En plena campaña electoral, Otto Pérez Molina se comprometió a gobernar su país con puño de hierro. El general retirado dijo que iba a enviar tropas a las calles para luchar contra la violencia del narcotráfico. Los analistas resumieron su plataforma política con dos palabras: ley y orden.
Ahora, apenas dos meses después de asumir el cargo , el presidente de Guatemala, de 61 años de edad, está impulsando una propuesta controvertida que ha sido criticada por funcionarios de Estados Unidos y obtuvo el aplauso de la gente que alguna vez fueron sus críticos.
Durante un discurso de rutina el mes pasado, Pérez Molina se deslizó en un sorpresivo anuncio. El candidato de la ley y el orden, dijo que quería legalizar las drogas.
Pérez Molina dijo que seguiría los pasos del presidente mexicano Felipe Calderón y que sacaría las fuerzas armadas a las calles, pero desistió.
“Lo que he hecho es poner el tema sobre la mesa”, dijo Pérez Molina a CNN. “Creo que es importante para nosotros tener otras alternativas. Tenemos que hablar acerca de la despenalización de la producción, el tránsito y, por supuesto, el consumo”.
“Todo el mundo estaba esperando que copiara la estrategia de Felipe Calderón, e involucrar a los militares en la lucha contra los cárteles”, dijo también a CNN Martín Rodríguez Pellecer, director de la Plaza Pública, un medio de periodismo de investigación y análisis en Guatemala. “Luego se hizo el anuncio sorpresa, sin que ni siquiera se enterara su ministro de relaciones exteriores”.
¿HAY UNA ESTRATEGIA MEJOR?
El secretario adjunto del Departamento de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, William Brownfield, efectuará hoy una visita a Guatemala en medio de desacuerdos con el gobierno de Guatemala sobre la forma de combatir el narcotráfico.
El funcionario estadunidense se reunirá durante su visita de trabajo de un día con autoridades guatemaltecas y representantes de la sociedad, con quienes tratará temas de seguridad y de la lucha contra las drogas.
Brownfield, quien fue embajador en Colombia del 2007 al 2010, cumplirá sus actividades oficiales de un día en Guatemala, tras realizar una visita el lunes a Honduras.
En Honduras, el enviado del gobierno de Washington habría desestimado la iniciativa de despenalización de las drogas, propuesta en la que ha insistido el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina.
“Si la idea (de despenalizar las drogas) no es la adecuada para él (Browunfield), entonces que nos plantee cual es la más apropiada y la que todos estemos dispuestos a hacerla”, dijo a periodistas Pérez Molina.
Aclaró que “no estamos cerrados, estamos abiertos a analizar propuestas. Creemos que es necesario replantear la forma como se ha estado llevando a cabo la estrategia de lucha contra el narcotráfico”.
El presidente Pérez Molina, general retirado que asumió el pasado 14 de enero, convocó el sábado anterior a una reunión de gobernantes de Centroamérica para analizar alternativas en el combate contra al crimen organizado.
RECHAZO REGIONAL
A la cita denominada “Nuevas Rutas Contra el Narcotráfico” acudieron los presidentes de Costa Rica, Laura Chinchilla, y Panamá, Ricardo Martinelli, pese a que el jueves la cancillería de Guatemala informó que los seis presidentes del área confirmaron su asistencia.
La ausencia de los presidentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua fue interpretada por analistas locales como un fracaso para el régimen guatemalteco, a la vez que evidenció el rechazo de los gobiernos del área a la despenalización de las drogas, en la misma línea que Estados Unidos.
En la reunión del sábado realizada en la ciudad turística de Antigua Guatemala (45 kilómetros al oeste de la capital), el presidente Pérez Molina detalló cuatro estrategias para luchar contra el narcotráfico en la región.
Las cuatro acciones –dadas a conocer en la reunión “Nuevas Rutas Contra el Narcotráfico”- son compensación económica por la incautación y destrucción de droga, y creación de una corte penal con jurisdicción regional para asuntos de narcotráfico.
Además de propiciar la despenalización de las drogas, así como fijar un marco legal que regule la producción, tránsito y consumo de estupefacientes.
