MONTERREY, NL. “Ten paciencia, mi hijo, ya todos saben que eres inocente y vas a salir el lunes 20 de febrero”, le dijo José Guadalupe Pedraza Lara a su hijo Eduardo Natividad en el patio central del pabellón Delta del Penal de Apodaca. Angustiado el joven de 18 años, le contestó: “Sácame Papá, nos van a matar. Nos han dicho que nos van a matar. Los del ‘Coca’ se van fugar y antes de irse, nos van a matar”.
José Guadalupe salió del penal con la angustia en el cuerpo, pero con la esperanza de que el lunes su hijo, preso por un “error” de la Marina Armada de México, estaría libre, luego de tres meses de infierno.
Regresó a Reynosa e inmediatamente se fue a trabajar a San Fernando, Tamaulipas. En la noche siguiente. Una llamada durante la madrugada lo despertó. Era Reina, su esposa: “Dicen en las noticias que en el penal hubo una riña entre bandas rivales”. Él intentó tranquilizarla: “No te preocupes, Eduardo no pertenece a ninguna banda, seguro que está bien. Pero si te quieres ir a Monterrey para estar más tranquila, vete en camión y después me cuentas”.
Reina fue una de los cientos de familiares congregados en el Penal de Apodaca. Durante 10 horas, todos sabían que había muertos pero el gobierno retrasaba la lista. A las siete de la tarde el teléfono de José Guadalupe volvió a sonar. El mundo se le cayó encima. Salió a la carretera y pidió un aventón. Nadie paraba en la carretera de la muerte. Decidió caminar por la cuneta, hasta que después de una hora un trailer se detuvo y aceptó llevarlo a Reynosa. Al llegar a su casa vio a su hermano. Lo estaba esperando para hacer el viaje más difícil de su vida.
“Esta es la fotografía. ¿Lo identifica?”, le dice una representante de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, sentada afuera del Anfiteatro del Hospital Universitario frente a una computadora portátil que guarda las fotos de los reos asesinados. José Guadalupe no tiene expresión en el rostro. Está congelado por el dolor. Lo ve de reojo. Cierra sus ojos, no quiere seguir mirando. Los abre. Sus pupilas se inundan. Silencio. Segundos. Minutos. Articula la primera palabra: “Sí…”. No puede hablar. La voz se quiebra en la siguiente frase: “No sé, parece que es Eduardo, pero está muy desfigurado”. La funcionaria le muestra una foto del cuerpo. Una cicatriz en el estómago de una vieja operación le confirma lo peor. Otra vez silencio. Llora y atraganta las palabras: “Sí… es mi hijo”.
Desorientado vuelve la cabeza. No sabe qué hacer. Cae derrumbado en una silla con la mirada perdida. Otra funcionaria se le acerca y le dice: “Pásele a la oficina para hacer los trámites”. Entra al Servicio Médico Forense. En el mostrador hay un montón de gente en su misma circunstancia. Los empleados no dan abasto. Permanece atrás, inmóvil, sin lágrimas, sin expresión.
Le digo que soy periodista, le pregunto qué paso. Me mira y suelta la primera frase: “Mi hijo salía libre hoy a las 11 de la mañana”. No puede evitarlo. Llora sin hacer ruido, lloramos juntos. Lo abrazo. ¿Cómo se consuela a un padre destrozado por la pérdida de su hijo?… ¿Cómo narrar tanto dolor, tanta matanza, tanta barbarie?
Se repone y dice: “En lugar de entregarme a mi hijo, me entregan su cadáver con la cara desfigurada. Lo mataron a golpes, con mucha saña. Lo desfiguraron a patadas o palos, quién sabe. Dicen que fue una riña entre “bandas rivales”. Y no hay ni un herido. Es mentira. Los ejecutaron. Fue una matanza”.
Me cuenta su historia. Hace 15 días Eduardo Natividad iba a ser liberado, pero la falta de una firma retraso su entrega. Cosas del destino o mejor dicho, cosas del pésimo sistema judicial que existe en México. Luchó para demostrar la inocencia de su hijo y de nada sirvió. Cualquier abogado le pedía 150 mil pesos para liberarlo.
El pasado 1 de noviembre, miembros de la Marina arribaron a su casa ubicada en la Colonia Los Fresnos de Reynosa, Tamaulipas, y sacaron a su hijo de la cama: “Eran las siete y media de la mañana. Dijeron que eran de la Marina Armada de México, que la camioneta que estaba afuera era robada. Yo les dije que era mía, pero sin hacer caso se llevaron a mi hijo y el vehículo. Les pregunté que a dónde se lo llevaban y me dijeron que a la PGR, pero me echaron mentiras, se lo trajeron a Monterrey. Luego me enteré que dijeron que lo habían agarrado en China, Nuevo León. Imagínese. Mi hijo me contó que los marinos lo torturaron, le obligaron a agarrar una arma y lo amenazaron. Le preguntaban por su jefe. Él no entendía nada, les explicaba que él no tenía jefe. Le dijeron que si no declaraba que era narco lo iban a matar y le iban a poner un cartelón en el pecho”.
