El documental Exportaciones Mortales revela que un documento de 2006 exhibe que el estado de Chiapas aparece como receptor de armas de la empresa alemana Heckler & Koch, lo cual estaba prohibido. Además refiere que en 2010, cuando ya existían averiguaciones en contra de esa firma, el Ministerio de Economía de ese país incluyó en su lista de estados “negativos” a: Aguascalientes, Baja California, Durango, México, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
SEGUNDA PARTE
Por Rosalba Ramírez García
Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo/ElSur).- A partir de que en Guerrero se utilizaron las armas alemanas Heckler & Koch (H&K) para cometer crímenes y violaciones a los derechos humanos como los asesinatos de normalistas rurales de Ayotzinapa, en Alemania, activistas y defensores de derechos humanos se movieron para exigir que se paren las exportaciones ilegales e investigar y sancionar a los responsables.
En el país europeo se han escrito libros y realizado películas sobre las exportaciones de armas de alto alcance a países y zonas donde ocurren graves violaciones a los derechos humanos cometidas por policías y militares, lo que hace que es ilegal.
En el documental Exportaciones Mortales, del cineasta alemán Daniel Harrich, aparece el comisionado de Derechos Humanos del gobierno federal alemán, Christoph Strasser, que responde a la pregunta de los entrevistadores respecto a la venta del fusil alemán G36 en México: “de manera no oficial te digo que está de la fregada. Quizás algunos puedan entender, no es diplomático ni políticamente correcto decirlo pero así es de terrible”.
Y consideró que fue un error permitir la exportación del arma a un país en conflicto como México.
El abogado Tubingen Holger Rotbauer que desde hace varios años se ocupa del caso Heckler & Koch ha denunciado a la compañía por sospecha de exportación ilegal de armas, además ha defendido al ex representante desertor de la empresa que proporcionó información que ha permitido conocer cómo se vendieron armas prohibidas.
El informante y desertor de la empresa le reportó al abogado sobre un tipo de fiestas que se llevaban a cabo en México “donde militares con altas condecoraciones y policías de alta jerarquía recibían halagos extremos y donde fluían pagos en efectivo. Una vez recibió [el informante] un sobre con dinero y le preguntó a su colega: ‘¿qué hay aquí?’ ‘¿qué hacen?’ ‘¿qué es esto?’. – ‘Así es aquí. Es la costumbre en estos negocios’, le respondió”.
Desde abril de 2010 H&K se encuentra en la mira de las agencias de investigación. Pero sólo ocho meses después de la denuncia se realizó el primer cateo en las oficinas de la compañía en Oberndorf, supuestamente a partir de ese momento no tendrían permitido exportar armas a México.
La compañía impugnó la acusación y se refirió a la acción en su contra como una campaña de desprestigio por parte del activista Jürgen Grässlin.
El activista es autor del libro “La red de la muerte” y ha denunciado el comercio ilegal de armas que realiza la empresa a diferentes partes del mundo, sin importar que sean utilizadas en zonas en conflicto donde ocurren violaciones graves a los derechos humanos. Desde hace más de 30 años lucha contra la exportación de ese armamento desde Alemania y se ha mantenido en el centro de la demanda que también tienen otras organizaciones de ese país.
Con su denuncia, el activista pretendía “desenmascarar a H&K y a su gerencia y mostrar que están implicados en el tráfico ilegal de armas”.
Jürgen Grässlin ha denunciado en Alemania que la compañía procedía de forma ilegal, la cual tenía estrechas conexiones con las dependencias de gobierno, con la oficina federal de exportaciones y el Ministerio federal de Economía. “Con toda la política en sí”.
El 6 se noviembre pasado, la Fiscalía de Stuttgart, Alemania, presentó cargos contra seis directivos de la empresa armamentística Heckler & Koch, cuyas armas fueron utilizadas en los ataques a los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014, informó la agencia de noticias EFE.
En un comunicado, la Fiscalía de Stuttgart precisó que las seis personas que se desempeñaban con cargos directivos, representantes de ventas en México y una empleada de la filial, son acusadas por los delitos contra la ley de control de armas de guerra y contra la legislación que regula el comercio exterior.
A los seis empleados se les acusa de que entre 2006 y 2009 permitieron de manera consciente, que armas y sus accesorios, cuya venta autorizó el gobierno alemán para ciertos estados mexicanos, acabaran en otros lugares con problemas de violencia, como Guerrero.
En el documental aparece que el entonces empleado de la empresa, Markus B., cuestionó a la Embajada alemana en México, al comisionado de Economía y el agregado militar sobre las prohibiciones, “quería saber si había alguna anomalía, prohibición o cualquier inconveniente”, pero sus dudas no tuvieron respuesta y por el contrario, intentaron cooptarlo, fui invitado “con frecuencia a su casa” [a la del Embajador].
El desertor de la empresa e informante anónimo fue una pieza clave del Ministerio Público porque sus declaraciones incriminan fuertemente a la gerencia de la empresa, aunque muchas de ellas no se precisan.
La compañía H&K se defendió a su manera, y despidió al jefe de ventas, su secretaria y el representante en México y dijeron que ellos fueron los responsables de la venta ilegal de armas a México, pero en el país fue evidente que los trabajadores despedidos son chivos expiatorios, “simplemente no me puedo imaginar que sin la ayuda de las autoridades ellos solos pudieran haber hecho negocios así”, subrayó Markus B.
Sin embargo, la fiscalía alemana no investiga a ningún miembro del gobierno, a pesar de que los permisos de exportación fueron autorizados por los ministerios de Economía y de Defensa, aún con la negativa de Asuntos Exteriores que avizoró lo que finalmente pasó.
Tampoco se investiga a representantes alemanes de la Embajada en México, la cual “promueve los intereses de los productores alemanes de armas”, mucho menos hay seguimiento al destino y uso de las armas.
Documentos consultados por los periodistas alemanes que trabajaron en la investigación para el documental Exportaciones Mortales muestran las estrechas relaciones entre H&K y los ministerios a lo largo de los años, por ejemplo, un régimen especial que permite a H&K la entrega de refacciones sin la autorización específica, correos electrónicos del 3 de diciembre de 2007 entre el Misterio de Economía y la oficina federal de exportaciones mencionan la norma LEX H&K y se cita: “sería mejor no anunciar al público esta decisión única sobre H&K”.
Otro ejemplo es un documento de 2006 donde el estado de Chiapas que está en crisis aparece nuevamente como receptor de armas. El asunto prácticamente se resuelve con una disculpa desde Oberndorf y una segunda desde México, donde se aclara que fue un mero error administrativo.
En 2010 cuando ya existían averiguaciones en contra de H&K, el Ministerio de Economía informó a la empresa en mayo sobre otros 10 estados “negativos”: Aguascalientes, Baja California, Durango, México, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.
En el documental de Daniel Harrich se expone que hasta el control de los suministros parece haber fallado completamente, mientras la lista de control de exportación de armamento del gobierno alemán reporta una autorización de hasta 8 mil 710 armas de asalto a México, los mexicanos confirman la recepción de 9 mil 652 G36.
Por lo menos la mitad fueron vendidas a estados federales prohibidos. A Chiapas 561, Chihuahua 2 mil 113, Guerrero mil 924 de 2006 a 2009, Jalisco 198 y Oaxaca 114.
Otra lista de suministro dice que fueron 19 mil 471 fusiles.
