Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).– Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM) presentaron una iniciativa por la que se crearía la Ley de Propaganda Institucional, una demanda ciudadana pendiente desde 2007 y que pugna por erradicar la práctica de servidores públicos –de todos los colores partidistas– que promocionan su imagen y logros con dinero público.

Sin embargo, para especialistas de la organización internacional Artículo 19 ese planteamiento no ofrece detalles sobre la regulación de publicidad oficial y la libertad de expresión, ni tampoco habla de sanciones para servidores públicos y legisladores que abusan del dinero público para su autopromoción, como es el caso del propio Presidente Emrique Peña Nieto o del Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, aliado del PRI.

En el marco de la presentación de las reformas a leyes secundarias en materia político-electoral, el PRI envió su propia versión para intentar poner fin a las campañas de “autoelogio”, así como la complicidad entre gobiernos o candidatos con los medios de comunicación, para promover su imagen a expensas del erario.

“Una asignatura pendiente para México es la regulación de la propaganda gubernamental, que ha servido de instrumento a muchos funcionarios faltos de ética para posicionarse por ambiciones individuales, para ejercer presión sobre medios de comunicación o, incluso, para incidir sin el menor reparo en los procesos democráticos del país”, destacó la senadora Cristina Díaz Salazar al presentar la iniciativa en tribuna.

Destacó que hace dos años, el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto se comprometió a transparentar la relación entre el poder político y los medios de comunicación. Sin embargo, la priista omitió mencionar el gasto que el actual Presidente de la República realiza para promocionar su imagen en los medios de comunicación.

Tampoco mencionó que el Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, surgido del PVEM pero aliado del PRI, protagonizó uno de los más recientes escándalos de promoción personal con dinero público, al gastar aproximadamente 10 millones de dólares para promover su primer informe de actividades, en medios de comunicación del Distrito Federal y otros estados del centro de la República.

En México son cotidianas las campañas de “autoelogio” que realizan funcionarios y dependencias gubernamentales con dinero público, disfrazadas de gasto en propaganda gubernamental; es decir, la promoción de los programas y acciones de gobierno en beneficio de la ciudadanía.

“Se están utilizando recursos millonarios en este rubro presupuestario [propaganda gubernamental] que no está regulado y que se están ejerciendo en total opacidad; no hay criterios objetivos, no hay criterios transparentes para la asignación de publicidad oficial. Y la distribución de la pauta [los mensajes que se entregan a los medios de comunicación] es totalmente arbitraria, tanto a nivel federal, como a nivel local”, detalló Ana Cristina Ruelas, Oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19, México en entrevista con SinEmbargo.

Los gastos en propaganda gubernamental de los tres Poderes de la Unión han aumentado en últimos años, pasando de mil 013 millones de pesos en 2002, a 5 mil 927 millones en 2011, según un estudio sobre la calidad de la regulación electoral en México, 2000- 2012, publicado por el Centro de Estudios Espinoza Yglesias e Integralia, SC.

Durante el primer semestre de 2013, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto gastó más de 698 millones de pesos en publicidad oficial, según datos de las organizaciones Fundar y Artículo 19, entre otras.

En otras palabras, se gastó aproximadamente 186 millones de pesos sólo para promover las reformas Educativa y Energética durante el año pasado. Este monto es equivalente a más de 25 por ciento del gasto en publicidad oficial.

LA INICIATIVA

A pesar de que la regulación a la propaganda gubernamental es una añeja demanda ciudadana y fue un compromiso de campaña del Presidente Peña, las propuestas para combatir la “spotización” de las actividades gubernamentales, no han caminado en el Senado de la República en lo que va de la administración peñista.

En septiembre de 2012, los senadores Javier Corral Jurado, Marcela Torres Peimbert, Víctor Hermosillo y Ernesto Ruffo Appel presentaron una iniciativa para regular la contratación de la publicidad de los tres niveles de gobierno.

La iniciativa de los panistas prohíbe el uso de la comunicación gubernamental para “presionar, castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores sociales o a los medio de comunicación en función de sus líneas informativas”.

En noviembre del mismo año, el Senador Armando Ríos Piter, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa para expedir la Ley de Propaganda Gubernamental, con el objetivo de regular el gasto en medios de comunicación, impedir la promoción personalizada de los funcionarios, evitar el desvío de recursos públicos y preservar la equidad en las contiendas electorales.

Este miércoles, el PRI presentó su propia iniciativa con el apoyo del PVEM. Plantea que la propaganda gubernamental deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social.

Determina que la difusión de la propaganda deberá cumplir con los criterios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”, además de respetar los límites y condiciones que se establezcan en el presupuesto de egresos anual. También establece que se evitará influir en los procesos electorales locales.

Prohíbe la contratación de medios de comunicación para la difusión de propaganda institucional presentada como información periodística o noticiosa.

Establece que ningún medio podrá ser discriminado en su contratación para la difusión de propaganda institucional, por razón de su línea editorial.

Propone la creación del Comité de Revisión de la Propaganda Institucional del Instituto Nacional Electoral (INE), que estará integrado por tres consejeros electorales designados por el Consejo General del Instituto, cargo que ocuparán durante tres años.

Para favorecer al combate a la impunidad, faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), o sus equivalentes en las entidades federativas, para llevar a cabo la revisión y fiscalización de los recursos públicos en materia de propaganda institucional.