Desde ese día, la Marina se quedó con su camioneta a pesar de que él mostró la factura que lo acredita como dueño. Su hijo ingresó al Penal de Apodaca y cómo era de Reynosa lo pusieron en el pabellón Delta: “Él no se metía con nadie. Estaba desesperado. Allí adentro es un desastre. No hay control de la autoridad. Y uno es gente trabajadora, gente de bien”.
José Guadalupe es trailero, su hijo trabajaba con él, siempre lo acompañaba y dice que todo fue producto de un error lamentable. Luego los marinos se negaron a declarar y eso ayudó para que su hijo no tuviera ningún cargo: “El problema entonces fue para sacarlo. Me cobraban mucho. Y eso que era inocente. El defensor de oficio me dijo que en un mes, dos meses, salía libre. Y así me trajeron. Vine como 20 veces a Monterrey. Anduve luchando por él. Le dije: “Aguanta mi hijo, ya te voy a sacar, ya está comprobado que eres inocente… Y me lo mataron”.
De pronto, el grito de una niña lo estremece. Sale apresurado de la oficina y ve a su hija de 12 años llorando a gritos cuando su madre le da la noticia: “Mi hermano no, mi hermano no”. Su tía la trajo desde Reynosa. La abraza, le acaricia la cabeza, la consuela: “Nos lo mataron, mi hija, nos mataron a tu hermano”. Indignado, se ahoga en un grito profundo: “Mi hijo era inocente, iba a salir hoy”.
Una mujer se acerca. Dice que también perdió a su hijo: “Asesinaron a los que iban a salir”. Una psicóloga del Desarrollo Integral de la Familia se acerca para ofrecerle “acompañamiento e intervención en crisis”. Ella no escucha y comenta: “Usted que es periodista, cuente toda la verdad. Mataron a mi hijo, iba a salir mañana martes 21 de febrero. El del señor salía hoy. ¿Por qué los mataron? Los tenían secuestrados. Todo mundo sabía que se iban a fugar y que iba haber una matanza, aunque me maten, voy a decir la verdad”.
Su hijo se llamaba José y cuenta que cada semana tenía que pagar 800 pesos al grupo de Los Zetas que controlaba el Penal de Apodaca; algo, dice, que era conocido por los funcionarios de la prisión y las autoridades de justicia del estado. Todos estaban de acuerdo: “Me lo dejaban ver sólo 15 minutos. Los custodios, el director, todos estaban de acuerdo”, cuenta sin querer dar su nombre por estar amenazada.
Está inconsolable. Otra psicóloga se acerca y le comenta que viene a despedirse: “Por mi parte, sería todo. Le vamos a dar oportunidad a que siga con su proceso. Cualquier cosa, aquí estamos. Mañana me comunicó con usted para ver lo de la terapia psicológica gratuita”. Ella tiene la mirada perdida. Permanece en silencio.
LA EVASIÓN…
Era la una de la mañana del domingo 19 de febrero, cuando el grupo de Los Zetas liderado por Oscar Manuel “N”, identificado como “La Araña” dio la orden de empezar a saltar con la ayuda de cuerdas desde una de las torres de vigilancia. El jefe en turno suspendió los rondines, por lo cuál no hubo ningún problema para consumar la fuga.
En otra área del penal, el resto de los reos estaban en sus celdas correspondientes. En el edificio Delta se empezaron a escuchar gritos. Los celadores dieron las llaves a otro grupo de Los Zetas que controla la cárcel para que fueran celda por celda ejecutando “golfos”, presos pertenecientes presuntamente al Cártel del Golfo.
Las víctimas fueron elegidas con antelación, algunos de ellos sin tener pertenencia a dicho grupo de la delincuencia organizada, sólo por ser originarios de Tamaulipas y de otras zonas de Nuevo León y el resto del país donde opera el Cártel del Golfo. O bien, sólo por haber sido detenidos por las fuerzas de seguridad del estado y acusados por colaboración con crimen organizado. El 40% de los reos en este penal no está sentenciado. Así que no se les puede considerar criminales. Para las tres de la mañana ya habían terminado la masacre. Con palos, fierros, hachas, navajas… se consuma la matanza de los 44 reos. A las 3:15 de la madrugada las autoridades penitenciarias informan al estado que hubo una riña entre bandas rivales.
La historia de esta fuga anunciada puede reconstruirse a través de los testimonios de las víctimas, de las familias de los presos y de la versión del gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz.
