La auditoría del gobierno del estado se produce después de que se ha suspendido la compra de publicidad estatal al portal Zona Franca y de que se han detectado llamadas a otros clientes de Fábrica de Contenidos para pedirles que dejen de anunciarse.
Artículo 19 emitió una alerta y exigió al Gobierno de Guanajuato y su coordinación de comunicación social dejar de obstaculizar el libre flujo de información a través del “uso desviado del poder público”.
Guanajuato/Ciudad de México, 27 de febrero (ZonaFranca/SinEmbargo).- La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Guanajuato, a través de la Dirección de Auditoría Fiscal, inició un procedimiento de auditoría a la empresa Fábrica de Contenidos, S. A. de C. V., propietaria de Zona Franca, denunció hoy el medio digital.
De acuerdo con la normatividad, estas auditorías deberían ser realizadas de forma aleatoria para verificar el cumplimiento fiscal de las empresas. En el caso de Zona Franca, la intervención de la instancia estatal tiene un antecedente cronológico: la publicación de una serie de reportajes a partir del 8 de diciembre de 2017, sobre la presunción de irregularidades cometidas por la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado, al contratar una empresa señalada por el SAT como sospechosa de “actividades inexistentes”; además de estar catalogada por el comité de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción como un potencial empresa “fantasma”.
Se trata de F. B. M. Comercializadora, empresa con un complicado historial de sustituciones de accionistas, muchos de ellos con domicilios falsos o inexistentes, que ha cobrado al gobierno aproximadamente 5.5 millones de pesos por intermediar la producción y contratación de publicidad en los diarios de la Organización Editorial Mexicana en Guanajuato, los cuales además tienen sus propios convenios directos con Comunicación Social del estado.
La auditoría del gobierno del estado se produce después de que se ha suspendido la compra de publicidad estatal al portal Zona Franca y de que se han detectado llamadas a otros clientes de Fábrica de Contenidos para pedirles que dejen de anunciarse.
Previo a la publicación del primer reportaje sobre la presunta empresa fantasma, en diciembre pasado, el vocero del gobierno fue buscado para conocer su versión de los contratos firmados por él con F. B. M.
En los chats cruzados para incorporar la información enviada por Enrique Avilés, el funcionario intentó dos veces introducir el tema del contrato de publicidad de 2018 de Zona Franca.
El viernes 8 de diciembre a las 18:07 planteó: “Vamos a definir 2018!”; el sábado 9 de diciembre insistió en un chat a las 14:26: “Avísame que día nos juntamos para ver 2018. / Tiene que ser la próxima semana”.
“Era evidente el intento de introducir el tema publicitario, cuando lo que se estaba abordando era un asunto editorial y se le buscaba para una entrevista específicamente sobre el tema”, expresó Zona.
ADEMÁS
Publicado el reportaje, Enrique Avilés ofreció aclarar todo, como lo dijo en la entrevista que sostuvo con la periodista Carmen Aristegui, asegurando que había toda la disposición para dar a conocer los servicios prestados, factura a factura y los documentos que probaban la prestación de los servicios contratados a F. B. M.
Sin embargo, eso se diluyó en los días posteriores. La documentación nunca fue entregada pretextando diversas justificaciones: la protección de datos personales, una auditoría en marcha que complicaba la operatividad de la dependencia. Se pidió hacer la solicitud por acceso a la información y unas semanas después, a fines de enero de 2018, se decretó oficialmente la reserva de la información.
“De parte de Zona Franca no tenemos problema alguno con que se revisen las operaciones de la empresa. En el caso de encontrarse algún incumplimiento, cubriremos las medidas que disponga la autoridad”, señaló el medio este día.
Aseguró que “nos preocupa, sin embargo, que atrás de esta fiscalización no se encuentre un ejercicio normal de las atribuciones del estado, sino una intención facciosa que busque intimidar y afectar el libre ejercicio del periodismo que practica Zona Franca”.
ARTÍCULO 19 EMITE ALERTA
La organización Artículo 19 emitió una alerta por el hostigamiento de parte del Gobierno estatal de Guanajuato al que es sujeto el portal de noticias Zona Franca.
Artículo 19 entrevistó al editor responsable del diario, Arnoldo Cuéllar, quien aseguró que el problema no radica en que se realicen las auditorias sino en que éstas sean utilizadas como un recurso para intimidar y limitar el ejercicio periodístico del portal.
“Nosotros no tenemos problema con la realización de auditorías, lo que nos provoca problemas es que esta se utilice como un recurso para intimidar y limitar el ejercicio de Zona Franca.Así como se investiga a este medio, también se debe investigar a empresas que realmente tienen actividades sospechosas como F.B.M. Comercializadora, la cual hemos podido documentar que ha cobrado 5.5 millones de pesos del gobierno estatal con un historial de accionistas con domicilios falsos o inexistentes. Aunque en el discurso público Avilés ha declarado voluntad para transparentar la información sobre la relación con F.B.M., en los hechos se ha observado un esfuerzo desde la Coordinación de Comunicación por mantener en la opacidad la información sobre los servicios prestados por dicha empresa a través de la reserva de la información relativa al caso”.
La organización dijo que ver con preocupación la utilización de instrumentos fiscales como una “táctica de presión hacia la prensa con el fin de inhibir o limitar su labor”.
Artículo 19 exige al Gobierno de Guanajuato y su coordinación de comunicación social dejar de obstaculizar el libre flujo de información a través del “uso desviado del poder público”.
Asimismo, hicieron un llamado la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato para que conozca el caso y actúe en mediada de sus facultades; y al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) para ponerse en contacto con Zona Franca para evitar futuras represalias.