LA PROPUESTA IDEAL

Ana Cristina Ruelas, Oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19, México, explicó que una ley de propaganda gubernamental ideal debería incluir los principios de regulación de publicidad oficial y libertad de expresión de la relatoría especial de la Comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Debería contener una definición específica de publicidad gubernamental; es decir, qué tipo de información puede ser difundida en los medios de comunicación, criterios objetivos de distribución de la pauta, en otras palabras que no privilegie a los medios que tiene mayor tráfico o presencia nacional sobre medios locales o medios que llegan a públicos específicos, por ejemplo las radios comunitarias o indígenas.

Debe garantizar cada peso que se emplea para publicitar los actos de gobierno y los programas públicos.

Tiene que establecer un padrón específico de proveedores, destacó.

“En este caso yo quisiera comentarte que en el caso de Yucatán, en el año anterior encontramos [que otorgaba mucha publicidad a] medios fantasma, medios que no tienen una razón social, nadie sabe quiénes son en el estado. Entonces, no contar con una lista por lo menos que te permita reconocer que estos medios están acreditados, que tienen una audiencia fija, etcétera, hará más difícil acreditar cómo se están asignando los recursos, detalló Ana Cristina Ruelas.

Otro punto que debería contener es un tope de gasto, el cual tiene que ser específico y congruente con el Producto Interno Bruto de la entidad. Tampoco debería sobrepasar el tope de los ingresos medios del propio agente económico.

“Una de las grandes cosas que nos encontramos al momento de hacer el trabajo de campo dentro de las entidades federativas es que muchos de los medios dependían de los recursos públicos de las entidades federativas a través de la publicidad oficial. Es decir, más de 60 por ciento de los ingresos del medio dependían de la publicidad oficial, y esto hace que te alinees a lo que el gobierno quiere que digas”, afirmó la especialista de Artículo 19.

Tiene que existir un órgano interno o externo que regule o controle el gasto oficial. Asimismo, detalló una ley ideal que debe contener sanciones por el uso descontrolado o indiscriminado de la publicidad oficial.

“Necesita haber sanciones específicas para los funcionarios públicos que utilicen la publicidad como propaganda o plataforma política; que asignen más de los topes de gasto a publicidad oficial; que ejerzan un control arbitrario del uso de publicidad oficial”, recalcó la Oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19, en su Capítulo México.

LOS ESCÁNDALOS

Estas campañas de “spotización” disfrazadas de propaganda gubernamental no son exclusivas de un solo partido político o entidad federativa.

El Gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, presuntamente gastó 10 millones de dólares, aproximadamente 130 millones de pesos, para promover su primer informe de gobierno (19 de diciembre de 2013), en una campaña mediática el Distrito Federal, a casi 900 kilómetros de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y alcanzó los estados de Nuevo León, Puebla, Veracruz, Estado de México y Sinaloa.

Desplegó su propaganda en revistas de gran circulación que poco tiene que ver con el ámbito político como Tv Notas y Quién; se promocionó en televisión en la sección de espectáculos y noticias, tanto de Televisa como de Tv Azteca; así como en anuncios en periódicos circulación nacional como El Universal, Reforma o La Jornada; en el transporte público de la Ciudad de México: paradas de camiones, espectaculares, incluso salas de cine; todo esto, sin hablar de la promoción en redes sociales.

Ante esta situación, el PAN presentó ante el Instituto Federal Electoral (IFE) una queja para denunciar las diversas irregularidades detectadas con motivo de la difusión del Primer Informe del Gobernador Manuel Velasco.

“Pero lo más obsceno es que el Gobernador haya gastado más de diez millones de dólares en algo tan banal en un estado, que según información del Coneval es el más pobre país y que requiere de tantos recursos como sean necesarios para abatir la pobreza, la pobreza extrema y en donde la población tiene en promedio 6.7 años de educación por habitante”, aseveró en enero de este año, la Senadora Marcela Torres Peimbert.

Por otra parte, el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, según cifras oficiales, el año pasado el mandatario de origen panista gastó 124 millones de pesos para promover su imagen.

La organización Fundar Centro de Análisis e Investigación, calculó que para promover su tercer informe de gobierno (15 de enero de 2014), Moreno Valle gastó 42 millones de pesos en los 10 días a los que tiene derecho a difundir imágenes con su rostro para promover el informe.

De acuerdo con datos de Fundar, el gobierno de Moreno Valle gastó 194 millones 373 mil 608 pesos durante su primer año. Su llegada significó un aumento de recursos destinados a la compra de espacios en televisión. Mientras en 2010 sólo era de 17 por ciento del presupuesto de comunicación social, en 2011 ascendió a 67 por ciento.

El pasado el 7 de enero, Moreno Valle fue denunciado ante el IFE por José Antonio Hernández Fraguas, representante del PRI ante el Instituto, con el argumento de que la promoción personalizada en espectaculares y parabuses no tenía justificación legal.

El representante priista criticó la promoción hecha por Moreno Valle con recursos públicos, desde que era candidato a la gubernatura e incluyó en el mismo boleto al Alcalde de Puebla, el también panista Toni Gali Fayad.

“Ha realizado un gasto excesivo de publicidad y ha utilizado los recursos gubernamentales para impulsar su imagen con miras a las elecciones presidenciales de 2018”, detalló entonces José Antonio Hernández Fraguas.