Desde hace más de un año, distintos reportajes habían denunciado que el narco controlaba los penales: en el de Topo Chico y el Cereso de Apodaca, Los Zetas, y en el de Cadereyta, el Cártel del Golfo. El pabellón Delta tiene su propia historia de conflictos y crímenes. En mayo del año pasado, todo mundo sabía que iba a haber una matanza. Como ahora, los directivos penitenciarios y los celadores la permitieron. Durante el día fueron eligiendo a las víctimas y las llevaron al pabellón psiquiátrico. En la noche los golpearon con palos y fierros. Esperaron hasta la madrugada para quemarlos vivos. Todos sabían lo que iba a pasar, incluso el diácono de la Pastoral Penitenciaria les dio la extremaunción. Nadie hizo nada para impedirlo.
Esta vez fue igual. Lo sabían e imperó la ley de la cárcel: ver y callar. La noche del sábado 18 de febrero todo aparentaba ser normal, pero los directivos y celadores ya estaban de acuerdo con los reos que iban a fugarse. Ninguna autoridad penitenciaria dio aviso sobre los hechos. Fue hasta 15 ó 20 horas después, cuando pasaron lista, que el gobierno del estado se percató de la evasión de los reos.
MEJOR DENTRO QUE FUERA
El mariachi entra con frecuencia a la prisión de Apodaca como si se tratara de un salón de eventos. En el patio la fiesta incluye whisky, tequila, ron y carne asada. Las mujeres que ofrecen sexo comercial fueron introducidas unas horas antes y atienden la demanda de los internos agrupados en Los Zetas, que controlan desde hace tiempo esta cárcel. Las orgías son frecuentes y también los abusos.
Dividida en cuatro módulos, esta prisión fue considerada en su momento como una de las más modernas de México. Eso ya pasó. Ahora es una de las más infames e impunes. Al entrar el color de las paredes pintadas de beige y verde claro se queda en la retina. Las celadoras revisan minuciosamente los cuerpos de las mujeres que entran para visitar a sus hijos o parejas. Los pasillos que conducen al Delta están cubiertos de alambradas. En el patio central hay negocios de comida preparada, verdura y fruta. La vida cotidiana de esta prisión funciona bajo los parámetros de los de la letra. Nada se escapa a sus manos. Son ellos los que dominan el trasiego de dinero, droga, sexo y violencia. La comida que se vende dentro, las tarjetas para celulares que aquí cuestan el doble. El gran negocio, sin embargo, es la extorsión. Los familiares de cada preso tienen que pagar una “cuota” para evitar las palizas y la tortura.
Los Zetas son los amos y señores. Son ellos los que quitan y ponen los directivos del penal. El último, en mayo del año pasado, Gerónimo Miguel Andrés Martínez, un hombre seriamente cuestionado por su pasado delictivo y que “aprobó todas y cada una de las pruebas de confianza”, según informó el gobierno de Rodrigo Medina.
A cada reo recién llegado le daban su “calentadita”, es decir, su bienvenida a base de golpes y tortura. Para empezar se les exige a sus familiares un pago fuerte que va desde los 20 mil hasta los 100 mil pesos, de acuerdo con las posibilidades de cada quien.
Emma Becerra, tía de Francisco Prado Becerra de 23 años, quien iba a quedar libre el 28 de febrero, cuenta que la situación en el penal de Apodaca era cada día peor: “Los tenían secuestrados, los golpeaban si no les dábamos dinero. Un custodio al que le dicen “El Caballo” le exigió a mi hermana 100 mil pesos, pero como no tenía dinero le entregó los papeles de la troca (camioneta) que le había costado 95 mil pesos. Cada 15 días que veníamos a verlo teníamos que traerles dinero. Primero empezaron con cinco mil pesos, y últimamente nos quitaban mil pesos. Nos decían que eran para los de la letra, pero custodios y los otros son lo mismo. La dejaban verlo 15 minutos y siempre con alguien al lado para escuchar lo que platicaban”.
Son de China, Nuevo León, está vestida de negro, acompaña a su hermana, la madre de Francisco que hace los arreglos del funeral. Cuenta que su sobrino llevaba cuatro meses preso. Trabajaba en Estados Unidos y había venido a renovar su visa. El Ejército entró a la casa el 12 de octubre. “Luego dijeron que lo agarraron en la calle en un auto sospechoso con droga. La casa la hicieron garras, se robaron todo, ropa, zapatos, las cafeteras, los abanicos…”
Insiste, como otros familiares de víctimas, que lo ocurrido en el penal no fue una riña, sino una matanza: “Ya lo tenían planeado. Ya le había dicho a su mamá que los iban a matar para distraer el tema de la fuga. Que estaban amenazados. ¿Por qué tenían armas adentro? Porque custodios y los de la letra son los mismos. Mi sobrino ya iba a salir. Teníamos mucha ilusión. Lo he visto en la foto. Tiene el cráneo partido con una hacha y su cara echa garras”.
