero es mucho más importante los seres humanos que el negocio que él vaya hacer, China va a estar ahí, no se va a ninguna parte. Es una falta de sensibilidad, es una impertinencia irse cuando a él se le requiere aquí”, dijo.
A pesar de los esfuerzos del gobierno de Peña Nieto por mostrar otra cara al mundo, el de un México de avanzada, el caso de los normalistas ya lo rebasó, dicen los expertos.
El pueblo mexicano no le cree, los padres de los muchachos tampoco. Ellos, los familiares, rechazan que sus hijos fueron reducidos a cenizas y lanzados al río en bolsas negras y donde el autor intelectual es un Alcalde.
Lo que le pasó a sus hijos, aseguran, es un crimen de Estado y el Estado, tiene que pagar.
UNA LUZ DE ESPERANZA
La Unión de Pueblos del Estado de Guerrero (UPOEG) no cree en la versión del gobierno federal de que los jóvenes desaparecidos, fueron incinerados entre la noche del 26 y todo el día del 27 de septiembre en el basurero de Cocula, Guerrero. La organización sostiene que tiene información de que la mayoría de los muchachos están vivos y el crimen organizado los utiliza en la sierra de Filo de Caballo para la cosecha de enervantes, dice Crisóforo García Rodríguez, promotor de la Unión de Pueblos.
“Tenemos la esperanza, no el 100 por ciento, pero un 85 por ciento de que los muchachos están vivos. Hemos tenido información directa, la inteligencia comunitaria es muy grande, si los llegaran a matar sería después de esto. Nosotros sabemos a quiénes ya los mataron, porque de ante mano sabemos que hay gente que se defiende, estamos conscientes, por información, que 85 por ciento están vivos”, dice en entrevista.
García Rodríguez indica que la población de Iguala y de otros municipios les proporcionó datos importantes que indican que los jóvenes se encuentran en la sierra de Guerrero.
“Los han utilizado para la cosecha de enervantes, a ellos y a otras víctimas que no son estudiantes y que han sido secuestradas. Esto es muy probable según los datos que tenemos”, dice.
Crisóforo añade: “La violencia generalizada es en todo Guerrero, hay muchas víctimas, secuestros de niños, no sólo mujeres. En Guerrero se practica la esclavitud moderna, estamos pensando que los muchachos están esclavos en la sierra de Filo de Caballo”.
La UPOEG llegó a Iguala el 7 de octubre para emprender la búsqueda en los alrededores del municipio de los jóvenes, pues 17 de los 43 son hijos de miembros de la UPOEG de Costa Chica.
En mes y medio y en brigadas de 200 personas, los comunitarios encontraron alrededor de 32 fosas, algunas con restos antiguos y otros con cadáveres recientes como uno de los últimos hallazgos del 23 de octubre donde encontraron una mochila, lapiceros, una playera de una secundaria técnica, huaraches, zapatillas, zapatos y una cobija en las fosas la Loma del Zapatero, en Iguala.
El domingo pasado miembros de la UPOEG y familiares de personas desaparecidas reportaron el hallazgo de siete fosas clandestinas cerca de la Laguna Tuxpan, en la ciudad de Iguala.
De acuerdo con los reportes unas 70 personas realizaron diversos recorridos por el municipio, en seis fosas se encontraron huesos y cráneos, mientras que en una más, ropa.
Sin embargo, a pesar de que la UPOEG ha buscado fosas durante semanas, los comunitarios y los familiares salen en brigadas con la esperanza de obtener información que los lleve a los estudiantes vivos y secuestrados en algún lugar de la sierra.
La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa no sólo ha movilizado a la organizaciones para su búsqueda en los dos últimos meses.
Manuel Vázquez Quintero, abogado de la policía comunitaria, informa que el lunes pasado la UPOEG decidió conformar comités de Atención a Víctimas en los 42 de 81 municipios donde la Unión de Pueblos tiene presencia, debido a que a raíz del crimen cometido en contra de los estudiantes, cientos de personas se acercan y solicitan ayuda para encontrar a sus desaparecidos.
