En México existen alrededor de nueve millones de personas con algún grado de insuficiencia renal. El 1 por ciento se encuentra en etapas avanzadas que requieren diálisis o hemodiálisis, y los tratamientos se elevan a costos de hasta 200 mil pesos al año. Pacientes refieren que el Estado les ha dado la espalda. Los continuos cambios dentro de los servicios públicos y la reiterada escases de medicamentos son prácticas que vienen desde hace años, refieren. Y con cada deceso, dicen, no se puede evitar la aparición de suspicacias sobre si el objetivo principal de las instituciones públicas es salvar sus vidas.

Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).— Doce pastillas diarias de cuatro fármacos distintos es lo que Gloria Margarita Badillo Guerra tiene que tomar para no perder el riñón que le fue trasplantado desde hace una década. Años de cumplimiento con lo que dicen los médicos hasta que este año estuvo a punto de perderlo por un mal tratamiento en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Margarita se dice afortunada, no todos los pacientes con insuficiencia renal son candidatos a recibir un trasplante, y no todos evitan una lista de espera de 11 mil 300 personas que hoy aguardan por conseguir ese órgano, de acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

La insuficiencia renal crónica se caracteriza por la pérdida en menos de 48 horas de la capacidad de los riñones para eliminar residuos y realizar funciones de equilibro de líquidos y electrólitos. De los cerca de cuatro mil trasplantes que se llevan a cabo en el país cada año, el 80 por ciento son realizados en instituciones públicas, refiere el Cenatra.

A Margarita fue su hermana fue quien le donó uno de sus riñones. Pero los obstáculos para cuidar este órgano empezaron en diciembre. Cuando por diferentes motivos los médicos del Hospital General No. 68 del IMSS, ubicado en el kilómetro 19.5 de la carretera México–Laredo, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, decidieron cambiarle la vía de consumo de uno de los medicamentos utilizados para prevenir el rechazo a los trasplantes de riñón llamado sirolimús.

“A pesar de llevar 10 años de mi trasplante, mi organismo siempre va ocasionar en contra del nuevo riñón. Yo tomaba tabletas y de repente en diciembre me cambian a jarabe. A pesar de que yo siempre he dicho que esa no me hace el mismo efecto”, dijo.

Este proceso hizo que para marzo Margarita presentara una seria descompensación. Los niveles de anticuerpos se elevaron y el rechazo al riñón que le donó su hermana se hizo inminente.

—¿Ante eso qué hicieron los médicos en el IMSS?

—Me cambiaron el medicamento, a uno que toman la mayoría de trasplantados, que se llama tacrolimús. Pero fue un viacrucis conseguirlo.

Este proceso coincidió con que a finales de marzo, en medio una serie quejas de distintos pacientes y trabajadores azotaron al IMSS debido a la disminución de la existencia de 32 fármacos del “Cuadro Básico de Medicamentos”, dicha sede del IMSS negó a los trasplantados durante 20 días el abastecimiento a tacrolimús.

Cada caja de tacrolimús trae 50 tabletas y vale cuatro mil pesos. Eso para alguien que necesita 279 tabletas al mes puede resultar impagable, refiere Margarita, quien se gana la vida vendiendo boletos de la lotería en los alrededores de Tlalpan.

“Y encima es que cuando finalmenteme trajeron el medicamento ya no nos dieron un genérico del laboratorio Pisa, y en cambio nos dieron del Landsteiner. Esto hace que en vez de tomarme dos pastillas al día me tenga que tomar nueve”, explicó.

El cambio de tratamiento farmacológico tampoco hizo que el cuerpo de Margarita aceptara el riñón trasplantado. El Hospital General de la Raza se perfilaba como su mejor opción, hasta que le cerró las puertas, para realizarse un tratamiento llamado plasmaféresis, en el que se extrae la sangre con el fin de separar los glóbulos blancos, rojos y plaquetas del plasma y devolverla al cuerpo.

“Este tratamiento te quita las cosas buenas y malas de la sangre. Las vitaminas todo, se va. Pero me dijeron que no me podían hacer ese tratamiento en La Raza porque mi trasplante no había sido realizado en ese hospital y terminé haciéndomelo en el Hospital Nacional de Nutrición [Salvador Zubirán]”, detalló.

Fueron 11 días los que Margarita estuvo internada en el INNSZ en junio y recuerda que en su momento el pronóstico era reservado. Hoy ya lo único que lamenta es la desatención del IMSS y los aprietos económicos en los que se vio.

“Si bien el Instituto [INNSZ] me recibió, tuve que pagar 9 mil pesos, que no tenía. En vez de recibir el tratamiento en La Raza”, explicó.

A diferencia de Margarita, Susana Herrera, paciente con insuficiencia renal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), en la sede del Hospital Regional Bicentenario en Tultitlán, aún aguarda una oportunidad para poderse trasplantar.

“Yo no tengo donador vivo, sino cadavérico. Hacen pocos trasplantes en el ISSSTE y nunca me tocaría, estoy en una lista de espera, porque el ISSSTE sólo hace trasplantes en el Hospital 20 de noviembre y en el Primero de Octubre”, explicó. Por esta razón ha buscado ayuda en el Centro Estatal de Trasplante de San Luis Potosí.