Las empleadas del registro civil solicitan las actas de nacimiento, pero la gente que viene de fuera no trae documentos. El hermano de Mario Reynold Arizpe Garza de General Bravo, Nuevo León, comenta que tenía dos meses preso y su hijo Omar González Barbosa un año. Ambos fueron asesinados. Está frente a las computadoras. Ve las fotos y se impresiona. Llora. Se repone y dice: “Están todos golpeados, rajados. A unos les sacaron los ojos. Todos sabían que esto iba a pasar y nadie hizo nada. Es pura corrupción. Yo pido que se esclarezca, que haya justicia”.
Cuando el año pasado fueron quemados vivos 14 reos encerrados en el pabellón psiquiátrico de la misma prisión, Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, alertó de que iba a ocurrir una tragedia mayor porque el estado ya no tiene el control de ninguno de los tres penales que existen en Nuevo León: “Dicen que esto fue una riña y si fuera así, sería un intercambio de agresión, pero aquí no hay ningún herido. ¿Entonces? Eso nos remite a saber que en el edificio Coca la mitad de los internos son Zetas y en el Delta todos son celdas individualizadas. El que hayan podido trasladarse de un ambulatorio a otro fue con la anuencia de las autoridades. No perdieron la vida, se las arrebataron. Fueron celda por celda ejecutando”.
UNIVERSIDADES DEL DELITO
Han pasado tres días de la matanza en el penal de Apodaca. Los familiares de los reos hacen guaridas para evitar que los trasladen, aunque los primeros cambios ya se dieron. Tres de los más peligrosos capos Zetas fueron enviados a la prisión de Puente Grande en Jalisco: Marco de León Quiroga y/o José Andrés Mireles Quiroz, alias “El gordo” o “El comandante Chabelo”, Mario Andrés Alcorta Ríos, alias “El Junior” y Jorge Francisco Gámiz Vega, alias “El extraño”. El gobierno ya anunció que trasladará a 400 presos del fuero federal a otras prisiones del país.
Los familiares se muestran descontentos, inquietos, porque dicen que eso provocaría nuevas matanzas: “Si los mandan a Cadereyta los van a matar porque esa cárcel esta controlada por el Golfo”, dice la mamá de un joven reo que se niega a dar su nombre.
El penal de Apodaca tiene una sobrepoblación de 80 por ciento. El hacinamiento ha provocado todo tipo de problemas. Las cárceles se han convertido en “Universidades del delito”, dice Maricela Álvarez mientras come una paleta de dulce. Su hijo está en el Delta, justo en la tercera celda y el día de la matanza dice que le avisaron que se encerrara.
“Mi hijo en su vida había estado tatuado o había agarrado un arma. Lo hicieron que fumara droga. Lo amenazaron: le entras o le entras. Luego lo tatuaron a la mala, le pusieron la clave del Cereso de Apodaca, el símbolo de Los Zetas para que cuando los agarren otra vez lo linchen”. Marcela lleva tres días plantada a las afueras del penal. Ya pudo ver a su hijo: “Está todo golpeado. Dice que entraron los policías de “Fuerza Civil” la nueva policía de Nuevo León y los federales, y que les robaron todo y los golpearon”.
No hay readaptación posible bajo estas circunstancias. Las mujeres van ingresando al penal. Esta vez, no les permiten introducir alimentos, ni nada, así que le dejan todo a Juanito, un señor cuyo trabajo consiste en “cuidar cosas”.
Una mujer que se identifica como Sandra, de 25 años, sale del penal exultante y se dirige al grupo de mujeres que esperan la hora para entrar a la visita de los reos: “Mataron puro pinche Golfo, madres, no se preocupen”.
Lleva las cejas y los labios tatuados, va vestida de negro y al enterarse de que soy periodista pide que cuente “la verdad”: “Todo quedó igual, ya están otra vez controlando los mismos. Un “Laredo” (miembro de Los Zetas) me ofreció cinco mil pesos. Me dijo: “Tengo como 100 mil guardados, madre, llévate este dinero. Es para que les des a los güercos, para que que no tengas problemas”.
Cuenta que su esposo “cayó” hace casi dos años y que tiene tres niños que mantener, pero “los de la letra” les ayudan: “El dinero que ellos obtienen es para beneficio de todos. Aquí me quedé desde el domingo, pura gastadera. Ellos saben, por eso reparten. Mi marido anda golpeado. Le quitaron el cinto y se le andan cayendo los pantalones. No me iban a permitir verlo, siendo que ya estaba en el pasillo y de allí me lo regresaron. Pero yo les hice un pedo y les dije: “Chinguen a su madre cabrones, si me lo trasladan se van a arrepentir pinches culeros, hijos de la chingada, putos. ¿Cuando se van a enterar de quién manda aquí?… ¡Pendejos!”.
