Ciudad de México, 27 de feb (SinEmbargo).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) al detectar un probable daño al patrimonio de Pemex Exploración y Producción, por el pago indebido de la movilización de una plataforma de perforación marina que supuestamente se encontraba en Emiratos Árabes Unidos, pero que en realidad estaba en el Golfo de México.

El órgano superior de fiscalización presentó dicha denuncia “contra quien resulte responsable de los actos u omisiones posiblemente constitutivos de delito”, por el pago innecesario de 108 millones 124 mil 837 pesos (equivalentes a 9 millones 153 mil 38 dólares) que se pagaron por la movilización de una plataforma que ya se encontraba en aguas mexicanas.

El 26 de octubre de 2010, Pemex instrumentó una licitación pública para el arrendamiento de tres plataformas de perforación marina autoelevables para operar en el Golfo de México, con el propósito de realizar la perforación, terminación y reparación de pozos localizados en las estructuras TET-Akal-TR y TET-Akal-TB, del activo integral Cantarell.

Resultado de la licitación pública, Pemex adjudicó tres contratos, uno de ellos fue formalizado el 1 de marzo de 2011 y asignado en forma conjunta a dos empresas que nombraron un representante común que actuaría como Operadora, señala la auditoría financiera y de cumplimiento número 11-1-18T4L-02-0175 DE-163, según informó la ASF en el Resultado de la Cuenta Pública 2011.

Operadora está formada por Industrial de Servicios & Outsourcing, SA de CV y Firstdrill Limited.

El contrato con número 421001802 estipulaba el “Arrendamiento sin opción a compra, de una plataforma de perforación marina autoelevable tipo cantiliver de patas independientes, con capacidad mínima nominal para operar en tirante de agua de al menos 300 pies, con capacidad de perforación mínima de 25,000 pies, así como su mantenimiento integral para operar en aguas mexicanas del Golfo de México”, según se lee en el apartado Proceso Licitatorio de la auditoría antes citada.

Para la prestación del servicio –sigue el texto–, la Operadora propuso la plataforma “Hull-110”, la cual se encontraba en construcción en el astillero ubicado en Port Khalid Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos.

Hasta ahí todo iba bien, sin embargo, el representante común de las empresas contratadas solicitó la sustitución de la plataforma “Hull-110”, por la plataforma “Menadrill I”. Precisaron para el 9 de marzo de 2011, que la primera plataforma todavía se encontraba en construcción y la segunda se encontraba ubicada en aguas del Golfo de México.

Para el 6 de abril de 2011, Pemex Exploración y Producción aprobó la sustitución, a pesar de que la plataforma “Menadrill I” fue considerada no apta para los criterios técnicos pactados en el contrato.

Sin embargo, el hecho que llamó la atención de la Auditoría Superior de la Federación y por la cual interpuso la denuncia de hechos, se realizó el 23 de junio de 2011, día en que la Gerencia de Tesorería de Petróleos Mexicanos pagó la cantidad de 108 millones 124 mil 837 pesos a las empresas a las que se les adjudicó el contrato por la movilización de la plataforma que ya se encontraba en el Golfo de México.

Es decir, Pemex pagó por un servicio que nunca se realizó, pues la plataforma “Menadrill I” no fue movilizada desde Emiratos Árabes Unidos, porque ya se encontraba ubicada en el Golfo de México.

En el texto contenido en el Resultado de la Cuenta Pública 2011, la ASF señaló que “para autorizar el pago de referencia, la Gerencia de Perforación y Mantenimiento de Pozos, División Marina de PEP, se basó en la opinión de la Gerencia Jurídica de Exploración y Producción de Pemex”, quien concluyó que al proveedor le asistía el derecho de pago por movilización.

Esto se corrobora en los oficios OAG/GJEP/SSJRM/JALC/2228/2011 y OAG/GJEP/SSJRM/JALC/2405/2011 del 10 de mayo de 2011.

La Auditoría Superior de la Federación determinó en su Pliego de Observaciones relativo a esta auditoría, que es posible la recuperación total de los 108,124.miles de pesos al erario.

OTRAS IRREGULARIDADES

La plataforma “Menadrill I” inició trabajos el 3 de mayo de 2011, con un retraso de 51 días, respecto a la fecha pactada, que originalmente era el 14 de marzo, según consta en el “Acta de inicio al arrendamiento del contrato”.

La Auditoría Superior de la Federación refirió que por este hecho, la Superintendencia de Servicios Integrales, de la Subgerencia de servicios por Contrato de PEP, impuso un sanción de 5 millones 196 mil 400 dólares, como penalización por el retraso de 51 días en el inicio del arrendamiento de la plataforma autoelevable.

Sin embargo, la empresa promovió un amparo indirecto, con número 523/2011-III-A.

La ASF informó que para julio de 2012, fecha de la conclusión de la revisión de la cuenta pública 2011, la empresa contratada había evadido el pago de las penalizaciones, con el argumento de que no se habían cumplido sus garantías de audiencia en la notificación de las penas convencionales.

En otra irregularidad, el ente fiscalizador detectó que en las bases de la licitación no se incluyeron elementos para acreditar la capacitad financiera de los licitantes, por lo que este aspecto no se tomó en cuenta.

En visita domiciliaria realizada el 29 de junio del 2012, la ASF observó que la empresa operadora de la plataforma carecía de capacidad financiera para afrontar posibles eventualidades.

Informó que la empresa operadora y representante común en el contrato, se constituyó en 2004 con 50 millones de capital social, al 31 de diciembre de 2011, presentó pérdidas por 44 millones 618 mil pesos, y a esa fecha sus pasivos superaban a sus activos en 39 millones 236 mil pesos

OPACIDAD EN PEMEX

Quien fuera Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados en el periodo 2009-2012, Esthela Damián Peralta, consideró a la opacidad en Pemex como el principal enemigo a vencer, para fomentar la rendición de cuentas en la paraestatal.

“Me parece que lo primero que tenemos que reclamar es transparencia, no pueden quedarse con elementos, contratos o convenios que solo ellos conozcan. Y esto te hace suponer que las cosas no necesariamente están bien hechas”, señaló la ex Presidenta de la Comisión en la LXI Legislatura.

Indicó que cuando estuvo al frente del órgano legislativo fiscalizador, el principal problema al que se enfrentó a la hora de revisar las cuentas de Pemex, fue la adjudicación directa que realiza la paraestatal para contratar servicios.

“Lo que para otra entidad es una licitación pública, para ellos, por los montos que manejan, son adjudicaciones directas y estos asuntos se prestan para ver actos específicos de corrupción, en donde bueno, a quien me cae bien yo le entrego un contrato, a quien no me cae bien nunca le doy ninguno, más allá de que te otorgue el mejor precio, la mejor calidad o el mejor servicio”, agregó la legisladora perredista que actualmente es diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Por su parte, el Diputado Carlos Augusto Morales, integrante de la Comisión de Presupuesto en la actual legislatura, se pronunció por sancionar a los servidores públicos que entregan contratos de Pemex de manera ilegal o preferencial.

“Significa un saqueo multimillonario a esta empresa”, dijo el legislador perredista y agregó “Tiene que haber sanciones penales fuertes, no solamente al contratista, sino a los funcionarios que están haciendo entrega de este tipo de contratos”.