Los problemas de Herrera empezaron en el 2009 con presión alta y dolores de cabeza, hasta que las pruebas refirieron que sus riñones no estaban trabajando y tres años después en diciembre del 2012 inició con hemodiálisis.

El tratamiento requiere que Susana se someta tres horas, tres días de su semana a un proceso invasivo que opera a nivel del corazón. Este consiste en eliminar las sustancias nocivas de la sangre, a causa de la insuficiencia renal, a través de una máquina.

“Hay veces que el cuerpo no está para aguantar y se pone mal durante la sesión. Y el médico no tiene autorización legal para proceder si un familiar no avisa, eso conlleva a que siempre nos tenga que acompañar un familiar”, se lamentó.

—¿Qué sucede en la sección de hemodiálisis?

—Hacen falta médicos. No hay quien nos atienda. Hace un año y medio que llegó un médico, no es nefrólogo, es internista, a partir de ahí se han muerto siete personas.

—¿Qué han hecho ustedes al respecto?

—Nos dicen que no hay presupuesto para más. Pero las enfermeras son las que toman las decisiones principalmente. Hasta hace un mes y medio pusieron una nefróloga, pero en el área de urgencias. O sea que no siempre nos atiende.

—¿Y les dan medicamentos?

—Si necesitamos nos dan en la Clínica Familiar, pero lo tiene que recetar un especialista, y ha habido citas que tardan hasta un año. A mi me toca en la clínica en Tlalnepantla. El medicamento llega los jueves, y el viernes ya no hay.

Proyecciones recopiladas por un informe del Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (Cenetec) refieren que para el año 2025 habrá cerca de 212 mil casos y alrededor de 160 mil muertes relacionadas a dicha enfermedad.

De acuerdo con estudios, la mortalidad es de 6.3 a 8.2 veces mayor en pacientes con diálisis al compararse con el resto de la población. Y datos del Inegi refieren que la Insuficiencia Renal Crónica es la quinta causa de muerte de los mexicanos.

Las aseguradoras también han detectado un incremento en los casos de insuficiencia renal en los últimos cinco años. GNP Seguros lanzó un reporte en marzo en el cual aseguró que del 2013 al 2014 el número de pacientes incrementó 15 por ciento. En ese mismo tiempo, los tratamientos ascendieron a 370 millones de pesos, con un promedio anual de 180 mil pesos por caso.

Esta situación está relacionada con la falta de detección temprana. Un estudio del IMSS realizado el año pasado tomó una muestra en 218 pacientes. Se determinó que el 34.4 por ciento se encontraba ya en un estadio avanzado de la enfermedad.

“De estos el 28.9 por ciento estaba en estadio III, 5 por ciento en estadio IV y sólo 0.4 por ciento en estadio V, lo que corrobora el mal uso de las medidas preventivas y de diagnóstico oportuno de estas enfermedades crónico-degenerativas, con alta prevalencia en México”, citó el estudio.

El investigador adscrito al Hospital de Especialidades del IMSS Jalisco, Alfredo Cueto Manzano, dijo recientemente a la agencia de noticias Notimex que el 70 por ciento de los casos se asocia con la diabetes e hipertensión arterial. Además, otros factores para el desarrollo de la enfermedad son la obesidad, tabaquismo y la edad, dado que esta patología suele expresarse con mayor potencial en personas mayores de 50 años.

SUBROGACIÓN DE SERVICIOS

En el informe 2014–2015 del IMSS, el capitulo 11 da cuentea sobre la subrogación de servicios, entre ellos los de diálisis y hemodiálisis.

La institución subroga desde el 2008. Y el Censo de Pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (CIRC) refirió que el año pasado hubo 58 mil pacientes que pagaron por terapias sustitutivas, de los cuales 15 mil fueron por diálisis peritoneal automatizada; 19 mil por diálisis peritoneal continua ambulatoria; 11 mil por hemodiálisis interna y 13 mil por hemodiálisis subrogada.

“El IMSS de alguna forma se está privatizando porque eran servicios que antes daban en casa y ahora se hacen por afuera. Llenando los bolsillos de quienes los operan”, dijo José Arturo Calva Pérez, fundador de la Coordinadora Nacional en Defensa de los Derechos Humanos de los Trabajadores Activos y Jubilados del Seguro Social.

Los mecanismos a través de los cuales se está dando esta privatización, de acuerdo con la especialista, son varios. Uno de ellos, por ejemplo, es la subrogación de servicios a empresas privadas, como ha ocurrido con los servicios de hemodiálisis para pacientes del IMSS con insuficiencia renal crónica.

“Este el caso del director del Hospital General del Centro Médico Nacional “La Raza”, Jaime Zaldívar Cervera, que puso consultorios para hemodiálisis en Satélite y la otra enfrente del Edificio Madero del Seguro Social, ahí es donde hace hemodiálisis a los pacientes”, denunció Calva.

Estimaciones indican que los problemas de insuficiencia renal ascienden a 10 mil millones de pesos para el Estado. Calva sostiene que estos costos se podrían reducir si se reducen las subrogaciones por parte del IMSS, que en hemodiálisis rondan en el 22 por ciento.